En aquel momento González ocupaba el cargo de presidente del ente público y vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Foto: EP.
García-Castellón abre juicio oral a Ignacio González por supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos del campo de golf del Canal de Isabel II
TAMBIÉN A OTRAS CUATRO PERSONAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN EL HERMANO Y EL CUÑADO DEL EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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06/8/2021 14:58
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Actualizado: 06/8/2021 14:58
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por presuntas irregularidades cometidas con ocasión de la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.
Además de González, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 abre juicio oral contra el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente madrileño.
Así lo dispone en un auto, dictado a 5 de agosto, que recoge los escritos de acusación de Fiscalía, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CC OO de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el magistrado abre juicio oral en la pieza 2 del caso Lezo por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.
El pasado 24 de mayo, el instructor acordó el pase a procedimiento abreviado y decretó el sobreseimiento provisional y archivo respecto de ocho personas.
El magistrado relata en el auto que en el año 2006 Ignacio González e Ildefonso de Miguel, prevaleciéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II, “dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo”.
TCT, que según el escrito carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan Caballero Escudier, si bien estos dos últimos lo hacían de manera en cubierta para ocultar sus vínculos familiares, hermano y cuñado, respectivamente del expresidente de la Comunidad de Madrid, según expone el juez.
“Esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primero caso y 123.751 en el segundo- fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”, concluye el magistrado.
LAS PENAS QUE PIDE LA FISCALÍA
El Ministerio Fiscal solicita por un delito de cohecho las penas de tres años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y multa de 400.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 10 meses en caso de impago y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por un delito de cohecho reclama las penas de tres años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y multa de 150.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Y señala que procede acordar el comiso de «las dádivas, que ascendieron a un total de 504.780 euros correspondientes a los beneficios obtenidos por TCT» y que también procede condenar a cada uno de los acusados al pago de 1/5 partes de las costas.
LAS SOLICITADAS POR EL LETRADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El letrado de la Comunidad de Madrid, que ejercita la acusación particular, reclama para Ignacio González dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años por delito de fraude a las Administraciones Públicas; ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años por el delito de malversación de caudales públicos agravado, y seis años de prisión, multa de 1.515.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años por delito de cohecho.
Para Ildefonso de Miguel pide prisión de dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años por delito de fraude a las Administraciones Públicas; prisión de ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años por delito de malversación de caudales públicos agravado; y prisión de seis años, multa de 1.515.000 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años por delito de cohecho.
Para José Antonio Clemente solicita un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis años por delito de fraude a las Administraciones Públicas; cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años por delito de malversación de caudales públicos agravado; y dos años de prisión, multa de 505.000 euros e inhabilitación especial para empleo ocargo público por tiempo de siete años por delito de cohecho.
Para Pablo Manuel González reclama prisión de un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis años por delito de fraude a las Administraciones Públicas; prisión de cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años por delito de malversación de caudales públicos agravado y prisión de dos años, multa de 505.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años por delito de cohecho.
Para José Juan Caballero pide prisión de un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis años por delito de fraude a las Administraciones Públicas; prisión de cuatro años e inhabilitación absoluta durante 10 años por delito de malversación de caudales públicos agravado; y prisión de dos años, multa de 505.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años por delito de cohecho.
También solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid, al ente público Canal de Isabel II, al canal de Isabel II, SA y al Canal Extensia, SAU con 505.000 euros, suma que, según manifiesta el abogado de la Comunidad de Madrid, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y José Juan Caballero, «posicionados tras la mercantil Tecnoconcret, y merced a la dirección antijurídica de los procesos de contratación, efectuada por los acusados Jaime Ignacio González e Ildefonso de Miguel Rodríguez, consiguieron obtener generando con ello un quebranto por dichoimporte al erario público madrileño».
Afirma que como consecuencia de la «subcontratación fraudulentamente realizada», de la mercantil Tecnoconcret, se generó para la referida empresa, y por lo tanto, tras ella, para los acusados José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y José Juan Caballero «una ganancia ilícita por importe de 3.067.864,83 euros, suma que habrá de ser objeto de comiso, al proceder directamente de la ejecución de los delitos».
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