El Ministerio de Justicia ha trabajado con total lealtad y colaboración con el Ministerio de Igualdad en la redacción del texto final del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, aprobado ayer martes en el Consejo de Ministros y que ahora comenzará su andadura en el Parlamento para su aprobación.
Según ha podido saber Confilegal, la cartera que dirige Juan Carlos Campo, ha demostrado su profesionalidad y entrega mejorando, en un tiempo récord, el texto elaborado por el equipo de Irene Montero, titular de Igualdad; haciéndolo viable para su aprobación.
En ello se han invertido todos los recursos humanos y materiales en los pasados días, incluyendo el fin de semana. Unidas Podemos no puede articular ningún pero a la colaboración prestada ni al trabajo realizado.
El Ministerio de Justicia disponía de un anteproyecto redactado y cerrado desde febrero de 2019, que había sido elaborado cuando Dolores Delgado era ministra.
Pero Montero ha querido elaborar el suyo, lo que ha provocado algunas tensiones que, desde el PSOE, se han minimizado.
Fuentes de ese Ministerio no quisieron entrar a valorar las declaraciones, realizadas ayer por la tarde, por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, defendiendo la calidad jurídica técnica del texto impulsado por su esposa.
Iglesias afirmó, desde los pasillos del Senado, que «en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado».
El líder de Unidas Podemos contestaba así a una noticia de la Cadena Ser sobre el «Informe sobre el borrador de la Ley Orgánica de Garantía del Derecho a la Libertad Sexual», un estudio analítico previo realizado por los expertos del Ministerio en el que su contenido redactado por los expertos de Montero no salía demasiado bien parado.
En el mismo, Justicia comunicó a Igualdad que había utilizado una «inadecuada técnica legislativa» incluyendo «contenidos normativos que no requieren rango legal» y que chocaban con otras leyes.
De acuerdo con las mismas fuentes del Ministerio, que han quitado hierro al asunto, nada ha cambiado.
El compromiso con las políticas de igualdad, impulsadas por los anteriores gobiernos socialistas, tienen, a día de hoy, la máxima prioridad porque son una de sus señas de identidad más identificativas.
