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Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España: “Es necesario acometer un plan estratégico para prevenir la corrupción”

La presidenta de Transparencia Internacional España es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid.
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La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, hace un repaso a sus primeros doce meses en el puesto, así como un análisis de la situación en España, las previsiones para el futuro y las herramientas necesarias para implantar una cultura de la transparencia frente a la corrupción. Considera necesario “acometer un plan estratégico holístico para su prevención”.

Silvina Bacigalupo es catedrática de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en 1992 y obtuvo el doctorado en 1997. Ha sido profesora titular de Derecho penal, vicedecana de Investigación y Plan de Estudios y catedrática acreditada de Derecho penal. Su compromiso con Transparencia Internacional España hacía necesaria esta entrevista: un balance de su actuación.

Tras un año como presidenta de Transparencia Internacional España, ¿se han cumplido sus expectativas iniciales?

Hacer balance de un año tan intenso como ha sido 2019 para “Transparency International” y, en particular, para el capítulo español, no resulta fácil. La expectativa era, sobre todo, tener la capacidad de enfocar la nueva estrategia de la organización para 2030 y adaptar el capítulo español a los cambios de gobernanza que se están llevando a cabo desde el Secretariado para toda la organización.

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En este sentido, “Transparency International”-España ha tenido un año de cambios en estos dos aspectos -estrategia y gobernanza- alineados con los del movimiento a nivel global.

Es importante encajar la agenda global de TI con las agendas nacionales de los capítulos. Por ello, en la Asamblea Anual celebrada el pasado noviembre de 2019 se han terminado de definir los temas estratégicos y las áreas prioritarias de actuación para la prevención de la corrupción que hemos publicado en nuestro documento Visión 2030.

Durante 2019 el Secretariado internacional y todos los capítulos han estado trabajando intensamente en la definición de la estrategias, se han llevado a cabo encuestas a expertos y a los diferentes “stakeholders” [interesados].

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Asimismo, la organización está realizando los cambios de gobernanza necesarios para una organización del siglo veintiuno, lo que conlleva necesariamente también la adaptación de los capítulos. Tras 25 años de existencia, el “Board” [consejo] internacional, de la mano de nuestra presidenta internacional, Delia Ferreira, ha acometido una reflexión profunda, conjuntamente con toda la organización, para preparar y fortalecer su rol y su misión en la próxima década.

¿Puede hacer un balance de los últimos doce meses?

El balance es positivo, aunque aún queda mucho trabajo por delante. No solo hemos estado estudiando y definiendo los temas estratégicos para nuestra agenda nacional, sino también, desde la perspectiva de organización interna, ha sido necesario reorganizar el equipo, reforzar las áreas de trabajo, intentar incrementar los recursos, entre tantas otras cuestiones.

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¿Cuál ha sido el mayor reto?

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Sin duda, institucionalizar y lanzar nuestro Foro de Integridad Corporativa. Los Foros de Integridad Corporativa (“Business Integrity Forum-BIF) de TI es la forma en que TI ha incorporado al sector privado comprometido con la prevención de la corrupción y el desarrollo de buenas prácticas en un grupo de trabajo con las empresas para fortalecer sus políticas anticorrupción y su compromiso por una cultura empresarial de cumplimiento.

En España empezamos a lanzar este foro, en una primera versión piloto, en 2016, en el marco del Proyecto “Siemens Integrity Iniciative”. El trabajo que se llevó a cabo tuvo como resultado una acogida muy positiva por parte de las empresas que participaron, según la encuesta interna realizada por KPMG. De esta forma, pudimos abordar el proyecto más ambicioso y desarrollar su institucionalización.

El pasado octubre se lanzó con las primeras empresas que han decidido incorporarse de manera formal y ser miembros del Foro mostrando su incondicional compromiso por el buen gobierno, la transparencia y la prevención de la corrupción.

La presidenta de Transparencia Internacional España aprecia los avances conseguidos pero reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer.

¿Qué finalidad tiene este foro?

