Pedro Almodóvar hizo una defensa del cine independiente en la Gala de los Goya 2020; es de hecho uno de los colectivos a los que pretende beneficiar esta reforma.
¿Qué cambios necesita la Ley del Cine del 2007 para dar respuesta a las necesidades de la industria?
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02/2/2020 06:30
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Actualizado: 01/2/2020 12:15
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El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte, ha publicado en la página web del Ministerio la modificación del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
Ante este importante cambio legislativo, charlamos con algunos expertos en la materia acerca de sus aspectos más relevantes.
Mabel Klimt: “Una reforma más de forma que de fondo”
Mabel Klimt, Socia Responsable del Área de Media & Entertaiment de Elzaburu.
Para Mabel Klimt, Socia Responsable del Área de Media & Entertaiment de Elzaburu, “el texto que vemos hoy a disposición en la consulta pública supone apenas una revisión de algunos artículos del texto de 2015”, no una verdadera reforma.
Esta jurista destaca que “muchas de las reformas, además, son de forma más que de fondo, o bien debidas a cambios normativos posteriores al Real Decreto original y que resultan de aplicación aún sin la reforma que ahora se incorpora (Ley de Procedimiento Administrativo, Ley del Sector Público, etc.)”.
No obstante, hay algunas cuestiones cuya modificación está impulsada por la realidad práctica y que eran muy necesarias.
“Es el caso, por ejemplo, del artículo 10.3 del borrador, sobre la gestión de coproducciones”
Este cambio permitirá que los productores puedan recurrir a fondos provenientes de coproductores extranjeros interesados en participar, sin la obligación actual de hacerlo antes del inicio del rodaje de la producción, algo que en algunas ocasiones puede provocar la cancelación del proyecto.
A juicio de Klimt, “la reina de esta reforma es el artículo 21.2 del borrador, que regula los límites de las ayudas del Estado. Estos límites condicionan la cantidad de dinero público que un proyecto audiovisual puede recibir y vienen predefinidos por la Unión Europea”.
Así, los Estados miembros determinan los criterios de “dificultad” de algunas producciones que poseen un recorrido comercial más restringido o dificultades en la financiación, para dotarles de un apoyo adicional con el fin de sacar adelante la producción.
Sobre esta definición de “obra difícil”, señala que este criterio “es muy variable en la Unión Europea y permite que en un estado de la Unión un tipo de obra concreta pueda recibir una protección especial, por encima del límite del 50% que es el habitual de la industria” frente a otras.
Al mismo tiempo recuerda que “España no fue especialmente valiente a la hora de definir una obra como difícil en la normativa del 2015, y esto no ha favorecido a los productores y creadores, que tienen que competir con países de nuestro entorno que sí lo han sido”.
Por este motivo, los empresarios de la industria española deben asumir participaciones más minoritarias, extendiendo los procesos productivos en la búsqueda de financiación y perdiendo competitividad en la atracción de rodajes a nuestro país (con los consiguientes puestos de trabajo), etc.
No obstante, para ser plenamente eficiente, “la modificación que ahora se propone debe coordinarse con la normativa fiscal aplicable a la materia, incluida en el artículo 36.1 de la Ley de Impuesto de Sociedades. Debe haber una coordinación entre el ámbito regulatorio y fiscal que crea una estructura legal del sector coherente y segura”.
Iban Díez: “No es una reforma de calado”
Iban Díez es socio de Menta Abogados.
Por su parte, Iban Díez, socio de Menta Abogados destaca el escaso alcance de los temas que aborda esta reforma.
“Aborda tres cuestiones, las dos primeras de escasa relevancia: una, la mejora una serie de cuestiones administrativas y procedimentales que debían haberse tocado hace tiempo y otra, una tímida mejora en determinados aspectos de las coproducciones”.
Por encima de todo, destaca que el aumento del tipo de obras que pueden acceder a una intensidad mayor de fondos públicos en su financiación y aumento de los porcentajes de financiación pública para este tipo de obras es lo más importante de la reforma.
Díez recuerda que “todo el sistema de ayudas públicas al cine y al sector audiovisual está avalado y tiene sus restricciones marcadas por la normativa comunitaria. No olvidemos que las ayudas nacionales a sectores económicos están prohibidas en la Unión Europea.”
En ese orden de cosas, hasta ahora, las ayudas públicas a la producción que podía recibir una película nunca podía exceder del 50% de su presupuesto de producción y, en el caso de las coproducciones comunitarias, el 60%.
La nueva consideración de obras audiovisuales difíciles
Este jurista subraya que excepcionalmente, la legislación comunitaria permite que una obra audiovisual “difícil”, puedan tener acceso a unos porcentajes de ayudas públicas superiores.
Por ello los cortometrajes, las óperas primas y las películas rodadas en algún idioma cooficial al castellano, podían subir ese umbral de financiación pública al 75 %, 70 % y 60 % respectivamente.
