El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado suspender la celebración de la vista relativa a las cuestiones incidentales planteadas para determinar qué bienes forman parte del pazo de Meirás, señalada para los días 13 y 14 de enero.
El juez Francisco Javier García Aponte acepta así a la solicitud de la Administración General del Estado y de la Xunta, quienes pidieron la suspensión porque el informe pericial elaborado por la familia Franco tuvo entrada en el juzgado el pasado 4 de enero.
En la providencia, con fecha de este lunes y contra la que cabe recurso, el juez indica que la suspensión de la vista está «más que justificada» para «garantizar el derecho de defensa de las partes en condiciones de igualdad y no causar indefensión a las mismas», teniendo en cuenta la fecha en la que tuvieron «constancia y conocimiento» del informe pericial y el día señalado para el comienzo del acto de la vista.
Por el momento, no se ha señalado nueva fecha.
No es la primera vez que se suspende esta vista. Inicialmente estaba fijada para el 22 de octubre de 2021, pero la letrada de la Administración de Justicia acordó su aplazamiento a los días 25 y 26 de noviembre después de que la familia Franco solicitara el cambio al entender que sus peritos no tenían tiempo suficiente para elaborar su informe.
Posteriormente, se acordó una nueva fecha debido a que el letrado que asiste a la familia Franco tenía otro señalamiento, previamente notificado, el 25 de noviembre.
Fue entonces cuando se fijó una nueva fecha en el calendario: los días 13 y 14 de enero, pero tampoco se celebrará esta semana.
En septiembre de 2020, el juzgado decretó que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, algo que posteriormente confirmó la Audiencia Provincial de A Coruña en una sentencia que no es firme.
En esa resolución no se condenó a los demandados a entregar al Estado los muebles existentes en las distintas dependencias, por lo que la Audiencia Provincial determinó que correspondía a las administraciones públicas promover el correspondiente incidente de ejecución para discutir y resolver sobre cuál es la extensión de la sentencia.
La Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sada presentaron el incidente, por lo que el juzgado acordó en mayo suspender las actuaciones sobre el pazo de Meirás hasta resolver si el mobiliario debe considerarse parte de la finca.
En la comparecencia, que esta pendiente de fecha, se analizarán las cuestiones incidentales promovidas por la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sada.
En concreto, la administración estatal demanda la conservación del inventario aprobado en su día por el juzgado y solicita la delimitación de los bienes integrantes y pertenencias del pazo teniendo en cuenta el artículo 334 del Código Civil, en el que se definen los bienes inmuebles.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reclama que se incluya, a efectos de ejecución de sentencia, el mobiliario como parte del pazo de Meirás.
