La abogada General del Estado, Consuelo Castro Rey, ha cesado como responsable de esta institución en Hacienda a Carmen Tejera, que fue una de las peritos que defendió la comisión del delito de malversación cometido por los líderes independentistas durante el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Carmen Tejera, cargo de confianza, era la jefa del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Hacienda a cargo de Cristóbal Montoro encargado de analizar el uso de fondos públicos del Govern, junto a Sara Izquierdo y Teresa Hernández.
Las tres funcionarias, que comparecieron en el juicio del ‘procés’ en el Supremo a petición de la Fiscalía, realizaron el informe sobre «determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum».
En su declaración, junto a otra de la Intervención General del Estado (IGE), desmontaron las tesis de las defensas sobre la ausencia de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.
Según relataron, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, puesta en marcha de webs o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.
También apuntalaron sus acusaciones de malversación sobre los pagos realizados por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) o las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, entidades ambas que forman parte de la Hacienda pública catalana.
Carmen Tejera, que negó asimismo que ella ni su equipo recibieran «en modo alguno» instrucciones de sus superiores para realizar su trabajo, encabezó el grupo de trabajo creado a partir de enero de 2018 en Hacienda y que reunía a siete funcionarios -todos mujeres, con una sola excepción- que se dedicaron a la «verificación de la verdad material» de las cuentas.
Este grupo tenía como objetivo también el de facilitar información al Juzgado de Instrucción numero 13 sobre la existencia de algún acto contable que pudiera estar relacionado con el 1-O.
CRÍTICAS DE PP Y VOX
Tras conocerse el cese, fuentes del PP han indicado que presentarán iniciativas parlamentarias en el Congreso para aclarar lo que ha sucedido.
El líder de la formación, Pablo Casado, ha encuadrado el cese de la abogada del Estado «que ratificó la acusación de malversación a los dirigentes de la Generalitat procesados» en «un nuevo pago a los independentistas que también han puesto precio a una letrada clave en el juicio del procés».
«Sin ningún pudor. Y sin límites. El primer pago de la mesa de negociación ha sido el cese de la Abogada del Estado del Ministerio de Hacienda, cuyo testimonio pericial en el juicio del ‘procés’ señalaba la posible malversación de fondos de los acusados. Parad esto ya», ha denunciado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Mario Garcés, en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.
En la misma línea, la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha denunciado que Tejera ha sido cesada «por no plegarse a los intereses del Gobierno».
«Cesada después de 17 años por la Abogacía General del Estado que se ha plegado a las rendiciones del Gobierno. Cuanta indecencia», ha escrito la diputada de Vox y abogada del Estado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.
