«Cuando la Ley no nace en un sistema de libertades, en un Estado de Derecho, no deja por ello de ser formalmente Ley, pero carece de la legitimidad y de la licitud que, tras siglos y siglos de evolución, la Humanidad ha considerado que son los mínimos cánones, los estándares imprescindibles para que esa Ley resulte también moralmente aceptable», dice el preámbulo de los estatutos de Ley y Justicia.
«Por eso es por lo que podemos afirmar de nuevo, completando así el circuito modestamente filosófico que informa el presente preámbulo, que no hay Libertad sin Ley, pero tampoco existe Ley legítima, lícita y justa que no haya tenido como fuente y origen un sistema democrático de libertades”, añade.
Libertad y Ley, aunque registrada hace un año, nació ayer, la víspera de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Precisamente para eso, para combatir esta nueva pieza legislativa que sus miembros consideran «un atropello a la Constitución».
No descartan personarse como acusación popular en todos aquellos casos en los que consideren que es necesaria su intervención, en defensa del estado de derecho. También planean organizar mesas redondas, debates y elaborar informes sobre la salud constitucional de nuestro país.
CINCO ABOGADOS CONFORMAN SU NÚCLEO
El núcleo central de Ley y Justicia lo conforman cinco abogados en ejercicio pero con pasados muy contrastados. Todos ellos encajarían en la definición de juristas de reconocido prestigio.
Dos de ellos, Ignacio Gordillo y José Javier Polo, fueron antes fiscales de la Audiencia Nacional. Polo, además, fue fiscal jefe de Toledo y de Madrid.
El tercer hombre es Santiago Milans del Bosch, es magistrado y fiscal en excedencia. Son lo que se puede definir como «pesos pesados» del mundo jurídico.
Los tres formaron parte de la candidatura que capitaneó Miguel Durán, socio director de la firma Durán & Durán Abogados, en las últimas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Como es lógico, el cuarto hombre es el propio Miguel Durán; el elemento aglutinador.
El quinto miembro es una mujer, Patricia Solana Fernández, abogada y empresaria.
«Somos el germen de algo que queremos que sea mucho más grande e influyente. Estamos abiertos a otros miembros, preocupados, como nosotros, por la grav erosión que está sufriendo nuestro estado de derecho a cuenta de las fuerzas políticas. Lo que buscamos es la regeneración constitucional de España. Nuestro país no se merece lo que le está sucediendo», explica Durán.
A todos sus componentes les preocupa la aplicación de la Ley de Amnistía y, de forma especial, que pueda regresar el fugado Carles Puigdemont a Cataluña.
Consideran que la cosa no va a ser fácil. Primero por los efectos de la cuestión prejudicial que confían en que los jueces y órganos judiciales competentes eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también por los de las instrucciones que en la actualidad llevan a cabo el Juzgado Central de Instrucción 6, sobre «Tsunamic Democràtic» y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, sobre el caso Voloh, ambas relacionadas con el fracasado proceso de independencia de Cataluña.
«¿Si aspiramos a convertirnos en la conciencia jurídica de nuestro país? Quizá sea apuntar demasiado alto. Pero si lo consiguiéramos no estaría mal. Nada mal», concluye Durán.
