La Audiencia Nacional ha ordenado hoy al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN que reabra la investigación a los mossos d’esquadra Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, el empresario Josep María Matamala, y el historiador Josep Lluís Alay, quienes acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania el pasado marzo.
Vuelven a estar investigados por un presunto delito de encubrimiento de rebelión. En su día fueron denunciados por la Policía Nacional.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, considera que estos cuatro individuos necesariamente tuvieron que conocer la situación de huido de la Justicia de Puigdemont cuando le acompañaron en su viaje en coche desde Estocolmo (Suecia) hasta Alemania.
El arresto de Puigdemont se produjo el 25 de marzo, poco después de traspasar la frontera de Alemania, en cumplimiento de una euroorden activada dos días antes por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’.
El tribunal ha estimado así el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento provisional de la causa dictado el pasado octubre por el juez Diego de Egea, que estaba entonces de refuerzo del magistrado Manuel García Castellón, quien ahora se hará cargo de esta investigación.
El juez De Egea basó su decisión en que estas cuatro personas «no tenían conocimiento» de la orden europea de detención que pesaba sobre Puigdemont, al haberse activado justo dos días antes del arresto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió alegando que eran hechos notorios que en aquel momento Puigdemont, al igual que otros miembros de su ejecutivo, se encontraban investigados por delitos de rebelión, así como que no había comparecido ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha emitido hoy un auto en el que señala que la conducta de los cuatro acompañantes encaja en la ayuda para eludir la investigación y sustraerse a la busca y captura, «en esa situación de huido de la Justicia española que necesariamente tuvo que ser conocida por todos los investigados en esta causa», indicio suficiente de la «comisión del delito de encubrimiento imputado».
Los magistrados destacan «el inusual trayecto que se prestaron a realizar todos los investigados» desde Estocolmo para hacer más de 2.000 kilómetros en coche, lo cual es indicativo, según afirman, «de la finalidad que perseguían: dificultar la posible detención del señor Puigdemont en su regreso a Bélgica».
«Es difícil imaginar otro motivo para la realización de un viaje tan prolongado, incómodo e incluso arriesgado, cuando estaban a la disposición de todos ellos sistemas más rápidos, cómodos y seguros», apuntan.
El tribunal concluye que la actuación de los dos mossos, que estaban de permiso esos días, el empresario, y el historiador estaba dirigida a evitar que otros países diferentes a Bélgica, donde residía Puigdemont, pudieran consentir la entrega de éste a la Justicia española.
Considera que la supuesta intención de Puigdemont de ponerse a disposición de las autoridades belgas, como alegan las defensas de los investigados, «refuerza esos indicios de la consciente colaboración de los investigados para este auxilio constitutivo del delito de encubrimiento».
