El Partido Popular y Ciudadanos han coincidido en calificar la intención de modificar las penas por los delitos de rebelión y sedición, del Código Penal, con las mismas dos palabras: indulto oculto. Vox ha optado por otra descripción: pago de facturas a los golpistas de ERC a cambio de su apoyo, mediante la abstención, a la investidura del presidente Pedro Sánchez.
“Rebajar las penas por el delito de sedición en el Código Penal aprovechando la mayoría absoluta que tiene con los independentistas, es lo mismo que indultar por la puerta de atrás a Junqueras y a los reos. Es un indulto oculto”, ha declarado Javier Maroto, portavoz del Grupo Popular en el Senado.
Inés Arrimadas, portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha dicho que «lo que quieren es un indulto oculto a través de esa medida para Junqueras y sus socios«. Y ha añadido, «porque también podría afectar a los que ya han sido condenados».
Macarena Olona, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, ha afirmado que el Gobierno “está intentado arbitrar toda una serie de excusas injustificadas a la hora de poder contentar a sus socios golpistas”, como cuando dice, explicó la dirigente de Vox, que Europa ha mandado «mensajes» que piden que el Código Penal español hay que «acompasarlo» a los comportamientos sociales actuales.
Para Olona su intención de reformar ambos artículos del Código Penal no es más que un pago por «las facturas» a los «golpistas» de ERC a cambio de su abstención en la investidura.
De esta forma respondió la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox cuando se le preguntó por los argumentos que antes había expuesto la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a favor de la modificación del delito de sedición, por el que fueron condenados los impulsores del proceso independentista catalán.
De acuerdo con Calvo, es necesario revisar los delitos de rebelión y sedición porque «no están a la altura del derecho comparado en Europa» como han demostrado las distintas decisiones judiciales fuera de nuestro país que no han ido en línea de lo que pedía la justicia española en relación con el ‘procés’.
La modificación a la baja de las penas de sedición –prisión de ocho a diez años, o de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad– y rebelión –prisión de quince a 30 años– conllevaría la aplicación del principio básico del derecho penal que implica que cuando hay una colisión entre dos normas penales cuya vigencia penal es diferente, pudiéndose aplicar cualquiera de ellas al reo, debe aplicarse la más favorable a éste.
Sin embargo, esto no se aplicaría a las responsabilidades civiles derivadas del hecho delictivo por el que la persona hubiera sido condenada.
Junqueras fue condenado, además de por sedición, por malversación de fondos públicos a 13 años de cárcel y de inhabilitación para cargo público.
Le corresponde ahora al Tribunal de Cuentas determinar cuánto fue la cuantía malversada por dirigente de ERC y lo que le corresponde devolver.
