Si el magistrado García-Castellón atiende a la petición de la Fiscalía, Alberto Ruiz Gallardón dejaría de estar imputado en Lezo, Ignacio González no porque está investigado en otras piezas del caso.
Anticorrupción pide el archivo de las actuaciones contra Gallardón e Ignacio González por la compra de Inassa en el caso Lezo
También pide el sobreisemiento provisional para Edmundo Rodríguez Sobrino, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande e integrantes del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2001
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22/5/2019 14:46
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Actualizado: 22/5/2019 15:05
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional el archivo de las actuaciones contra los expresidentes madrileños Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González en la pieza del ‘caso Lezo’ de la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII).
El Ministerio Público ha registrado esta mañana un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Manuel García-Castellón, en el que solicita también que el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en esta pieza (la número 1) de los investigados Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica-, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande, Manuel Cobo Vega, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra.
Además, reclama a García-Castellón que incorpore a las actuaciones dos informes periciales elaborados, respectivamente, por las Unidades de Apoyo de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía, que Anticorrupción acompaña al escrito «al ser una prueba relevante y necesaria para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II».
Explica que el primero de ellos, fechado a 14 de mayo de 2019, analiza exhaustivamente el proceso de adquisición por Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y «evidencia, además del sobreprecio pagado por esta compra, las ilicitudes que se cometieron durante todo el proceso».
El segundo, fechado a 27 de febrero de 2018, ampliado por otro de 19 de marzo de 2018, «determina y concreta el impacto económico de las contingencias fiscales, no valoradas» por los investigados, que la compra de la panameña SAA podría haber generado a Canal de Isabel II, según detalla.
La Fiscalía también solicita que se incorpore a la presente pieza la documentación que en su momento remitan las autoridades de Panamá en contestación a la novena ampliación de la Comisión Rogatoria expedida el 30 de noviembre de 2018.
SOLICITA UNA NUEVA PIEZA SEPARADA CONTRA 22 PERSONAS POR PRESUNTA MALVERSACIÓN
Por otra parte, pide al magistrado García-Castellón incoar, respecto a los hechos relacionados con la adquisición de INASSA, una nueva pieza separada en la que se dicte auto de continuación de la misma por los trámites del procedimiento abreviado contra las siguientes personas:
Francisco Olmos Fernández- Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Ma del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García- Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho, por hechos presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado.
Indica que en la pieza separada que se incoe deberá incorporarse todo la documentación y actuaciones relativas a los hechos de esta operación ‒Inassa‒obrantes en la presente pieza 1, a la que todas las partes implicadas vienen teniendo acceso desde su personación.
EL PSOE HA PEDIDO LA IMPUTACIÓN DE AGUIRRE
Por su parte, el PSOE, que ejerce la acusación popular en esta causa abierta desde hace dos años, solicitó ayer al magistrado García-Castellón la imputación en Lezo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, por la pieza del campo de golf.
El equipo de gobierno de Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid autorizó en 2001 la compra de esta empresa de aguas colombiana por 73 millones de dólares (83 millones de euros) a través de una sociedad radicada en Panamá, Aguas de América (SAA).
Tanto Gallardón como quien fue su número 2, Manuel Cobo, defendieron durante la instrucción esta decisión, alegando que había reportado más de 200 millones de euros en beneficios para los madrileños. Sin embargo, Anticorrupción investigaba la presunta malversación de al menos, 25 millones de euros en este proyecto que estuvo plagado de «irregularidades».
LA FISCALÍA PRESENTÓ UNA QUERELLA EN JULIO DE 2016
La Fiscalía recuerda en su escrito que las diligencias previas se incoaron el 15 de julio de 2016 como consecuencia de la querella presentada por el Ministerio Fiscal el 13 de julio de 2016 en la que, entre otros hechos, se interesaba que se investigaran las posibles irregularidades cometidas durante los años 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por el ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios Servicios Inassa.