Asimismo destaca que se amplían los porcentajes permitidos de financiación pública para este tipo de obras difíciles en varias cuestiones:
1.- El nuevo realizador se redefine como aquel que no haya dirigido o codirigido más de dos películas cuyo presupuesto no haya superado el millón de Euros. Estas podrán acceder a ayudas de hasta el 80% de su coste de producción.
2.- También se añade al catálogo de obras audiovisuales difíciles, aquellas dirigidas por personas con una discapacidad superior al 33 % y las dirigidas exclusivamente por mujeres. En estos casos el umbral de ayudas públicas se amplía a 80 % y 75 % del coste de producción respectivamente.
3.- Se abre la posibilidad a que obras que tengan un especial valor cultural o artístico aumenten su porcentaje de financiación pública hasta el 75 % del coste de producción, si bien el Reglamento remite a criterios que deberán fijarse por Orden Ministerial, y tendremos que esperar.
Como conclusión final revela que esta reforma sienta unas bases iniciales para mejorar y fomentar la producción del cine más pequeño, más de autor y menos comercial.
Y recuerda un comentario de Pedro Almodóvar en la reciente ceremonia de los Premios Goya:
«de todo el espectro que incluye el cine, el más frágil es el que he llamado independiente, ese que nace de la necesidad de hacerlo y que no está incluido en las plataformas ni en las televisiones, y esa franja a mí me parece importantísima. Es la más frágil, la que corre peligro de desaparecer».
Para Díez “es exactamente ese tipo de cine el que se trata de proteger con esta reforma. Parece que el equipo de cultura del Gobierno, que estaba en la gala junto al presidente Pedro Sánchez, podía respirar tranquilo ante la demanda del director manchego, porque la protección al cine independiente ya estaba en sus planes”.
Helena Suárez: La importancia de la Ley del Cine de 2007
Helena Suárez es socia de DaLawyers.
Por su parte, Helena Suárez, socia de DaLawyers señala que la Ley 55/2007 de 28 de diciembre, del Cine, supuso una mejora sustancial para la industria.
“Cambió el modelo de financiación del cine español, introduciendo la posibilidad de captar inversión privada a cambio de desgravación y créditos fiscales a través de las Agrupaciones de Interés Económico, las famosas AIEs”.
Hasta entonces, los productores españoles financiaban sus proyectos con apoyo principalmente en tres fuentes de financiación: ayudas públicas, financiación de terceros y preventas.
Hoy en día, “hay varios productores que se plantean financiar sus proyectos sin ayudas, pero no sin inversores privados”, aclara Suárez.
Y recuerda que se promulgó además en un momento clave, finales de 2007, el inicio de probablemente la mayor crisis económica de España y que afectó de manera especial al cine, reduciéndose la cuantía de los presupuestos de las películas como consecuencia, en parte, de la reducción de las dotaciones presupuestarias para las ayudas públicas.
“De no haberse previsto la introducción de los inversores privados, seguramente muchos proyectos no habrían salido adelante”, explica esta jurista.
Han pasado 12 años desde que viera la luz la Ley y era necesario un “retoque”. Sobre los cambios que afectan a los aspectos técnicos y procedimentales, le parecen “correctos”.
En cuanto a aquellos que afectan al fomento de la actividad, hay aspectos muy positivos y otros que necesitan de mayor recorrido o de medidas complementarias.
“Aprecio la apertura del concepto de “obra difícil” a los proyectos dirigidos tanto por mujeres como por personas con discapacidad”.
A su juicio, con la llegada de los nuevos players audiovisuales la demanda de contenidos es muy alta, y esta circunstancia es positiva, pero corremos el peligro de que las plataformas acaben fagocitando el mercado, imponiendo su forma de contar las historias, y que proyectos más personales no vean la luz por falta de atractivo comercial.
El apartado que hace más aguas para esta jurista son las medidas respecto de la coproducción internacional, ya que no reflejan la realidad del mundo global en el que vivimos.
“Debemos atraer el mejor talento a nuestra industria, esté donde esté y tenga la nacionalidad que tenga”, destaca Suárez.
Estas reformas deben extenderse a ley de extranjería cuando se trabaja a nivel internacional
Sobre la limitación de que el personal no comunitario del equipo esté limitado a un 10% o 15% o que no pertenezca a los países coproductores le parece un error. “creo que no estamos teniendo en cuenta el impacto del Brexit o damos de lado el talento asiático”, valora.
Y señala que “más allá de los porcentajes, esta provisión queda en agua de borrajas si no se introducen mejoras en la normativa de inmigración que tiene España, y que no está diseñada para este sector”.
Para Suárez “los equipos internacionales encuentran muchas dificultades a la hora de trasladar a sus equipos porque nuestro régimen legal no reconoce figuras habituales en la industria como el freelance y las loan-out companies”
Esta jurista subraya que “si la intención del Ministerio de Cultura es incrementar la internacionalización de los proyectos audiovisuales, la reforma de la ley de extranjería es imprescindible”.
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