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Es doble: por un lado, trasladar la experiencia de TI ofreciendo a las empresas acceso de primera mano a todas las herramientas anti-corrupción elaboradas por TI, sesiones específicas sobre los cambios normativos y la mejor forma de prepararse para los que van a venir, desde una perspectiva nacional e internacional; por otro lado, es un foro en el que los representantes de cada empresa de las áreas de gobierno corporativo, “Compliance”, gestión de riesgos, legal, trasladan sus preocupaciones y comparten sus mejores prácticas. Ello nos permite avanzar en los temas esenciales para la agenda del sector privado y extraer las experiencias para ir desarrollando conjuntamente mecanismos de mejora.

El Foro está abierto a las empresas que decididamente apuestan por una cultura empresarial con el compromiso de impulsar la transparencia e integridad.

¿Y de cara al futuro?

Comienza una legislatura y es necesario también contribuir con nuestras investigaciones, como ya venimos haciendo a lo largo de todos estos años, a la agenda legislativa para la prevención de la corrupción.

Aunque tras la moción de censura la corrupción ha dejado de estar todos los días en las portadas de los medios de comunicación, no significa que el problema o los problemas que hemos tenido hayan desaparecido.

Es verdad, que en la preocupación ciudadana, según el CIS de diciembre 2019, ha caído un 21 % y era la cuarta preocupación, no se puede soslayar los problemas que se han padecido.

Éstos no desaparecen por el hecho de concurrir a elecciones.

Es necesario, tras el análisis de lo ocurrido al menos en los últimos veinte años, acometer un plan estratégico holístico para la prevención de la corrupción.

Tengo la sensación, como muestran ya las primeras proposiciones de ley registradas, que casi ha faltado tiempo para que ya estén las primeras propuestas, por ejemplo, para la transposición de la Directiva de protección de informadores.

Es muy de agradecer, pero sería necesario una revisión técnicamente sólida de todos los instrumentos existentes, de cuáles debemos prescindir, cuáles deberían reformarse, cuáles derogarse parcialmente, y a partir de ahí ofrecer una legislación anti-corrupción que pueda dar armonía y estabilidad legal a los diferentes temas que confluyen.

Creo, y esta es una opinión evidentemente muy personal, que es importante dejar de legislar a golpe de titular y analizar en profundidad las necesidades para una mejor legislación.

Más importante que correr para ser el primero en presentar una propuesta de ley, hay que correr para presentar un conjunto de políticas públicas estructuradas y sólidas que contribuyan a un verdadero fortalecimiento de las instituciones democráticas.

“Tengo la sensación, como muestran ya las primeras proposiciones de ley registradas, que casi ha faltado tiempo para que ya estén las primeras propuestas, por ejemplo, para la transposición de la Directiva de protección de informadores”

¿Cree que por fin empieza a calar en España la cultura de la ética, tanto empresarial como política o personal?

Sin duda, estamos ante una sociedad más exigente y más sensible ante lo acontecido en los últimos años. Tanto en la administración pública, como en el sector privado, se están empezando a tomar medidas. Pero lo cierto es que los cambios son lentos.

¿De dónde cree usted que nos viene la fama de país pícaro y corrupto?

De un erróneo o superficial análisis de la realidad. El problema empieza por la educación, pero son las instituciones democráticas débiles y los controles deficientes los que han permitido que se eludan los mecanismos de control, que no se fortalezcan los que se constatan como insuficientes y que haya sido posible el mal uso de mecanismos jurídicos para eludir los controles.

En los casos que hemos visto en el ámbito autonómico y local son un ejemplo claro. Más que un tema cultural, es un problema de instituciones democráticas que deben ser fortalecidas.

Además de con la educación, ¿qué otras armas son importantes para combatir la cultura de la corrupción?

En España en particular las causas las encontramos en las deficiencias institucionales vinculadas, fundamentalmente, a la financiación local, autonómica y a la de los partidos políticos, así como la contratación pública.  Son ámbitos cuyas reformas no están en agenda de las políticas anti-corrupción de forma integradas y son prioritarias en un plan holístico.

Estas deficiencias no se arreglan con códigos éticos, protección de informadores y portales de transparencia. Éstos son elementos esenciales del sistema, pero no la solución a un sistema cuya estructura requiere una urgente revisión de muchas otras piezas que lo configuran.

¿Están preparando el siguiente plan estratégico 2021-2030?