Relata que en mayo de 2017, con la finalidad de agilizar la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de los hechos investigados en esta causa, se acordó la formación de distintas piezas separadas. Indica que una de ellas fue la llamada «Causa Principal y Pieza 1» en la que se investigarían los hechos referentes a la expansión en Sudamérica de Canal de Isabel II relacionados con la compra de las sociedades Inassa y Emissao y el posible desvío de dinero público destinado al pago de ambas sociedades.
El pasado 16 de noviembre se incluyó dentro de esta misma pieza la investigación de las posibles irregularidades derivadas de la adjudicación el 27 de julio de 2002 en Panamá de un contrato público para el diseño y construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de La Pintada al consorcio empresarial español Cleop-Inassa, prosigue.
La Fiscalía señala que la investigación practicada hasta la fecha evidencia que las tres operaciones incluidas en esta pieza ‒Inassa, Emissao y La Pintada- están perfectamente diferenciadas y dotadas de elementos propios que «permiten y aconsejan, en su caso, su enjuiciamiento por separado, no solo porque los hechos y las personas investigadas en cada una de ellas sean diferentes, sino también por el distinto estado procesal en que se encuentran».
«Es por ello que, habiendo finalizado ya la instrucción respecto de la llamada operación Inassa, debe incoarse una nueva pieza separada comprensiva exclusivamente de esta operación que habrá de continuarse por los trámites del procedimiento abreviado respecto de las personas y por los delitos que se detallarán en este escrito», manifiesta.
La Fiscalía explica que los hechos que deberán integrar esta pieza comprenden los relativos a la expansión internacional que en el año 2001 Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad colombiana Inassa para lo cual utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por Canal de Isabel II y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa).
«Esta adquisición estaba sometida a la previa autorización del Consejo de Administración de Canal de Isabel II y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid», agrega.
Anticorrupción expone que desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos y que su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla en 1993 por un periodo inicial de 20 años.
‘LA ADQUISICIÓN DE INNASA POR EL ENTE PÚBLICO ESTUVO PLAGADA DE ILICITUDES’
Destaca que «la adquisición de Inassa por el ente público estuvo plagada de ilicitudes» y, contrariamente a lo autorizado, «se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, «provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados ‒Watco‒que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica».
Indica que el inicio de estos hechos se sitúa a principios del año 2000 cuando los investigados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, todos ellos trabajadores de Triple A vinculados a Agbar, «llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en los socios únicos de la misma, y, a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real, a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa, como así sucedió finalmente».
La Fiscalía narra que en marzo del 2000 los investigados referidos consiguieron que Agbar vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa.
Anticorrupción explica que «para lograr esta venta los referidos trabajadores ocultaron a Agbar que a principios del año 2000 habían iniciado negociaciones con el alcalde del distrito de Barranquilla para que prorrogara la concesión a Triple A por otros 20 años, hasta el año 2033, lo que lograron en mayo de 2000. Esta prórroga era lo que realmente otorgaba valor a esta sociedad y, por ende, a Inassa, si bien contra la misma se interpusieron dos demandas cuya desestimación definitiva por el tribunal competente no se produjo hasta el 28 de enero de 2015″.
Explica que tras la venta de Agbar, los investigados citados iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad panameña SAA, titular del 75% de Inassa y del 51% de Watco, el cual culminó a principios de 2002 con su venta a Canal de Isabel II, lo que se llevó a cabo por «un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como sus socios colombianos locales».
La Fiscalía narra que en este proceso de licitación, al que se vinculó Canal de Isabel II asociándose con la empresa Tecvasa ‒sociedad en la que los investigados citados eran socios minoritarios‒ actuaron en representación del ente público los investigados José Antonio de Cachavera Sánchez, director Económico y de Desarrollo Comercial de CYII, y Juan Pablo López Heras, subdirector de Nuevos Negocios de CYII.
Dice que De Cachavera y López, «conociendo el interés que los investigados referidos tenían en la operación, ya que actuaban, según los casos, como vendedores, compradores, socios o gestores de la sociedad Inassa, se dejaron convencer por estos para que la venta se llevara a cabo mediante la interposición de una sociedad panameña y, por tanto, de forma distinta a la que después se autorizaría, anteponiendo así los intereses económicos de los vendedores a los del ente público, al que se le causó un grave perjuicio».
