La Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión y 19 años de inhabilitación para el expresidente madrileño Ignacio González por fraude a la administración en concurso medial con malversación de caudales públicos, por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II.
El Ministerio Público ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Lezo’, la apertura de juicio oral a González y otros 6 acusados por esta pieza separada de la causa, que estalló en abril de 2017 y supuso la detención de González.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, fechado a 19 de diciembre y difundido hoy, el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre 2012 y 2014 y estuvo «plagada de ilicitudes», ya que supuso «una salida indebida de fondos públicos» de la administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al «sobreprecio pagado en su adquisión».
La Fiscalía afirma que todo se debió al «plan ideado» por González, el que fuera su ‘mano derecha’ y expresidente de Inassa (sociedad con la que se realizaba la política de expansión internacional del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino; el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro -vinculado a la mercantil Essentium-; el exgerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, por el que se habrían repartido 5,4 millones de dólares (más de 4,8 millones de euros) en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio.
Indica que para ello, habrían contado con la «colaboración esencial» del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien incrementó el precio de venta para «facilitar el reparto de los fondos públicos».
La Fiscalía también acusa a la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond al entender que «conocía todas las circunstancias» en las que se llevó la operación de compra y que las «ocultó deliberadamente» a los demás miembros del Consejo de Administración «a fin de conserguir que estos votaran favorablemente, como así hicieron».
LAS PENAS QUE PIDE PARA LOS OTROS 6 ACUSADOS
También por fraude a la administración en concurso medial con malversación de caudales públicos reclama 7 años de prisión y 16 de inhabilitación para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, mientras que para el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, y para el expropietario de Emissao Sebastiao Cristovam pide 6 años y 6 meses de prisión y 15 de inhabilitación para cada uno.
También acusa de fraude a la administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada al exgerente de la empresa Triple A Ramón Navarro y al exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias, y reclama para cada uno dos años de cárcel y cinco de inhabilitación.
A la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond la acusa de malversación de caudales públicos y pide cinco años de prisión y 12 de inhabilitación.
La Fiscalía señala que en el caso de Edmundo Rodríguez, Sebastiao Cristovam, Diego Fernando García y Ramón Navarro concurre la atenuante de reparación del daño causado, y que respecto a los dos últimos también la atenuante analógica de confesión.
Además, el Ministerio Público reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Canal de Isabel II con 2.006.717 euros.
Explica que el sobreprecio pagado por la adquisición de Emissao ‒sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas‒ ascendió al menos a 9.239.845 dólares, de los cuales han sido devueltos 6.539.004.
El pasado noviembre, el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la AN, propuso juzgar a estos 7 acusados.
PLAN PARA GARANTIZAR LAS COMISIONES
Según relata el Ministerio Público, Luis Vicente Moro, entre octubre y noviembre de 2012, propuso a Ignacio González, «con quien mantenía una estrecha relación personal», hacer «lo necesario» para que el Canal Isabel II adquiriera la empresa brasileña conjuntamente con Essentium, «pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales».
Indica que esta idea fue aceptada por el expresidente madrileño «en consciente perjuicio» de la Administración y, aún así, contactó «con su íntimo amigo», Edmundo Rodríguez Sobrino para encomendarle la gestión de la operación y el encargo de que «garantizara en todo caso el cobro de comisiones por parte de los tres acusados y de las personas que necesitara incluir en el plan».
El fiscal subraya también que González fue quien supervisó y vigiló el desarrollo de toda la operación y quien fijó las cuantías de las comisiones, «siendo la suya el doble que las de los demás» y que para ello «mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».
Según la Fiscalía, el reparto se hizo así: para Ignacio González 1,6 millones de euros, mientras que Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro se llevaron 813.400 euros cada uno.
En cuanto a Richmond, no consta en la investigación que llegara a percibir comisión alguna por la operación.
ADVERTENCIAS DE DEFICIENCIAS
La Fiscalía constata que los acusados recibieron diversa documentación que advertía de las dificultades de inversión de Inassa en Emissao, debido a «las graves deficiencias existentes en la información financiera y contable suministrada por el vendedor, su sobrevaloración y el sobreprecio que se disponían a pagar, 30 millones de dólares por adquirir un 80% de esa sociedad» y que fueron «obviadas deliberadamente».
Relata que el contrato de compraventa de Emissao se firmó en noviembre de 2013 por un precio de 29,5 millones de dólares (más de 26,6 millones de euros), que recibió Cristovam en enero de 2014 en tres transferencias ordenadas por Richmond, y que acto seguido, el propietario de Inassa transfirió el importe de las comisiones ilegales (5,4 millones de dólares) desde su cuenta de Suiza a distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los otros investigados y sus sociedades interpuestas.
Es la segunda pieza de la causa que se manda a juicio.
En mayo de 2019, el magistrado instructor de Lezo, Manuel García Castellón, archivó la investigación a Ignacio González y el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del ‘caso Lezo’ sobre la compra de Inassa a cargo del Canal de Isabel II en 2001, e imputó a 22 personas.
