Miguel Durán, socio director del despacho Durán y Durán Abogados, se mostró ayer «razonablemente satisfecho» por la decisión del magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, de archivar la causa contra Alejandro Suárez-Sánchez Ocaña, editor del diario digital Moncloa.com, y contra el propio medio.
Y porque ha puesto de manifiesto «la inconsistencia de los razonamientos del Ministerio Público para haber montado todo este lío. Pero además de esa inconsistencia, considero que una actuación así, ha sido netamente superficial y, si no fuera por la necesaria cortesía hacia el Ministerio Público, podría calificarse de frívola«.
«Someter a personas honradas, honestas y éticas como el Sr. Suárez-Sanchez Ocaña al baldón público de la condición de investigado sobre la base tan sumamente superflua de poder estar actuando a las órdenes del señor Villarejo, denota una falta de rigor importantísima, por cuanto, como es de ver y todo el mundo sabe, lo publicado por Moncloa.com, si a alguien perjudica, no sería al señor Villarejo al que menos», añade
PODEMOS
«Sorprende, igualmente, que el Ministerio Público hiciera suya en este sentido, la inicial tesis de algunas instancias, significadamente el grupo político Podemos, cuando más aún, este grupo político hace tiempo que había abandonado dicha tesis», señala.
De acuerdo con Durán, la Fiscalía podía haber solicitado diligencias a practicar -que no quiso hacer-, podía haber ahondado mucho más en la relación -inexistente- entre Suárez-Sánchez Ocaña y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que nunca quiso hacer.
«El Ilmo. Sr. Fiscal, a quien correspondía la iniciativa de investigación, pudo haber instado -y tampoco lo hizo- que se practicaran diligencias de investigación respecto de las compañías BBVA e IBERDROLA, que mi defendido propuso en su primera comparecencia del día 19 de noviembre de 2019. En definitiva, don Alejandro Suárez se ha visto sometido a una presión injustificable e injustificada y su medio de comunicación condenado a un incalificable apagón informativo», señala el abogado.
Y revela que, una vez que se ha levantado el secreto de las actuaciones, ha aconsejado a su cliente que le permita investigar a fondo «las responsabilidades que puedan existir en la promoción de injustificada persecución de la que ha sido víctima».
Para terminar, agradece a García-Castellón que haya hecho prevalecer el derecho fundamental a la información y a la presunción de inocencia.
«Es un día de alegría para mi representado en particular, pero también, de un modo muy especial, para el conjunto de los periodistas españoles».
Duran remacha sus declaraciones con la esperanza de que la futura fiscal general del Estado, «concernida directamente por las informaciones difundidas por el medio del que soy asesor legal, no busque nunca amparo en sus subordinados jerárquicos para yugular la libertad de expresión, información y opinión, porque si lo hace nos tendrá directamente enfrente».
