Los bienes del Pazo de Meirás quedarán bajo custodia de la administración hasta que finalice el pleito con la familia Franco
Ha acordado en un auto que los bienes que permanecían en el Pazo de Meirás y que han sido reclamados por el Estado.

Los bienes del Pazo de Meirás quedarán bajo custodia de la administración hasta que finalice el pleito con la familia Franco

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02/12/2022 13:27
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Actualizado: 02/12/2022 13:28
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El magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº70 de Madrid, Roberto Fernández, ha acordado en un auto que los bienes que permanecían en el Pazo de Meirás y que han sido reclamados por el Estado queden, por el momento, en el depósito hasta que finalice el pleito que mantiene la administración con la familia Franco. 

De esta forma, ha resuelto la medida cautelar que solicitó la Administración General del Estado y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Por lo que ha decretado que los bienes identificados en la demanda, incluidos los que pertenecieron a la escritora Emilia Pardo Bazán queden en depósito bajo la custodia del Estado. 

El magistrado ha recordado que los dos requisitos indispensables para aceptar unas medidas cautelares son la apariencia de buen derecho de la petición, y el peligro que puede suponer para el bien a proteger el hecho de no adoptar una medida de forma urgente.

Sobre el primero de los requisitos, ha indicado que a la vista de la documentación aportada la Abogacía del Estado, y tras escuchar las alegaciones de las partes –se adhirieron a la demanda tanto la Xunta de Galicia como el Consello de Sada-, ha considerado que «concurren suficientes indicios» para considerar acreditada la apariencia de buen derecho exigida por la Ley.

Ha añadido que de los informes sobre determinados bienes muebles «puede inferirse provisional y racionalmente que tales bienes pueden pertenecer al Patrimonio Nacional, existiendo pues un aparente buen derecho del Estado para que se declare en su favor el dominio de tales bienes». 

«Se relaciona de forma minuciosa la identificación de su originaria localización, su título o descripción, la fecha que resulta del documento, y el punto de localización actual dentro del edificio del Pazo de Meirás en que se encuentra el documento», ha apuntado haciendo mención además a la Ley de Patrimonio Histórico Nacional.

Sobre otros muebles que permanecen en el pazo que fue propiedad de los Franco, la Abogacía del Estado ha considerado que eran «necesarios para el ornato y decoración de las dependencias en las que se prestaba el servicio público destinado al Jefe del Estado». 

Y ha apuntado que por eso era imposible que la familia Franco defendiera que eran suyos «por la vía de la prescripción adquisitiva». Y recordaba además que los bienes pertenecientes a Pardo Bazán y que ya estaban en ese edificio en 1938 «quedan objetiva, histórica y jurídicamente comprendidos en una categoría demanial especial, la de su pertenencia al Patrimonio Histórico Español».

Independientemente de la sentencia, hay posibilidad de que los bienes puedan ser de dominio público

El juez ha destacado que independientemente de la decisión que se adopte en su día en sentencia, «surge una fundada posibilidad de que los bienes enumerados» -564 bienes- pudieran ser de dominio público.

«En el momento actual, y en sede del presente procedimiento cautelar, los informes periciales antes reseñados, interpretados somera e inicialmente a la luz de la indicada normativa, arrojan una fundada verosimilitud respecto del derecho de propiedad del Estado, y por ende una razonable y fundada probabilidad de que pudiera ser reconocida dicha propiedad en una futura sentencia», ha insistido.

Sobre el conocido como ‘periculum in mora’, el magistrado explica en su auto que es necesario justificar por parte del Estado que durante el proceso judicial «podrían producirse situaciones que impidieran o dificultasen la efectividad de la tutela –de los bienes– que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria».

El auto, señala que la Abogacía del Estado argumenta que, dado que los Franco podían hacer lo que quisieran con los bienes muebles del pazo, y puesto que la familia del dictador ha solicitado la entrega de los mismos, esto «implicaría un claro peligro de pérdida o desaparición de estos bienes muebles, lo que haría inviable cualquier pronunciamiento judicial» posterior.

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