Manuel Palomares Herrera argumenta en su columna que el papel de la oposición es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La importancia de una buena oposición política
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08/2/2020 06:30
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Actualizado: 08/2/2020 04:49
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A la sazón de los últimos acontecimientos en la escena política, hemos desarrollado el pensamiento de delegar todo el control de la acción de gobierno en el Poder Judicial, que lo es, pero no es el único, ni el más destacado en nuestro Estado moderno.
La realidad es que afortunadamente existen varios retenes a nuestros gobernantes en el sistema, ya sean ministros, consejeros, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales o alcaldes.
Efectivamente, nuestra Carta Magna habilita en lo judicial varios agentes vigilantes en función de la materia política a tenor del artículo 106 de la Constitución, por empezar por alguno.
Ahí, se establece por ejemplo que los tribunales ordinarios “controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa” donde además se articula la jurisdicción Contencioso-Administrativa como sección especializada más relacionada con la labor de nuestros políticos en su actividad administrativa.
A continuación existe otro verificador de la legalidad, la justicia constitucional, ejercida por el Tribunal Constitucional (artículo 161 CE) observando el ajuste a la norma fundamental de las disposiciones emanadas de los distintos gobiernos y de sus procederes para con los demás.
También continua el texto con otra rienda, la que pone freno y lupa a la contabilidad pública. Lo desvela el artículo 136 rezando que otro tribunal, administrativo esta vez, el Tribunal de Cuentas será el “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público”.
Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos podríamos referirnos finalmente al fiscalizador por antonomasia, el Ministerio Fiscal (artículo 124 CE) misionero y promotor de ”la acción de la justicia en defensa de la legalidad” también en sede judicial.
FUNCIÓN DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA
Y ya llegamos a la oposición política, una lupa que no es nueva del régimen constitucional de 1978, ni siquiera es una institución política española, pues tenía ya sus raíces en la Grecia clásica, cuna de la Democracia.
La labor de la oposición, además de su imprescindible vocación de gobernar, es la de inspeccionar de cerca al gobierno de turno, controlar su procesos, ser un contrapeso, una alternativa, una esperanza de continuidad y la de denunciar a instancias judiciales cuando sea necesario.
La buena oposición no es la que busca entorpecer, poner palos en la rueda ni frenar, sino aquella que busca la transparencia en su labor, proponer alternativas edificantes y aportar la crítica constructiva y su importancia radica en que si hay una buena oposición, la garantía de la legalidad está asegurada.
Tengamos en cuenta que no son los jueces ni los fiscales los que están día a día en la misma planta que los equipos de gobierno, sino la oposición, una permanente sombra que representa a una población que no por haber perdido, pierde funciones, sino que gana la oportunidad de garantizar el cumplimiento y la diligencia.
Además desde el punto de vista de la eficiencia, es mucho más rápida una intervención política y una solución consensuada en el seno de una cámara de gobierno con la oposición que un largo y costoso procedimiento procesal.
NO SE PUEDE CAER EN LA «DESJUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA»
No por ello podemos caer en aquello de la “desjudicialización de la política” (ya escribiré algo sobre la politización de la justicia), cada uno tiene delimitada su parcela de responsabilidades, si uno es sorprendido asaltando una tienda y es denunciado no se está judicializando su vil labor, es que la labor judicial es justiciar las acciones tipificadas en el Código Penal o en otros códigos disciplinarios distintos donde sólo los tribunales tienen jurisdicción sobre determinadas infracciones.
La buena oposición además es una escuela de viabilidad, donde se van conformando ideologías por contraposición y donde se van consolidando programas que luego pueden defenderse llegados a un gobierno pues han madurado al otro lado de la tribunal.
Dice nuestra Constitución que los partidos son instrumentos para la participación política, y es cierto, pero hemos de interpretarlo en toda su extensión y esto toma grosor cuando se refiere a que los partidos políticos como personas jurídicas forman y manifiestan la voluntad popular, o lo que es lo mismo, el sentir de la calle.
La canalización de la opinión disidente a un gobierno es fundamental que se ubique como opción, empezando en la oposición y no en otros movimientos inconstitucionales o no previstos que al final se sitúan fuera de la legalidad, de ahí la necesidad de que toda la crítica popular existente contra un gobierno se identifique con alguno de los partidos de la oposición.
Un ejemplo lo tenemos en el 15-M, pues si bien antes de aquello existía un sector del electorado inconformista, desarticulado y desordenado al no sentir reflejada su opinión ni voluntad en ningún partido, se hizo a partir de aquellas manifestaciones una ampliación del arco político que ya si ofrece un completo y variado abanico ideológico que mantiene dentro de las cámaras políticas a todas las distintas sensibilidades.
No podemos obviar que este cambio de paradigma mejora la calidad democrática, empeora la maniobrabilidad ejecutiva o la gobernabilidad hasta que se creen sinergias de pacto que agilicen la consecución de acuerdos, algo que aún cuesta a la vista de la falta de mayorías y la consecutiva repetición de elecciones.
Una buena oposición es la que además hace que se ganen o pierdan unas elecciones, pues es el trabajo cuatrienal consistente el que queda en la memoria del electorado y no una efímera euforia de una campaña.
En definitiva, si queremos conocer la salud democrática y la predicción de estabilidad de un país, fijémonos en sus formaciones políticas en la oposición.
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