El presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez jutno a los exministros de Justicia Francisco Caamaño, Juan Carlos Campo, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá en una foto tomada ayer por la tarde antes de la inaguración de las XI Jornadas Nacionales de las Juntas de Gobierno de la procura, que se celebran entre el jueves y el sábado en Huesca. Foto: Confilegal.
Ruiz-Gallardón vuelve a culpar a las asociaciones judiciales de la «politización» del Consejo General del Poder Judicial
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16/9/2022 01:00
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Actualizado: 16/9/2022 01:17
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El exministro de Justicia por el PP (2011-2014), Alberto Ruiz-Gallardón, volvió ayer a culpar a las asociaciones judiciales de la «politización» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue en Huesca, en el marco de la mesa coloquio sobre «El procurador como cooperador jurídico necesario de la Administración de Justicia», que abrió las XII Jornadas Nacionales de las Juntas de Gobierno de los 67 Colegios de Procuradores, organizada por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), en la que están tomando parte más de 400 procuradores venidos de toda España.
«Se equivocaron. Erraron las asociaciones judiciales. Cuando el 55 % de la carrera no estaba afiliada. El Consejo nacido de los aparatos electorales de las asociaciones judiciales eligió al 85 % de los magistrados del Tribunal Supremo, de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del presidente de la Audiencia Nacional. Es decir, el 45 % de la carrera copó el 85 % de los cargos. Y el hecho de no estar afiliado significaba quedarte fuera», afirmó en su turno de intervención.
En dicha mesa también intervinieron tres exministros de Justicia. Su antecesor, Francisco Caamaño, por el PSOE (2009-2011), Rafael Catalá, por el PP (2014-2018) y Juan Carlos Campo, por el PSOE (2020-2021), y actualmente magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un evento que estuvo moderado por Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE.
«Ahí las asociaciones judiciales le dieron un argumento incontestable al gobierno socialista, que modificó el sistema de elección. Y yo, que soy partidario de un sistema más participativo para todos los jueces, reconozco que la actuación que se tuvo por parte de todas las asociaciones judiciales –todas, no se salva ninguna– deslegitimó el propio sistema», añadió.
El Partido Popular hizo campaña, en las elecciones generales de 2011, con la misma promesa que está haciendo ahora: que los 5.500 jueces y magistrados eligieran a los 12 vocales jueces –de los 20 de que está compuesto el CGPJ– mediante voto directo y secreto. Sin embargo, Ruiz-Gallardón, en su rol como titular de justicia, no solo no la cumplió sino que laminó el sistema híbrido existente hasta aquel momento por el cual la carrera judicial elegía a 36 candidatos de entre sus miembros y de entre esos el Congreso elegía 6 y el Senado otros 6.
Impuso la elección directa por el Parlamento de entre los que se presentaran con el aval de 25 colegas. Justo lo contrario de lo prometido.
SUSCRIBE EL DISCURSO DE LESMES
El exministro Ruiz-Gallardón suscribió también el discurso que pronunció Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo en el solemne acto de apertura de tribunales en el que «advirtió» que podría presentar su renuncia si PSOE y PP finalmente no llegaban un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
«Cumplió con su responsabilidad institucional haciendo un llamamiento a la renovación del Consejo», afirmó.
«En relación con el sistema de elección», dijo, «creo que todos lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal los partidos políticos. Porque cuando la Constitución dice que los 20 vocales del CGPJ tienen que ser elegidos por una mayoría cualifiicada no significa que esté diciendo que se tiene que repartir entre dos partidos, de acuerdo con el resultado de las últimas elecciones», explicó.
«Lo más importante», subrayó, «es que se acabe con el sistema de cuotas. Una mayoría cualificada es que todos son de todos. No que doce son tuyos y ocho son míos. Ese fue un error de los políticos, nuestro. De los partidos».
CAMPO Y CAAMAÑO: HAY QUE CUMPLIR CON LA LEY
Campo y Caamaño coincidieron con el exministro del PP en el análisis: hay que cumplir la ley y renovar el CGPJ. No se puede esperar más.
