El Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Foto: EP
El viernes se celebrará la audiencia previa sobre la propiedad del Pazo de Meirás
El Gobierno demandó el pasado julio a la familia Franco por la propiedad del mismo, para que pase a ser un bien público
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29/1/2020 11:48
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Actualizado: 29/1/2020 11:59
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El próximo viernes, 31 de enero, tendrá lugar la audiencia previa al juicio derivado del proceso iniciado por el Estado el pasado julio para reclamarle a la familia Franco la propiedad del pazo coruñés de Meirás, para que pase a ser un bien público.
Se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña.
El 10 de julio de 2019, la Abogacía del Estado presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña en la que afirma que la compra del inmueble por parte de Franco en 1941 fue “simulada y fraudulenta”.
Según manifestó entonces el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, los Franco “actuaron contra derecho”, y Ejecutivo buscará recuperar la propiedad de este inmueble, ubicado en Sada.
La audiencia del próximo viernes tiene como primer objetivo intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes, examinar las cuestiones procesales que puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar con precisión el objeto del pleito y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia.
Además, durante la audiencia se podrá proponer y admitir prueba y examinar las cuestiones que, con carácter excepcional, la ley prevé que puedan plantearse.
A las partes, se les ha dado también la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, «incluido el recurso a una mediación», debiendo informar en la mencionada audiencia de su decisión.
UNA ‘SEGUNDA COMPRAVENTA FICTICIA’ QUE, SEGÚN LA ABOGACÍA, PERMITIÓ A FRANCO LA INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A SU NOMBRE
Según informó el Ministerio de Justicia el pasado julio, un estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco “falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad”.
Las Torres de Meirás fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de sitio histórico en 2008.
Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de La Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco para su utilización como residencia veraniega.
La compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la “Junta pro Pazo del Caudillo” por 406.346 pesetas a la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán.
Esta escritura, desconocida hasta entonces, fue localizada por la Abogacía del Estado.
Según indica la Abogacía, “la financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales”.
Detalla que desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que “fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado”.
Desde entonces, el inmueble se usaba como residencia veraniega oficial de Franco.
La Abogacía destaca que tres años después, acabada la guerra, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo por parte de Manuela Esteban Collantes a favor de Francisco Franco.
Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad.
Según señaló el Ministerio de Justicia, esta inscripción, derivada de una “compraventa ficticia”, es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos.
En los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, “con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos”.
“Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil”, indicó Justicia.
LAS TORRES FUERON DECLARADAS BIC EN 2008
Las Torres de Meirás fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de sitio histórico en 2008, con el gobierno del bipartito de PSdeG y BNG.
Los herederos de Franco recurrieron a la Justicia para intentar paralizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que fuese abierto al público.
El gobierno gallego llegó a formalizar un convenio con la familia Franco con la obligación de abrirlo un mínimo de cuatro días al mes.
Sin embargo, en marzo de 2017 la Xunta inició un expediente tras supuestamente constatar que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de visitas no estaba operativo.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Galicia decidió arrancar el proceso de recuperación del Pazo de Meirás en 2017.
En julio de 2018, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad reclamar al Estado que ejercitara las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público. En octubre de ese año, el Gobierno encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías.
En junio de 2019, la Cámara gallega volvió a aprobar por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Gobierno que iniciara “de manera urgente” las acciones legales “pertinentes” para la recuperación del Pazo.
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