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Ignacio Ripol (Grant Thornton): “Es preocupante que solo una de cada diez empresas cuenten con sistemas de ‘Compliance'”

Un 45% de los directivos desconoce la responsabilidad legal que podría acarrearle no impulsar este áreaIgnacio Ripol, director de Compliance de Grant Thornton, es el autor de estas declaraciones.
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El director de ‘Compliance’ de Grant Thornton, Ignacio Ripol, considera “preocupante que solo una de cada diez empresas españolas cuenten con sistemas de ‘Compliance'”.

Este es el principal dato que arroja el informe de cumplimiento normativo penal –también denominado ‘Compliance’ Penal– titulado ‘Hacia sistemas de cumplimiento avanzados’, que Grant Thornton ha elaborado a partir de 400 encuestas, realizadas entre mayo y junio de 2019, a altos directivos de empresas españolas.

La falta de conciencia por parte de los directivos de la posibilidad de incurrir en responsabilidades legales es una de las principales causas de ausencia de sistemas de cumplimiento.

“Muchos piensan que no les afecta, que en su organización es difícil que se cometa algún delito, lo ven muy remoto”, subraya.

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Para Ripol, uno de los retos para revertir este dato es “hacer llegar bien el mensaje” de manera que las empresas entiendan que implantar sistemas de ‘compliance’ “no es un gasto, sino una inversión”.

Asimismo, apunta que pronto “el ‘Compliance’ va a ser un requisito de mercado”.

En este sentido, el director de ‘Compliance’ de Grant Thornton reconoce que muchas empresas interpretan el sistema de ‘Compliance’ “como si fuera una póliza de seguros”, pero “la realidad es que el ‘Compliance’ aporta mucho más, ya que es un activo intangible de la compañía que tiene mucho potencial” porque “evita responsabilidad penal a la empresa y evita responsabilidad civil a los administradores”.

Además, “genera credibilidad, transparencia, atrae inversión, retiene talento y ayuda a definir los valores éticos y compromisos de la organización. En definitiva, el ‘Compliance’ tiene muchos más aspectos positivos que negativos”.   

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DIEZ AÑOS DESPUÉS HAY GRANDES CARENCIAS TODAVÍA 

Y es que prácticamente 10 años después de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, cada vez se oye hablar más de ‘Compliance’ en las empresas pero estas presentan importantes carencias en la forma de adoptar modelos de prevención de delitos.

Según el Informe, dos tercios de las empresas consultadas manifiestan carencias graves en materia de ‘Compliance’, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores.

El estudio acredita también que las empresas españolas muestran una gran variedad de aproximaciones al ‘compliance’, que solo una de cada cuatro cuenta con un presupuesto específico para la materia, y que la mitad destinan a la misma menos de 10.000 euros.

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Con el objetivo de conocer el contenido de los sistemas de ‘Compliance’ de las empresas españolas, la firma de servicios profesionales creó el Índice de Cumplimiento Grant Thornton: un indicador que sintetiza las respuestas de las empresas a un conjunto de preguntas sobre sus sistemas de gestiona de ‘Compliance’ penal que abarcan por ejemplo de qué órganos de cumplimiento disponen, si cuentan o no con un código ético o con una política anticorrupción, si tienen intención de mejorar su sistema o si este cuenta con un presupuesto específico.ç

BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS 

Aunque, solo en los últimos cinco años, se han producido en España 10 procesos sancionadores contra personas jurídicas con multas superiores a los 900.000 euros, el estudio de Grant Thornton revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de ‘compliance’ puede acarrear responsabilidades a los administradores.

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Según Ripol, “un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales, de modo que la falta de desarrollo de la función de ‘compliance’ en nuestro tejido empresarial es una importante amenaza”.

Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los directivos sitúan en primer lugar a las sanciones administrativas (54%), seguidas de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados, empatados en un 44%.

El temor al impacto de una hipotética sanción por infringir el derecho de competencia es en cambio relativamente bajo (20%).

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Consultados en cambio no por qué riesgos les preocupan más sino por cuáles creen que es más probable que afecten a sus empresas, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados.

Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (23%).

LA PÉRDIDA DE LA REPUTACIÓN, PRINCIPAL CONSECUENCIA DE UN MAL MODELO DE ‘COMPLIANCE’

Para ocho de cada diez empresarios encuestados por Grant Thornton, la pérdida de credibilidad o reputación es el principal impacto de la comisión de delitos por parte de sus organizaciones.

