El historiador Josep Lluís Alay -a la izquierda- fue detenido en Alemania cuando acompañaba a Puigdemont; el pasado viernes el juez archivó la causa para él y el senador Josep María Matamala y propuso juzgar a los dos 'mossos' que iban también. Foto: EP
La Fiscalía se querella contra el jefe de la oficina de Puigdemont por malversación
Por presuntamente "abusar" de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia
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18/2/2020 09:21
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Actualizado: 18/2/2020 09:35
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La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el responsable de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay Rodríguez, por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa.
Por presuntamente «abusar» de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje en 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, así como gastos de los peajes de autopista del trayecto a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), el 3 de septiembre de 2018, donde están internos siete líderes independentistas condenados por el ‘procés’.
La Fiscalía señala que «a la vista de las funciones y actividades que el querellado tiene encomendadas no existe razón alguna que justifique el pago con cargo a la partida presupuestaria ‘Oficina del expresidente» de estos dos conceptos.
La querella ha recaído en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona.
Se dirige también contra la secretaria general de Presidencia, Meritxell Massó, por autorizar dichos gastos.
Puigdemont, que recientemente ha logrado la condición de eurodiputado, dispone de una oficina regulada por una ley catalana de 2003 sobre el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat, que dirige Josep Lluís Alay.
El historiador Josep LLuís Alay es una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en marzo de 2018 en Alemania en aplicación de la euroorden emitida por el Tribunal Supremo.
Alay estaba investigado por un supuesto delito de encubrimiento de rebelión en la causa por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido. El pasado viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón lo desimputó y también al empresario y senador Josep Maria Matamala.
El juez ha propuesto juzgar por un delito de encubrimiento a los dos ‘mossos d’Esquadra’ que también lo acompañaban.
SEGÚN LA FISCALÍA, SE EXCEDIÓ EN LAS FUNCIONES QUE TIENE ATRIBUIDAS Y SE APARTÓ DE SU OBLIGACIÓN DE SERVIR A LOS INTERESES GENERALES CON EL PROPÓSITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La Fiscalía abrió una investigación el 20 de septiembre de 2018 por si se había nombrado a Alay «contraviniendo de manera deliberada y arbitraria la normativa aplicable a la creación de puestos de trabajo».
Tras investigar los hechos, la querella se centra en la petición, autorización y pagos supuestamente indebidos por parte de éste.
Según el Ministerio Público, actuó «abusando de su condición de responsable de la Oficina» de Puigdemont, «excediéndose en las funciones que como tal tiene atribuidas» en base a la resolución PRE/1635/2018 de 11 de julio.
Considera que Alay se apartó «de su obligación de servir a intereses generales propios del personal de la administración pública y con el propósito de enriquecimiento ilícito».
Según relata, Josep Lluís Alay solicitó autorización como responsable de la oficina de Puigdemont ante la Consejería de Presidencia de la Generalitat para viajar a Nueva Caledonia como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia respecto a Francia -que perdieron los independentistas-, con un coste de billetes de avión de 4.389,79 euros, a los que se suman los justificantes de fondo de maniobra por comidas por valor de 337 euros.
Indica que todos los gastos fueron «asumidos y atendidos» por el Departamento de Presidencia y abonados a través de la partida presupuestaria correspondiente a la Oficina del expresidente.
La Fiscalía señala que que con la misma operativa se abonaron los peajes de autopista que Alay abonó cuando acudió al centro penitenciario de Lledoners.
El fiscal expresa que, «de confirmarse los indicios de criminalidad expuestos y sin perjuicio de que la instrucción permita perfilar las calificaciones jurídicas finalmente aplicables, pudieran haberse cometido alguno o algunos de los siguientes delitos»: delito continuado de malversación de caudales públicos y delito de prevaricación administrativa.
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