Informa que en octubre de 2001, durante este proceso de licitación, Tecvasa compró acciones en Triple A y, atendiendo al precio que pagó, el valor del 75 % del capital de Inassa en ese momento ascendería a 37.514.019 de dólares.
«Con el fin de conseguir que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II autorizara la compra del 75% de Inassa en las condiciones impuestas por los vendedores, durante los meses de octubre y noviembre de 2001 Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera Sánchez elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa se iba a realizar a través de la panameña SAA, propietaria también del 51% de Watco detrás de la cual se encontraban los investigados ex trabajadores de Agbar», prosigue.
Además, dice que este dosier fijaba ya que el rango de valoración de esta inversión‒75 % de INASSA‒ se situaba entre 25 y 50 millones de dólares, «advirtiendo que el acotamiento entre estos márgenes estaba pendiente de la opinión de asesores legales sobre ampliación de la concesión y de determinadas variables críticas como tasa de descuento, riesgo de morosidad y volumen de inversión, factores todos ellos que necesariamente minoraban de forma notable el valor de esa sociedad».
«En ese dosier también se especificaban, aunque de forma atemperada, los principales riesgos y contingencias fiscales que esta compra generaría para el ente público si se realizaba en las condiciones impuestas por los vendedores ‒impugnaciones contra el acuerdo de prórroga de la concesión, elevada tasa de morosidad, pérdida de deducciones fiscales, traslado a los compradores de la carga fiscal sobre laplusvalía de esta venta‒», detalla.
La Fiscalía afirma que «ambos investigados obviaron deliberadamente valorar tales riesgos, lo que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por dicha compra, es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23.000.000 $ y 35.485.981 $».
Señala que «la actuación de estos dos investigados contó con el beneplácito del investigado Arturo Canalda González –director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001–, quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación –la interposición societaria y el sobreprecio–, desde el ámbito de sus competencias y su alta responsabilidad facilitó su tramitación y la presentó a los Consejos de Administración correspondientes a fin de obtener la preceptiva autorización».
Asimismo, expone que para la consecución de los hechos descritos «fue igualmente esencial la conducta desplegada por los investigados Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Ma del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II».
«Y los dos primeros, además, miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid–, quienes otorgaron la autorización para la compra directa de INASSA en la sesión del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar», destaca.
Anticorrupción narra que finalmente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2001 otorgó la correspondiente autorización para adquirir exclusivamente el 75 % de INASSA, «sesión a la que acudieron, entre otros, los investigados Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera».
Indica que tras obtenerse ambas autorizaciones, el 5 de diciembre de 2001 Canal de Isabel ANAL II y Tecvasa constituyeron Canal Extensia, en la que la primera suscribió el 75% de su capital.
«El 13 de diciembre de 2001, Juan Pablo López Heras, en representación de Canal Extensia, firmó el acuerdo decompraventa de la panameña SAA ‒es decir, el 75% Inassa y el 51% Watco‒ por 73 millones de dólares, fijando el 20 de febrero de 2002 como fecha decumplimiento de las obligaciones derivadas de este acuerdo y, al mismo tiempo, de disolución de SAA. En el momento de la firma Juan Pablo López Heras indicó a los vendedores que, de esos 73 millones de dólares, 1,5 millones de dólares debían imputarse al pago por la compra de WATCO SA», detalla Anticorrupción.
Precisa que de los fondos pagados, «una cantidad aproximada de 10.000.000 € se recibieron por los investigados ex trabajadores de Agbar, desconociéndose el destino final dado al resto del precio abonado».
‘EL SOBREPRECIO PAGADO POR ADQUIRIR SAA OSCILÓ ENTRE LOS 25 y LOS 38 MILLONES DE EUROS’
Según el Ministerio Público, como consecuencia de la actuación conjunta de los investigados citados, «el sobreprecio pagado por adquirir SAA osciló, al menos, entre 25.422.000 € y 38.684.145 €‒, y de esta cantidad, se destinaron 1.657.892 €‒ a la adquisición del 51 % de Watco, para la que los investigados carecían de autorización».
