Hoy ha sido el último día de la magistrada Pilar de Lara al frente del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Un destino a cuyo frente ha permanecido durante 13 años.
Es la consecuencia directa de la sanción de 7 meses y un día de suspensión de empleo, sueldo y destino que le impuso, por unanimidad, el 26 de septiembre pasado el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por una falta muy grave, del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Jucicial.
La magistrada, al recibir el comunicado del CGPJ, ha recogido sus enseres de la que hasta ahora ha sido su oficina y ha dejado el edificio de los Juzgados, no sin antes dejar claro a los que le rodeaban su disconformidad con la medida.
«La conducta sancionada viene constituida por ese descontrol, inhibición absoluta o desidia mantenida en el tiempo en el orden de tramitación de los asuntos, que conlleva la elección de unos asuntos sobre otros sin un criterio objetivo que lo justifique», decía el acuerdo previo, aprobado por unanimidad de los siete vocales que componen la Comisión Disciplinaria.
El perfil que emergía de ese informe, y del que elaboró después la vocal Mar Cabrejas para el Pleno del Consejo, era el de una pésima instructora, desorganizada y poco productiva.
La decisión que tomó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 24 de enero, al desestimar la suspensión cautelar de la sanción cautelar, solicitada por la magistrada, hasta que hubiera un pronunciamiento final sobre el fondo del recurso, ha precipitado hoy su salida, que ha coincidido con la celebración del Pleno del CGPJ en los Juzgados de Pontevedra.
De Lara permanecerá en dique seco hasta el próximo mes de agosto, fecha en la que podrá volver a concursar a un nuevo destino.
