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Arranca el juicio a 133 controladores por el caos aéreo de 2010

Este macrojuicio comenzará el próximo miércoles, día 15, en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Foto: EP
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Hoy comienza en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid el macrojuicio contra 133 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010, durante el puente de la Constitución.

El caso será juzgado por la magistrada Margarita Valcarce de Pedro.

El juicio se desarrollará los días 15, 16, 20, 22, 23, 27 y 29 de enero; 3, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24 y 26 de febrero; y los días 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16 y 18 de marzo, cuando quedará visto para sentencia.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita multas de entre 60.000 y 75.000 euros para ellos por un delito de abandono de servicio público.

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También reclama el pago de una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por el/los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación “en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad”.

De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público AENA.

Según ha podido saber Confilegal, de los 133 controlares acusados, 119 han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.

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Este acuerdo no varía la calificación jurídica de los hechos, pero contempla una reducción de las multas a imponer a esos 119 por la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño ante el pago de 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular, que ejerce el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a 12.500 afectados, respalda este acuerdo.

La Fiscalía reclamaba en un principio las multas de 75.000 euros para siete controladores aéreos que formaban parte de la junta directiva de USCA -sindicato mayoritario de controladores aéreos- o eran miembros de su comité ejecutivo.

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Con seis de ellos, ha alcanzado un acuerdo de conformidad. Con el que fuera portavoz de USCA, César Cabo, no.

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En el caso de estos seis representantes sindicales se ha pactado una multa de 31.500 euros (150 euros diarios a razón de siete meses) y suspensión de empleo durante cinco meses.

El acuerdo de los controladores quedaría en una multa de 21.000 euros (100 euros a razón también de siete meses) y suspensión de empleo también durante cinco meses.

La Fiscalía destaca en su escrito de acusación la condición de funcionarios públicos de los acusados y el “esencial” servicio público que prestan para la comunidad “como es el transporte aéreo”.

Ese acuerdo tiene ahora que ratificarse ante la juez.

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Recuerda  que “a consecuencia del abandono colectivo” de los acusados en sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en Madrid que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos programados para el 4 de diciembre.

Destaca que “dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”.

También apunta que los vuelos que se vieron afectados fueron no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el centro de control de tráfico aéreo de Madrid.

Según relata la Fiscalía, entre las cinco y las cinco y cuarto del 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, “en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal”, presentó ante el responsable de la sala un documento “escrito de su puño y letra” en el que cada uno “a su manera” alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.

Señala que en la práctica, la dirección de AENA estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador.

El Ministerio Público explica que el hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la dirección regional centro-norte de AENA a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados.

Dice que la mayoría de estos controladores estaban reunidos en una asamblea convocada por la dirección de USCA.

La Fiscalía expone que el 4 de diciembre ocurrió algo parecido, y que de los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores “con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal” alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.

A juicio del representante del Ministerio Público, este tipo de acciones se hicieron teniendo los acusados constancia de la situación “límite” en que ponían a AENA “y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno”.

Además, hace hincapié en que la junta directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con AENA para el segundo Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga” y contando con la colaboración esencial de los Delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que la Fiscalía reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que formaban parte de la junta directiva de USCA o  eran miembros de su comité ejecutivo y al resto les pida 60.000 euros.