Un 71% se muestra preocupado por el coste de las sanciones por esos incumplimientos, y un 57% teme que provoquen distorsiones operativas en su empresa.

Ignacio Ripol afirma sin embargo que “existen grandes diferencias entre sectores a la hora de determinar qué impactos les preocupan más ante la hipotética comisión de un delito. Al hilo por ejemplo de los escándalos que se produjeron en 2015 en torno a los controles técnicos de emisiones contaminantes de vehículos, el sector de la automoción muestra una preocupación mucho mayor por el impacto en su reputación al de otras actividades como el comercio o la hostelería”.

El estudio de Grant Thornton revela asimismo que, en los últimos cinco años, el 4% de las empresas encuestadas reconocen haber hecho frente a algún procedimiento por la comisión de delitos. Dos tercios de las mismas han recibido reclamaciones por cuestiones laborales, y la mitad por temas tributarios.

VENTAJAS DE UNA BUENA FUNCIÓN DE “COMPLIANCE” 

Preguntados por las principales ventajas de contar con programa de compliance, los empresarios sitúan en primer lugar evitar sanciones económicas (22%), daños reputacionales y de imagen (15%) e implantar una cultura ética y de integridad en sus organizaciones (10%).

Por detrás de estos beneficios, se sitúan la mejora del servicio al cliente, la credibilidad en el mercado y la responsabilidad con la sociedad.

Ripol añade asimismo que “una política de compliance adecuada permite afrontar serias ineficiencias en las empresas, y, además, sin llegar a garantizar una conducta adecuada de los empleados, sí la hace más probable”. Así lo acreditan los propios empresarios encuestados, en tanto que siete de cada diez correlacionan disponer de políticas y normas éticas con suscitar comportamientos adecuados entre sus empleados.

Sobre los motivos que conducen a las empresas españolas a adoptar programas de prevención de delitos, ocho de cada diez de las que ya cuentan con uno sitúan en primer lugar las motivaciones éticas, seguidas del temor a demandas o sanciones (59%) y las exigencias de sus matrices (49%).

En cambio, solo tres de cada diez afirman haberse dotado de un sistema de compliance tras detectar que sus competidores ya contaban con uno.

RADIOGRAFÍA DE LA ADOPCIÓN DEL “COMPLIANCE” EN ESPAÑA 

Constatado que solo una de cada diez empresas españolas dispone de un verdadero sistema de ‘compliance’, el estudio de Grant Thornton ha profundizado en cómo articula esta función nuestro tejido empresarial.

El 75% de los directivos encuestados, por ejemplo, manifiesta que su sistema de gestión cuenta con un órgano encargado de garantizar el cumplimiento normativo.

En tres cuartas partes de los casos, ese órgano es además independiente, repartiéndose en el resto de ocasiones en las áreas de administración, legal o de recursos humanos.

Siete de cada diez empresas incorporan a su sistema de ‘compliance’ bien un código de conducta o un código ético: un instrumento mucho más generalizado a los documentos- resumen de la estrategia y política de compliance (54%), los canales éticos o de denuncias (46%) o a las políticas anticorrupción (42%).

En materia presupuestaria, solo dos de cada diez empresas encuestadas afirman disponer de un presupuesto específico para cuestiones de ética y compliance, y más de la mitad destinan a esta área menos de 10.000 euros.

Pese a esa dotación presupuestaria relativamente baja, el 70% de las empresas analizadas revisan por lo menos periódicamente sus riesgos.

Alrededor de la mitad lo hace con carácter anual, pero todavía hay un 40% que no tiene una periodicidad fija para esas evaluaciones de su modelo de prevención de delitos, imprescindibles según Ripol porque “resulta tan importante desplegar un sistema avanzado de compliance como analizar periódicamente su funcionamiento y verificar si presenta riesgos”.

Por último, las empresas españolas también presentan margen de mejora a la hora de brindar a sus empleados formación específica sobre ética, integridad y compliance.

Una de cada cuatro no lo ha hecho nunca, por bien que el 40% sí lo hace de forma ocasional y el 30% las realizada anualmente.

Además, las que sí llevan a cabo este tipo de formaciones reciben una buena puntuación por parte de sus empleados –en concreto, de 7,6 puntos sobre 10–, y, tras las mismas, el 31% de esas plantillas declara que sus organizaciones están muy preparada para prevenir delitos.