Los vocales conservadores, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y Vicente Guilarte, votaron hoy junto a los seis vocales progresistas, Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo -presidente en funciones- contra la propuesta que planteaba no refrendar el acuerdo alcanzado con el Gobierno por las tres asociaciones de jueces y tres de fiscales para la adecuación de las retribuciones de ambas carreras firmado el pasado martes.
El resto de los vocales conservadores, cinco en total, Ángeles Carmona, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, por su parte, votaron a favor de hacerlo en el marco del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado esta mañana.
En la propuesta que estos últimos plantearon, defendida por Martínez Tristán, afirmaban que el acuerdo suscrito entre los Ministerios de Economía y Función Pública y Justicia y las asociaciones de jueces AJFV, JJpD y FJI -y que firmaron también la AF, la UPF y la APIF- presentaba «un vicio esencial» porque el CGPJ no fue convocado a esa firma.
En consecuencia, proponía que el CGPJ tenía que pronunciarse no refrendándolo porque el acuerdo. argumentaron, no se ajustó a la Ley 15/2003, de 23 de mayo.
Además, añadía que la subida del complemento de destino propuesto por los dos Ministerios no contribuye a la independencia económica como instrumento de la independencia judicial.
De haber aprobado esta propuesta hubiera supuesto un serio revés público al acuerdo suscrito que contempla un aumento de las retribuciones de jueces y fiscales de 450/440 €, según los casos, a completar en tres tramos (40%, 40% y 20%) entre la fecha actual y el 1/6/2024. El primer tramo tiene efectos desde el 1 de enero de 2023. Aunque no habría cambiado nada.
Tres de los cuatro vocales conservadores que votaron con el bloque progresista (Díaz, Martínez Moya y Fernández) emitieron después un voto particular recurrente.
Uno de ellos, Martínez Moya, formó parte de la delegación de tres vocales que asistieron a las negociaciones entre Gobierno y asociaciones. Los otros dos, Ballestero y Martínez Tristán, votaron desde el otro lado.
En el voto recurrente explican su posición y disienten de la propuesta derrotada planteada por sus compañeros recordando que el CGPJ ha participado en la Mesa de Retribuciones «cumpliendo su deber de velar porque el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituya un elemento configurador de su independencia económica».
RESPETO A LA AUTONOMÍA NEGOCIADORA DE LAS ASOCIACIONES
«La actuación del Consejo ha aspirado a facilitar un fomentar un diálogo constructivo entre todas las asociaciones judiciales y los Ministerios de Justicia y Hacienda al objeto de alcanzar acuerdos que materializasen propuestas de mejoras retributivas», explican.
A juicio de los tres vocales conservadores, la posición del CGPJ debe resultar conciliable con el respeto a la «esfera de la autonomía negociadora de las Asociaciones judiciales en defensa de los intereses profesionales delos miembros de la carrera judicial».
Y recuerdan que el CGPJ «no es un órgano de representación de la carrera judicial» por lo que «no puede manifestarse sobre controversias como la retributiva que encuentran en el espacio asociativo el lugar adecuado de resolución».
Asimismo, subrayan que el CGPJ tiene su momento para pronunciarse sobre esta cuestión, pero no es este.
«La cuantificación de las retribuciones contenida en los anexos de esta ley podrá ser actualizada y modificada por el Gobierno mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial», refieren que dice la Disposición final primera de la ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
Cuando el Gobierno incorpore el acuerdo en el proyecto normativo será el momento en el que el CGPJ «esté en condiciones de valorar, en toda su extensión, en el preceptivo informe que establece la ley, esa revisión y actuación retributiva. Momento de valoración normativa que consideramos tiene pleno sentido por marcadas razones de prudencia institucional que debe regir la actuación del Consejo», destacan.
Sobre todo por el hecho de que el acuerdo «no aparece suscrito por la totalidad de Asociaciones judiciales», concluyen.