El exministro Campo, que fue además vocal del CGPJ entre 2001 y 2008, hizo un análisis crudo: «Estamos viviendo una devaluación de las instituciones del Estado y esto es muy peligros. Reconozcamos que el mecanismo de elección no ha sido bueno y que puede haber muchos modelos de Consejo. Renovemos la institución, porque la ley dice que cada cinco años puerta, y después sentémonos para hacer los cambios que sean necesarios».
Caamaño, especialista en derecho constitucional, recordó lo que dice la Carta Magna y lo que debe hacerse: «hay cumplir la ley. No hay otra». Y fue más allá, planteando la «desaparición del CGPJ porque no es necesario». Sugirió que era una institución fallida.
Después, cuando terminó el evento, explicó que los nombramientos de los cargos judiciales podrían realizarse mediante el sistema de comisiones mixtasde jueces y juristas y refrendados después por el ministro de Justicia.
Rafael Catalá, por su parte, apostó, como Campo y Ruiz-Gallardón, por la permanencia de la institución porque funciona, «pero tiene que modificarse la forma de elección de los 12 vocales jueces, devolviendo esa capacidad a los miembros de la carrera judicial».
BRUSELAS QUERÍA HACER DESAPARECER A LOS PROCURADORES
Los cuatro ministros relataron cómo fueron sus relaciones con la Comisión Europea que, desde 2011, ha querido hacer desaparecer a los procurardores españoles. Los cuatro negociaron a «cara de perro» para que eso no ocurriera.
«A principios de 2020 el problema adquirió una crudeza enorme. Había que ir a Bruselas a final de mes. Fuimos a hablar con Juan Carlos [Estévez] y logramos un aplazamiento que después por el COVID tuvo unos tiempos diferentes, más pausados», relató Campo, predecesor de Pilar Llop la actual titular.
«Pero hay una obsesión clara. Si entendemos que la procura es un elemento determinante en la eficiencia de la justicia podemos hablar de casi todo, pero no de lo que Bruselas urgía, que era la desaparición. Ellos decían que el choque de la transposición de la Directiva de Servicios con el Tratado de Funcionamiento de la Unión ponían de manifiesto la necesidad de que desapareciera la profesión. Desde el Ministerio mantuvimos muchas reuniones con Juan Carlos y su equipo. Aquello no podía ser», prosiguió.
«Yo entiendo –y lo han dicho mis predecesores exministros– que la procura es una profesión que tiene que adecuarse. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los letrados de la Administración de Justicia han tenido en su razón de ser dos funciones: la dación de fe y el impulso del proceso. Los tiempos hacen que hoy, la dación de fe, con los medios tecnológicos adquiera una devaluación bastante razonable. Pero en cambio, el impulso del proceso requiere de vigorización”.
“Esa es la misma razón de ser que tendríamos que aplicar a la misma existencia de la procura. No es, por tanto, mantenerla como profesión. No. Es potenciarla. He estudiado mucho el tema. No sé si la vía de la ejecución es la solución. Pero lo que sí tengo claro es que la procura tiene un elemento en la Administración de Justicia, dotado de una modernidad que no han tenido los otros sectores: No se concibe el concepto Lexnet sin la procura, por ejemplo”, precisó.
“El acto de comunicación es un elemento que hay que polarizar porque puede vertebrar una profesión. No podemos hacernos trampas al solitario Desde la ley de la jurisdicción contencioso del año 56 se atisbó un cierto cambio del papel de la procura dentro del proceso. Luego afectó al proceso civil, en lo verbal, y en penal, solo hasta un momento procesal. Eso no puede ignorarlo una profesión tan medular en el mundo de la justicia. Porque, para mí, el valor de la procura no es esa idea clásica de representar a la parte, porque hoy, efectivamente, me puedo comunicar de muchas maneras. Lo que tengo claro es que la tranquilidad y fiabilidad que da la comunicación del procurador no se da con nada. Porque es tutela judicial”, remachó el exministro.
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