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Campo: ‘Las figuras penales de la sedición y la rebelión son propias del siglo XIX, cuando se atacaba con tanques’

El ministro de Justicia señala que hay que reformar "sin asustarse" el Código PenalEl ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el jurista Antonio Garrigues Walker, a su llegada a la inauguración del V Encuentro Cumplen. Foto: EP
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado en servicios especiales, ha señalado hoy que hay que reformar “sin asustarse” el Código Penal. En concreto, se ha referido a las figuras penales de la sedición y la rebelión y ha afirmado que “son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX” cuando se pensaba en ataques “con tanques en la calle”.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el V Encuentro Cumplen, organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, que se celebra hoy y mañana en el Casino de Madrid, y en el que cerca de cuarenta ponentes de reconocida trayectoria profesional debatirán sobre el presente y futuro del Compliance.

Campo ha citado expresamente “el problema catalán” y ha subrayado la necesidad de “repasar” esos tipos penales porque hoy la soberanía del país es atacada “de otras maneras” y esto hace necesario “un detalle” del Código Penal que dé una respuesta proporcional a esas actuaciones.

Ha indicado que cualquier reforma del Código Penal “responde a la necesidad de acompasar tipos penales con realidades sociales”.

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El ministro de Justicia ha opinado que si bien algunos piensan que la norma penal de 1995 lleva ya demasiadas reformas encima, a él lo que le preocupa realmente son “los vacíos, las lagunas y las impunidades”.

Por este motivo, ha indicado que mientras no se pierda la esencia de “la Constitución en negativo”, se debe seguir reformando el Código Penal para que el Estado se dote de un mejor sistema.

“Es necesario atender y no asustarse por las reformas del Código Penal en todos los ámbitos”, ha continuado Campos.

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Ha señalado, por ejemplo, la necesidad de adecuar tipos penales en el contexto de la libertad sexual después de que se hayan dado sentencias “que han abierto en canal a la sociedad”.

Para Campo, las nuevas realidades deben determinar cambios en el ámbito jurídico y penal, por lo que el legislador debe estar atento a esas demandas sociales y no asustarse a la hora de abordar nuevas realidades.

Ha añadido que el debate se abrirá en el sitio “idóneo”: El Congreso de los Diputados.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes que impulsará una revisión de los delitos de rebelión y de sedición. “Para que se ajusten mejor a la realidad actual”, según explicó al día siguiente la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, 

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Según recoge el artículo 544 del Código Penal, “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

El artículo 545.1 establece las penas: «Serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».

«Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años”, precisa el artículo 545.2.

Montero no aclaró si los socialistas son partidarios de suavizar el delito de sedición, pese a que los periodistas le preguntaron de forma reiterada.

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Fuentes del Gobierno no han descartado que finalmente se pudiera endurecer el delito de rebelión (artículo 472 del Código Penal), pero suavizar el de sedición, según ha publicado Europa Press.

La reforma se aplicaría a las personas que estuvieran condenadas por esos delitos, por lo que si se suaviza el delito de sedición, la condena del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del resto de condenados por sedición por el ‘procés’ debería ajustarse de modo inmediato a los nuevos tipos penales, lo que obligaría a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a aplicar un descuento de los años de condena a los líderes independentistas catalanes.

El Código Penal es ley orgánica y requiere para su reforma una mayoría absoluta de apoyos (al menos 176 diputados) en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

LA OPOSICIÓN LO CALIFICA DE ‘INDULTO OCULTO’

El PP ha señalado que la reforma del Código Penal que quiere hacer el Ejecutivo para revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición busca “aministiar” a los líderes independentistas.

“Junqueras pidió medidas de gracia a través de la prensa recientemente en una entrevista si Sánchez quiere presupuestos y Sánchez se ha puesto manos a la obra”, manifestó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el pasado martes en una rueda de prensa en la sede del PP.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, también expresó el martes su temor a que la modificación del delito de sedición apuntada por Sánchez se convierta en un “indulto por la puerta de atrás” para los líderes independentistas condenados por el ‘procés’.

“Si es capaz de instar los cambios necesarios para bajar esas condenas estaríamos ante un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios”, ha indicado Arrimadas.

Para VOX, esta iniciativa es un pago de “facturas” a los “golpistas” de ERC a cambio de su abstención en la investidura. 

Así lo manifestó ayer la secretaria general del grupo parlamentario de VOX en el Congreso, Macarena Olona, preguntada por los argumentos expuestos por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en favor de la modificación del delito por el que fueron condenados los impulsores del proceso independentista catalán.

Calvo ha defendido la necesidad de revisar los delitos de rebelión y secesión incidiendo en que estos tipos penales “no están a la altura del derecho comparado en Europa” como han demostrado las distintas decisiones judiciales fuera de nuestro país que no han ido en línea de lo que pedía la justicia española en relación con el ‘procés’.

Olona acusa al Gobierno de recurrir a las “más variopintas excusas” para dar a sus “socios golpistas las exigencias que están poniendo sobre la mesa de negociación”.

“Se trata de una absoluta rendición de las instituciones públicas al servicio de los intereses espurios y partidistas del Ejecutivo ilegítimo de Sánchez”, ha abundado.

Hoy también se ha pronunciado al respecto el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López. Afirma que el Gobierno quiere con la reforma del Código Penal que revisará el delito de sedición “blanquear el suceso más grave, junto al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se ha producido en democracia”.

“Su objetivo es rebajar la pena para aplicarlo de forma retroactiva a los condenados por uno de los sucesos más graves ocurridos en Democracia como fue el golpe de Estado en Cataluña hace dos años”, ha subrayado López, que también es magistrado en servicios especiales, durante una visita a los Juzgados de Plaza de Castilla.

Ha considerado “absolutamente inadmisible en términos democráticos” la reforma que plantea Sánchez, criticando “esa llamada a una cierta adecuación de temas penales con Europa” a la que ha aludido el Gobierno y que, a su juicio, manifiesta “un desconocimiento de cómo se regulan las acciones legales” en el ámbito comunitario.