Alberto Ruiz Gallardón deja de estar imputado en Lezo, Ignacio González no porque está investigado en otras piezas del caso.
El juez de Lezo archiva la investigación a Gallardón e Ignacio González por la compra de Inassa
Atiende la petición de la Fiscalía y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza respecto a 15 investigados, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino y Manuel Cobo
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30/5/2019 12:07
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Actualizado: 30/5/2019 13:10
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado la investigación contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del ‘caso Lezo’ sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.
También ha desimputado al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas de este caso, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa, así como a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
González y Rodríguez están investigados en otras piezas de esta causa, por lo que seguirán imputados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha asumido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza (la 1) respecto a 15 investigados, entre ellos también está Manuel Cobo Vega, exvicealcalde de Madrid y quien fuera ‘mano derecha’ de Gallardón.
El resto son Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra.
La Fiscalía Anticorrupcón también pidió al magistrado García-Castellón incoar, respecto a los hechos relacionados con la adquisición de Inassa, una nueva pieza separada en la que se dicte auto de continuación de la misma por los trámites del procedimiento abreviado contra las siguientes personas:
Francisco Olmos Fernández- Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Ma del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García- Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho, por hechos presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado.
El juez también ha atendido esa petición y ha encausado a estas 22 personas por las posibles irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado ve indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado.
García-Castellón ha dado traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días presenten sus respectivos escritos de acusación.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días ante el Juzgado Central de Instrucción.
El juez ha abierto una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000 cuando varios de los investigados vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar) llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma y, “a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa como así sucedió finalmente”.
El magistrado relata toda la operativa llevada a cabo por los investigados de una adquisición que, según explica “estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado”, y que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa “es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares”.
García-Castellón ha acordado incorporar a las actuaciones dos informes periciales aportados por el Ministerio Fiscal el pasado 22 de mayo junto a su escrito, al considerarlos una prueba “relevante y necesaria” para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II.
Están elaborados por las Unidades de Apoyo de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía.
Anticorrupción informó que el primero de ellos, fechado a 14 de mayo de 2019, analiza exhaustivamente el proceso de adquisición por Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y «evidencia, además del sobreprecio pagado por esta compra, las ilicitudes que se cometieron durante todo el proceso».
El segundo, fechado a 27 de febrero de 2018, ampliado por otro de 19 de marzo de 2018, «determina y concreta el impacto económico de las contingencias fiscales, no valoradas» por los investigados, que la compra de la panameña SAA podría haber generado a Canal de Isabel II, según detalla.
El juez de Lezo también ha acordado incorporar a la pieza separada la documentación que en su momento remitan las autoridades de Panamá en contestación a la novena ampliación de la Comisión Rogatoria expedida el 30 de noviembre de 2018, como también solicitó el Ministerio Público.
LA FISCALÍA PRESENTÓ UNA QUERELLA EN JULIO DE 2016
El equipo de gobierno de Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid autorizó en 2001 la compra de la empresa de aguas colombiana Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros) a través de una sociedad radicada en Panamá, Aguas de América (SAA).
Tanto Gallardón como quien fue su número 2, Manuel Cobo, defendieron durante la instrucción esta decisión, alegando que había reportado más de 200 millones de euros en beneficios para los madrileños.
Inassa es la primera pieza del ‘caso Lezo’ cuya instrucción el magistrado García-Castellón da por finalizada.
Las diligencias previas se incoaron el 15 de julio de 2016 como consecuencia de una querella presentada por el Ministerio Fiscal el 13 de julio de 2016 en la que, entre otros hechos, se interesaba que se investigaran las «posibles irregularidades cometidas durante los años 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por el ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios Servicios Inassa».
García Castellón considera que ya se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Según el magistrado, la operativa se enmarca en la «expansión internacional» que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual «utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua.
La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.
Al igual que Anticorrupción, el juez considera que la adquisición de Inassa estuvo «plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta», pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, «provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio» para la Comunidad de Madrid.
SOBREPRECIO DE ENTRE 23 Y 35,4 MILLONES DE DÓLARES
El magistrado indica en el auto que fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dossier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña.
Y aunque en el documento se hacía mención «de forma atemperada» a los riesgos, obviaron «valorarlos», de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un «sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares (entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros)».
García Castellón acuerda el sobreseimiento de las actuaciones para Gallardón, González y otras 13 personas porque para la Fiscalía, «no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos».
En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran «los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría».
Tanto el juez como la fiscal diferencian muy claramente entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y el consejo de administración del Canal de Isabel II.
Según Anticorrupción, en éste último, todos los asistentes el día que se aprobó la operación de compra de Inassa, el 14 de noviembre de 2001, «dispusieron del dosier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación», por lo que García Castellón cree que su conducta fue «esencial» para que el proyecto saliera adelante.
Para la fiscal no está indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid -salvo Pedro Calvo y Juan Bravo, que también estaban en el consejo del Canal- «conocieran o dispusieran de ese dossier» en la reunión en la que dieron el visto bueno a la operación, celebrada el 29 de noviembre de ese año.
«La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación», apunta Anticorrupción.
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