La Fundación Pablo Iglesias irá hoy a juicio por despedir a varios trabajadores de la sede del Archivo de Alcalá de Henares aplicando al despido de la reforma laboral que implantó el Gobierno central en la etapa presidida por Mariano Rajoy.
El juicio se celebrará hoy en un Juzgado de lo Laboral, según fuentes jurídicas.
En el relato de los hechos de los denunciantes se narra que fueron convocados el pasado 29 de noviembre por la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, los trabajadores del Archivo y Biblioteca con sede en Alcalá de Henares.
Las salidas comenzaron con el director Emérito del Archivo, Aurelio Martín al que le comunicaron su cese inmediato.
A continuación Agustín Garrigós, que tras el ERE de 2012, se quedó para seguir colaborando como voluntario en el Archivo, también le comunicaron el fin de su colaboración con la Fundación. Seguido por José María Balsera, al que comunicaban su despido por causas objetivas.
«A dicho trabajador previamente en noviembre de 2018, le habían trasladado al Archivo, posteriormente en junio de 2019, le quitaban todas las funciones como responsable de informática, gestión de las redes sociales de la Fundación y gestión de la página web, con la consiguiente rebaja de sueldo, quedando como Técnico de Archivo y Documentación«, relatan.
Este trabajador entró a trabajar en 1983 con 16 años y desde entonces, «no ha dejado de formarse en todo momento con cursos de informática, protección de datos, riesgos laborales, nóminas, contabilidad, etc.».
«Y sin embargo en la carta de despido se le indica que se están buscando otros perfiles de trabajador. Gran contradicción», critican.
Y añaden que, según la presidenta, «la causa del despido es la falta de financiación, o mejor dicho la ausencia de ingresos, pues a día de hoy la única financiación la obtiene del PSOE».
Por último Nieves Yagüe, secretaria en el Archivo, era informada de su traslado a la sede en Madrid.
Readmisión
En la primera semana de diciembre de 2019, el Comité de empresa se reunía con Corredor para que contemplara la readmisión tanto de los compañeros que colaboraban con el Archivo en calidad de voluntarios, así como sobre el despido y el traslado de la compañera a Madrid, «negándose en redondo y dejando muy claro que no había vuelta atrás».
«Todo ello supone, precarizar y desmantelar el Archivo de la Fundación lugar asiduo y reconocido por multitud de investigadores e historiadores», sostiene el colectivo.
El Archivo de la Fundación y su labor son esenciales para poder estudiar la historia reciente de España y desprenderse de compañeros «con esa valía y experiencia no es lógico».
Por último, aseguran los denunciantes que la Fundación del fundador del PSOE, «no se puede permitir manchar su buen nombre, tratando a sus trabajadores y colaboradores de una forma tan ruin y despreciativa, aplicando al despido la reforma laboral de Rajoy, que supuestamente se pretende derogar».