Manifiesta que de acuerdo con el porcentaje de su participación en Canal Extensia, Canal de Isabel II «abonó indebidamente de ese sobreprecio un importe comprendido entre 19.066.500 € y 29.013.109 €‒, del que 1.243.419 €‒se destinaron a la compra de Watco».
La Fiscalía señala que los hechos descritos en el apartado anterior, «cometidos conjuntamente por todos los investigados citados», podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado.
Indica que tales hechos «han quedado indiciariamente acreditados» por las numerosas diligencias practicadas hasta la fecha ‒testificales y documentales‒, así como por varios informes periciales que adjunta junto al escrito.
La Fiscalía señala que aunque la investigación también se ha dirigido contra otras personas no mencionadas en este escrito, «tras analizar el resultado de las diligencias practicadas debe concluirse que no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional de los mismos».
Esta petición de la Fiscalía se extiende a los siguientes investigados: Jaime Ignacio González González, Edmundo Rodríguez Sobrino y Gaspar Cienfuegos Jovellanos, «cuyo sobreseimiento se justifica al no haber quedado acreditada suficientemente su participación en este proceso de adquisición de Inassa, iniciándose además la vinculación de los dos primeros con Canal de Isabel II con posterioridad a la culminación de esta operación».
Subraya que el sobreseimiento provisional interesado para Jaime Ignacio González González y Edmundo Rodríguez Sobrino se extiende exclusivamente a los hechos relativos a la adquisición de Inassa, manteniéndose su imputación en relación con el resto de hechos investigados en estas diligencias previas ‒piezas 1, 2, 3, 5 y 9 según los casos‒».
También reclama el sobreseimiento para Jesús Sánchez Sánchez, «cuya actuación en estos hechos se centró principalmente en el asesoramiento profesional que prestó» a investigados, Salvador Cardona Aucejo, director gerente de Tecvasa, y Ángel Varona Grande, secretario de los Consejos de Administración de Canal de Isabel II celebrados los días 8 de octubre y 14 de noviembre de 2001.
Y también el de los integrantes del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 29 de noviembre de 2001 Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Manuel Cobo Vega, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra, en el que «por unanimidad se autorizó a Canal de Isabel II a constituir Canal Extensia, la adquisición por parte de esta del 75% de Inassa por 73.000.000 $ y su endeudamiento por 51.000.000 $».
Sobre estos, «al no constar indiciariamente acreditado que, al emitir su voto, conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de INASSA».
La Fiscalía señala que en este caso, a diferencia de lo ocurrido en el Consejo de Administración de Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001, donde todos sus asistentes dispusieron del dossier explicativo que desvelaba como se iba a realizar esta operación ‒la interposición de la sociedad panameña y el sobreprecio‒, «no consta indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ‒salvo Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera‒ conocieran o dispusieran de ese dossier».
GALLARDÓN DECLARÓ EN JUNIO ANTE EL JUEZ
Gallardón declaró el pasado junio ante el juez Manuel García-Castellón y negó que hubiesen mediado comisiones ilícitas. Además, dijo que contaba con todos los informes preceptivos favorables, si bien en las actuaciones consta un estudio de Cuatrecasas crítico con la adquisición.
El pasado noviembre declararon ante el magistrado las secretarias generales técnicas de las Consejerías de Presidencia, Hacienda y Justicia de la Comunidad de Madrid que en 2001 gobernaba Ruiz-Gallardón, y dijeron que dieron el visto bueno a los informes previos que avalaban la compra de Inassa a cargo del Canal de Isabel II porque eran favorables y «la operación era buena».
Tanto los exconsejeros como los exmiembros del Consejo de Administración del Canal también han alegado ante el juez que dieron el visto bueno a la compra porque confiaron en los informes técnicos, que les presentó un proyecto muy ventajoso.
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