El Tribunal de Instancia de Ourense ha acordado el archivo de la pieza de la operación Pokémon en la que se investigaba al exalcalde socialista Francisco Rodríguez, al edil del BNG Fernando Varela y al exjefe de la Policía Local Abelardo Ulloa.
En un auto fechado el 5 de enero, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 concluye que no existen indicios de que los investigados hubieran recibido «distintas cantidades de dinero a cambio de favores que pudieran favorecer a la mercantil Vendex».
No hay indicios suficientes
El juez señala que a lo largo de la instrucción no se ha practicado prueba alguna que acredite tales afirmaciones, más allá de la declaración realizada en sede judicial por dos coinvestigados. Según expone, dichas manifestaciones no resultan suficientes para sustentar un escrito de acusación, al no estar respaldadas por indicios objetivos que permitan corroborarlas.
Asimismo, el auto subraya que los tres investigados negaron haber recibido cantidad alguna a cambio de favores relacionados con su actividad profesional, extremo que fue reiterado en sus declaraciones judiciales.
El magistrado también incide en que el hecho de que alguno de los coinvestigados se desplazara a Ourense en un momento determinado no permite inferir que dicho viaje tuviera como finalidad la entrega de dinero a alguno de los investigados.
En esta línea, recalca que toda la documentación incorporada a las actuaciones fue elaborada desde la mercantil Vendex, sin que conste que se haya visto corroborada por entregas efectivas de dinero a autoridades ourensanas ni que dichas actuaciones provocaran algún tipo de favorecimiento hacia la empresa.
El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
La operación Pokémon
La operación Pokémon es una macrocausa judicial iniciada en 2012 por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, quien posteriormente fue apartada del juzgado por dilaciones indebidas.
En el marco de esta investigación, en la que se vieron implicados numerosos cargos públicos, únicamente resultó condenado el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.