Nuestro plan estratégico no es para 2021, sino para 2030. Dentro de este plan estratégico, los resultados de los estudios que se han llevado acabo en TI nos han identificado que las cuestiones vinculadas a la relación entre “política y dinero” son el centro neurálgico de las demás cuestiones vinculadas a la corrupción donde se entrelazan las mayores causas que terminan debilitando los sistemas institucionales y ponen en peligro la democracia.

En este sentido, un área prioritaria es trabajar en las propuestas de políticas públicas para proteger la integridad política (financiación de los partidos políticos y campañas, abuso de los recursos del Estado para dicha financiación, captura del Estado, clientelismo, puertas giratorias) y directamente vinculado a ello se encuentra también la prevención de los flujos ilícitos de dinero (medidas para la prevención del blanqueo de capitales, identificación de últimos beneficiarios de sociedades, recuperación de activos, soborno transnacional).

Todos estos temas no dejan de estar también presentes en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este sentido, si queremos contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible los problemas mencionados inherentes a la problemática de la corrupción y su necesaria prevención deberían ser un Objetivo en sí mismo y no solo una meta del Objetivo 14.

¿Cuáles serán sus líneas maestras?

Dos son los campos de acción: alianzas estratégicas para fortalecer e impulsar las políticas públicas de las instituciones y la actividad legislativa en estos temas, así como promover la importancia del compromiso de la sociedad civil para acercar las instituciones públicas ciudadanía y recobrar la confianza.

¿Cómo se incrementa el nivel de información de las instituciones públicas para –como usted dice- acercarlas así a  la ciudadanía?

El nivel de información que hay que ofrecer a la ciudadanía a través de los mecanismos de transparencia debe estar contrastado, jerarquizado y evaluado. Para que la rendición de cuentas pueda ser efectiva requiere que la información pueda llegar estructurada y contextualizada al destinatario.

“Las cuestiones vinculadas a la relación entre ‘política y dinero’ son el centro neurálgico de las demás cuestiones vinculadas a la corrupción donde se entrelazan las mayores causas que terminan debilitando los sistemas institucionales y ponen en peligro la democracia”

¿Hay instituciones que todavía se resisten o son en general colaborativas?

En términos generales hay cumplimiento de la Ley de Transparencia. Cuestión distinta es que la Ley contemple adecuadamente todas las hipótesis y casuística que debería contribuir a una efectiva rendición de cuentas. No hay que olvidar que aún a día de hoy estamos sin Reglamento.

 ¿En general, está satisfecha Transparencia Internacional España con los resultados del índice 2019?

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019 que hemos hecho público el pasado día 23 de enero España ha obtenido 4 puntos más que el año pasado situándose en 62/100 (frente a los 58/100 del año 2018).

Es una mejora considerable. La causa de esta mejora se relaciona con uno de los indicadores que se miden en este índice que es el efectivo enjuiciamiento de los casos de corrupción. Y en este sentido, en España los casos se han investigado por la justicia y ya están las primeras sentencias.

Pero ello no significa que España haya acometido las reformas estructurales que ya se han señalado. Para poder considerar que un país mejora de forma efectiva es necesario, conforme a la metodología del IPC que se mantenga al menos 4 años consecutivos en dicha posición o continúe ascendiendo.

No hay que olvidar que España sigue estando 3 puntos por debajo de la puntuación que tenía en 2012.

¿El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica es el origen del “Compliance”?

No. “Compliance” ya existía antes y en muchos ámbitos sectoriales ya se venían desarrollando políticas de prevención, por ejemplo,121 blanqueo de capitales, en la normativa sectorial del mercado de valores, en todo el ámbito regulatorio en definitiva ya existe con anterioridad.

Lo que sí es una consecuencia de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la posibilidad de que un programa de cumplimiento normativo pueda tener, si se dan los requisitos necesarios previstos en el Código penal, el efecto de una causa eximente de responsabilidad penal para la persona jurídica.

¿Le queda mucho recorrido en España a la cultura empresarial de cumplimiento?

En general diría que el hecho de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas ha dado un impulso importante a la conciencia de qué tipo de cultura empresarial hay que tener.