Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Foto: EP
Caso Lezo: El juez sienta en el banquillo a Ignacio González y a López Madrid por las obras del tren de Navalcarnero
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el expresidente madrileño, y 6 años y medio para el empresario
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08/6/2021 17:31
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Actualizado: 08/6/2021 17:31
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) instructor del ‘caso Lezo’ sienta en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González, a los empresarios Francisco Javier López Madrid, y Adrián de la Joya Ruiz de Velasco; a Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas, consejero de OHL; Felicísimo Damián Ramos Ramos, director de control de gestión de OHL; e Ildefonso de Miguel Rodríguez, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012, en el marco de la pieza separada número 3 sobre la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, acuerda la apertura de juicio oral contra ellos, a celebrar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas.
La Fiscalía pide para López Madrid por un delito de cohecho activo una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años, multa de dos millones de euros con arresto sustitutorio ‒si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de cinco años‒ de 10 meses de prisión en caso de impago y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por un delito de falsedad en documento mercantil solicita para él una pena de dos años y medio de cárcel, y 9 meses de multa con una cuota diaria de 45 euros.
Para Ignacio González reclama por un delito de cohecho pasivo una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, y una multa de dos millones de euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 10 meses de prisión.
LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA
El magistrado recoge en la resolución, dictada el 4 de junio, el relato de hechos que hizo la Fiscalía en su escrito de acusación, fechado a 9 de diciembre de 2020.
Según expone el Ministerio Público, el contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero fue adjudicada el 22 de octubre de 2007 a la UTE formada por las entidades Obrascón Huarte Lain SA (OHL) y OHL Concesiones, «gracias a que, de las siete empresas que licitaron, obtuvo la máxima puntuación por lo ventajoso de su oferta económica-financiera».
Pero «en realidad», sostiene la Fiscalía, «la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid -consejero dominical de OHL en el momento de los hechos- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas».
Explica que dicho plan consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.
Según argumenta, «para lograr ese propósito –adjudicación inicial y posterior modificado– ambos acusados destinaron 2,5 millones de dólares ‒aproximadamente 1,8 millones de euros‒ al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los acusados Ildefonso de Miguel Rodríguez ‒director gerente de Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2009‒ y Jaime Ignacio González González ‒presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012‒ a fin de que ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada Guijarro, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad».
EL PAPEL DE ADRIÁN DE LA JOYA
El Ministerio Público afirma que «para ejecutar ese plan y llevar a cabo el pago de la citada comisión, todos ellos contaron con la colaboración esencial de los acusados Felicísimo Damián Ramos Ramos ‒a la sazón director de Control de Gestión de OHL‒ y Adrián de la Joya Ruiz de Velasco ‒empresario con actividad en varios sectores‒, quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello».
Indica que la actuación conjunta de ambos acusados permitió que OHL «destinara importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión» para construir la línea ferroviaria Móstoles Central-Navalcarnero».
La Fiscalía señala que días después de la adjudicación, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, Rafael Arturo Martín, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.
Añade que entre el 25 de julio y el 12 de septiembre de 2007, cuando el concurso todavía estaba tramitándose, «Francisco Javier López Madrid, aprovechando su estrecha relación personal con el acusado Jaime Ignacio González González, convino con este que utilizara su posición preeminente como alto cargo de la CAM sobre Jesús Trabada Guijarro para asegurarse la adjudicación del contrato, lo que merced a su intervención personal así aconteció, así como el posterior modificado que permitiera a OHL compensar la merma de ingresos».
«A tal fin, los acusados Francisco Javier López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas acordaron destinar 2,5 millones de dólares de los fondos de OHL para pagar al acusado Jaime Ignacio González González, así como al acusado Ildefonso de Miguel Rodríguez, que intervendría como intermediario», prosigue su relato.
FACTURAS A LAURYN GROUP
Según explica, con el fin de dar cobertura a esta salida de fondos con destino México, Felicísimo Damián Ramos, de acuerdo con López Madrid y Rafael Arturo Martín, elaboró dos facturas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas por la sociedad panameña Lauryn Group INC, propiedad de Adrián de la Joya, constituida el 3 de octubre de 2005 para la actividad de intermediación financiera, «la cual carecía de los medios necesarios para prestar los servicios profesionales descritos en las referidas facturas».
Esas dos facturas iban dirigidas a las dos sociedades mexicanas que recibieron los citados fondos. El Ministerio Fiscal precisa que la utilización de esta sociedad panameña obedeció a que De la Joya había acordado con López Madrid que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en una cuenta que su sociedad Lauryn Group INC tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a Ildefonso de Miguel Rodríguez, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos.
La Fiscalía explica que en ejecución del plan, el 30 de noviembre de 2007, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de López Madrid y Rafael Arturo Martín, ordenó transferir esos 2,5 millones de dólares desde México a la cuenta suiza de Lauryn Group INC.
Añade que en el curso de esas operaciones y en fecha anterior al mes de julio de 2008, Adrián de la Joya hizo llegar a Ildefonso de Miguel Rodríguez en Madrid fondos en efectivo por un importe de entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas.
«No obstante, al día de la fecha no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este acusado y el acusado Jaime Ignacio González González», apunta.
Además, indica que «dadas las dificultades arrastradas desde la adjudicación del contrato debidas a las limitaciones económicas de la oferta», en enero de 2010, la sociedad concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero SA «procedió a paralizar la ejecución de las obras en vistas a solicitar el modificado que habían planeado».
Afirma que a tal fin, López Madrid y Martín de Nicolás «promovieron la presentación de una solicitud de resolución del contrato, sabedores de su absoluta falta de fundamento, retirándola el 27 de octubre de 2010 y solicitando un nuevo plazo para la ejecución de las obras, lo que les fue concedido por mediación de Jesús Trabada Guijarro mediante Resolución de la entidad Mintra de 27 de diciembre de 2010».
«Conseguida esa dilación, el 7 de octubre de 2011 la concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero SA solicitó la modificación del contrato aduciendo causas imprevistas, incluyendo ahora las siguientes propuestas económicas que, de haberse incluido en la propuesta inicial, habrían determinado la desestimación de su oferta: elevación de la tarifa técnica-económica hasta 4,18 €, en lugar de los 2,94 € inicialmente ofertados, y solicitud de la banda máxima ‒hasta el 70%‒ de ingresos permitida en el pliego que rigió el concurso», expone.
No obstante, afirma que «la ejecución del plan», dicha solicitud no fue admitida y la concesionaria fue declarada en concurso de acreedores el 12 de julio de 2016 por auto del Juzgado de Madrid número 1 de Madrid, no llegando a ejecutar las obras.
OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.
García-Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas.
Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.
Además, hace dos semanas, el juez acordó procesar a Ignacio González por la pieza relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II y que supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP.
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