Hoy por hoy no se va a renovar ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, ni el Defensor del Pueblo. Para todos ellos son necesarios tres quintas partes de los votos del Congreso de los Diputados –210– y ese número solo lo suman dos partidos juntos: PSOE y PP.
Por eso la reunión que van a mantener hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, no va a tener ninguna traducción material.
¿Invierno nuclear? Algo parecido.
El PP no está por la labor de renovar nada. No con este estado de cosas.
No después de la selección, como nueva fiscal general del Estado, de Dolores Delgado, exministra de Justicia, que el próximo día 20 comparecerá ante la Comisión de Justicia, como es preceptivo.
Nadie tiene que votar su nombramiento. No es preceptivo, pero los partidos de la oposición, en especial el PP, no se lo van a poner ni fácil ni cómodo.
Y tampoco después de la decisión del gobierno de modificar los tipos penales de la sedición y la rebelión del Código Penal con el fin de facilitar la salida de los condenados en el juicio del «procés».
Por eso no pasa el principal partido de la oposición.
Pero es que el Gobierno de Sánchez necesita hacerlo para conseguir su «Santo Grial»: aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
España vive con los últimos PGE que elaboró el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, en 2017.
Y sin ellos, la única salida que le quedaría a Sánchez sería convocar nuevas elecciones generales.
Otra posibilidad que se ha estado estudiando es la vía del indulto.
Lo puede pedir cualquiera y no preceptivo que el condenado se retracte de lo dicho.
Pero eso sería dejarse muchos pelos en la gatera electoral.
Es cierto que el Gobierno podría dar el indulto, pero ¿qué pasaría con la pena de inhabilitación?
Bueno, hay dos antecedentes a los que, con toda seguridad, se agarrarán, si llega el caso.
El primero es el del exmagistrado Javier Gómez de Liaño, que fue condenado por la misma Sala de lo Penal, en 1999, por un delito de prevaricación continuada a la pena de 3.253 euros y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El Gobierno de José María Aznar le indultó, en junio de 2001, esos 15 años de inhabilitación, pero Gómez de Liaño no regresó a la judicatura.
El segundo antecedente es el del consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que había sido condenado el 24 de febrero de 2011, por la Sala de lo Penal a 3 meses de arresto.
Lo que conllevaba la pena accesoria de suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras y multa de 400 euros.
Dicho de otra forma: su suspensión como banquero.
Sáenz, mientras fue presidente de Banesto, ordenó en 1994 presentar una denuncia falsa por estafa y alzamiento de bienes contra tres empresarios a los que el banco reclamaba un crédito.
Los empresarios fueron encarcelados por el exmagistrado Luis Pascual Estevill, que después fue condenado por prevaricación por esa causa.
El último Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero indultó a Sáenz, el 25 de noviembre de 2011, lo que sería el equivalente a la inhabilitación para cargo público.
Con esos antecedentes, cabe la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez trate de indultar a los condenados, y en especial a Oriol Junqueras, una vez reducida la pena de sedición a unos años que les permitirían obtener el tercer grado (aunque con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ya lo están haciendo) y la libertad.
En el paquete del indulto irán tanto la pena de cárcel como la de inhabilitación, permitiéndoles volver a la arena política.
Quedaría, eso sí, un «pequeño obstáculo»: el informe preceptivo del tribunal sentenciador del Tribunal Supremo, que seguramente no sería positivo.
Si esto, o algo parecido, se produjera, la posibilidad de conseguir aprobar los futuros presupuestos, con la abstención o el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, sería materialmente posible.
Y con ello una legislatura de al menos tres años.
Pero por eso no pasa el PP, que considera que con ello se está resquebrajando la unidad de España.
Y eso supone que, por ahora, no se va a renovar ni el CGPJ, ni el Constitucional, ni el Defensor del Pueblo. Porque sus votos no van a sumarse a los del PSOE.
Es lo que hay.
Por ahora.
