La magistrada instructora, María Núñez Bolaños, contra quien el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el CGPJ, por supuesto "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción está infundada: Inspección del CGPJ respalda el trabajo de la magistrada Núñez Bolaños
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03/2/2020 11:41
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Actualizado: 03/2/2020 11:47
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado sin base la queja articulada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón –a instancia de los fiscales anticorrupción de Sevilla– contra la magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de esa ciudad, María Núñez Bolaños: No hay nada que reprochar a su trabajo. Está dentro de la normalidad.
El equipo de Inspección, formado por dos magistrados y dos letrados de la Administración de Justicia, realizó una inspección a fondo de dicho órgano judicial el pasado mes de octubre que se ha materializado en un informe de 401 folios.
Una de sus 17 conclusiones es esclarecedora: «Los escritos, peticiones de las partes, diligencias, actos de comunicación, trámites procesales e impulso del proceso se realizan en unos plazos razonables en relación a la carga de trabajo derivada de la instrucción, así como el que soporta la oficina judicial como consecuencia del trámite conjunto y simultáneo de la causa principal y del resto de piezas separadas abiertas».
Luzón actuó ante el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del CGPJ, Ricardo Conde, contra esta magistrada por el “retraso injustificado” en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE así como en el caso Avales y en el caso IDEA.
El informe de los inspectores del CGPJ constata, precisamente, esta discrepancia con el trabajo de la magistrada, que se ha traducido en la interposición de numerosos recursos que, al tener que contestar, ha lastrado todo el trámite procesal.
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla no queda bien parada.
PROFUNDAS DISCREPANCIAS DE LOS FISCALES CON LA MAGISTRADA
Y así lo constatan.
«Desde el primer momento han existido profundas discrepancias entre la magistrada instructora y las partes procesales, fundamentalmente la acusación pública, en torno a la delimitación subjetiva de los diferentes procedimientos derivados de las iniciales DIP 174/11″, dicen los inspectores.
Las DIP 174/11 son las diligencias previas de la causa matriz de los ERE, de la que se han originado el resto de las causas. Luzón argumentó que se estaba produciendo un injustificado» en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA.
«Estas discrepancias se han traducido en que la principal actividad procesal desplegada a lo largo de la instrucción haya consistido, fundamentalmente, en la resolución de los numerosos escritos en los que se solicitaba la inclusión o la exclusión de los investigados en cada una de las causas, así como de los innumerables recursos derivados de estas peticiones», se puede leer en el informe, al que ha tenido acceso Confilegal.
El equipo de inspección refiere el elevado numero de recursos en cada una de las causas analizadas.
«Su tramitación, con el consiguiente traslado a cada una de las partes personadas, que en algunos casos superaba la decena, ha lastrado seriamente todo el trámite procesal. Esta situación, además, se ha visto agravada por la interposición, contra una misma resolución, de diferentes tipos de recurso (devolutivos en algunos casos y no devolutivos en otros) o ante la impugnación consecutiva de varias resoluciones por las distintas partes procesales».
El pasado mes de julio, Confilegal publicó una información, citando fuentes cercanas al entorno de Núñez Bolaños, contestando a la queja interpuesta por los fiscales anticorrupción, que decían que «El enfrentamiento entre la magistrada y los fiscales se remonta a hace cuatro años. Han decidido concentrar su frustración en ella, cuando es la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla la que les está tumbando, uno tras otro, sus peticiones«.
EL MINISTERIO FISCAL RECURRÍA LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS DE DIFERENTE FORMA
A esto se refiere también el informe de Inspección en el que, en un estilo aséptico, describe una forma de actuar que bien podría calificarse como de filibusterismo legal.
«La mayoría de las resoluciones impugnadas ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla han sido confirmadas. En algunos casos, el Ministerio Fiscal volvía a reproducir ante el Juzgado de Instrucción la misma pretensión que previamente ya había sido resuelta, aunque con fundamento en el criterio mantenido por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, dando lugar con ello a una nueva sucesión de resoluciones: la primera resolución denegando aquella petición, y frente a ella interponiendo recurso de reforma y contra el auto desestimándolo, recurso de apelación, que fueron de nuevo desestimados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial», dice el informe.
El equipo de Inspección del CGPJ relata el número de incidentes procesales que se han producido por las denominadas «exclusiones de investigados en las distintas piezas».
A las mismas respondía la magistrada y «sin solución de continuidad eran impugnadas por parte del Ministerio Fiscal o acusaciones o bien por los investigados en caso de denegación, y que generalmente eran confirmadas por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial» en apelación.
«En cuanto a los señalamientos de declaraciones no se han observado, con carácter general, que se hayan producido desvíos alarmantes a tenor del número de investigados y testigos que han comparecido a lo largo de estos últimos años. En particular, ha de significarse la limitación que tuvo en la agenda del propio juzgado durante todo el año 2018, la celebración del juicio oral del procedimiento especifico en la Audiencia Provincial».
Los cuatro inspectores también señalan que cuando hicieron su trabajo «estaba concluida la instrucción de la gran mayoría de las DIP examinadas y por lo tanto a expensas del di citado de algunas resoluciones del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o pendiente de diligencias señaladas en la presente anualidad».
Por último, recomiendan que, a la vista de la carga de trabajo y complejidad de los asuntos que se tramitan, «es preciso y necesario mantener las medidas de refuerzo del órgano».
LA AJFV DESTACA EL «INEQUÍVOCO RESPALDO» DEL CGPJ A LA MAGISTRADA
Por otra parte, el Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) celebra el resultado del informe del Servicio de Inspección del CGPJ.
Desde la AJFV, dicen en un comunicado, “hemos defendido públicamente la profesionalidad de esta magistrada en varias ocasiones anteriores, exigiendo respeto para su trabajo ante los reiterados ataques, incluso personales, a los que se ha visto sometida”, algunos de los cuales para esta asociación de jueces y magistrados “excedían el límite de la crítica razonable a una servidora pública que resulta admisible en un Estado democrático”.
Y reiteran su «apoyo a la magistrada María Núñez Bolaños y al ejercicio independiente de su función jurisdiccional”, además de reclamar “que se le permita seguir trabajando sin interferencias para que los complejos asuntos de los que está conociendo puedan llegar a su fin”.
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