Apenas seis horas después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, expresara públicamente que su prioridad en estos momentos es renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 –13 meses–, y los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el órgano de gobierno de los jueces ha puesto el freno de mano y ha tomado la decisión de paralizar los nuevos nombramientos previstos.
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces tomó esta decisión ayer por la tarde, después del agrio debate interno sobre si Dolores Delgado cumplía con los requisitos para ser la nueva fiscal general del Estado, que se saldó con 12 síes y 7 noes.
El CGPJ, en un comunicado, explica que la decisión se ha tomado «en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las dos cámaras, después de las últimas elecciones generales, y formado gobierno».
En la actualidad, estaban por cubrirse cinco plazas convocadas, tres de magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, más la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Presidencia de la Audiencia Provincial de Orense.
«Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia», avisa el CGPJ.
El órgano de gobierno de los jueces recuerda que, a pesar de estar en funciones, mantiene todas las atribuciones menos una: la elección de un nuevo presidente.
El pasado mes de octubre, los vocales Enrique Lucas, Victoria Cinto y Roser Bach pusieron en tela de juicio que el CGPJ siguiera haciendo nombramientos.
