Los cinco vocales del Consejo Fiscal por la Asociación de Fiscales (AF) transmitieron ayer sus reivindicaciones a la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con ocasión del primer pleno del Consejo Fiscal que preside.
Entre sus reclamaciones, destaca la necesidad de recibir información por parte del Ministerio de Justicia sobre los trabajos y proyectos legislativos dirigidos a la reforma del proceso penal.
Así, sobre una posible reforma que sitúe al fiscal al frente de la instrucción, los vocales de esta asociación conservadora reclaman que se acometa «sin trabas ni cortapisas derivadas de injustificadas dudas sobre su autonomía e independencia, que han de garantizarse en el nuevo Estatuto Orgánico, y en términos plenamente equiparables a los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno que mayores facultades otorgan al fiscal investigador».
En este sentido, también piden que el estatuto orgánico garantice la «autonomía presupuestaria, reglamentaria y funcional del Ministerio Fiscal».
También «la autonomía de los fiscales e independencia de la institución y la de los fiscales frente a las indeseables tentaciones de control por parte del Poder Ejecutivo, con cumplimiento de las recomendaciones GRECO».
Por otro lado, la AF muestra su preocupación por la situación actual de la carrera fiscal.
Apuntan a las «deficiencias» del proyecto de ‘Justicia Digital’ y a la necesaria derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que marca plazos a la instrucción) por las «serias disfunciones» que en la práctica está originando su aplicación.
«En el momento actual, las deficiencias del sistema y la falta de medios personales en las oficinas fiscales (responsabilidad del Ministerio de Justicia) dan lugar directamente al transcurso de los plazos procesales», señalan.
También piden que el Consejo Fiscal haga suyas las actuales reivindicaciones de las asociaciones profesionales y -en la línea que ya lo ha hecho el Consejo General del Poder Judicial- recuerde igualmente los acuerdos precisos para instar a los ministros de Hacienda y Justicia la constitución de la comisión de retribuciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal.
«Urge actualizar las retribuciones de los servicios de guardia«, añaden.
Asimismo, reclaman la presencia de miembros del Ministerio Fiscal en las comisiones de reformas legislativas y de codificación.
Sobre los nombramientos para cargos discrecionales
En la batería de propuestas, también destaca la necesidad «perentoria» de la toma de medidas dirigidas a garantizar la autonomía real del Ministerio Fiscal.
En esta línea, proponen que la convocatoria, resolución y publicación de los concursos sea competencia de la FGE (como muestra de su autonomía y superación del sistema actual) y que los concursos tengan fecha fija a lo largo del año con tres convocatorias anuales.
Por otro lado, piden la reforma de los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado, modificando sus estructuras, redefiniendo las funciones de las mismas y modernizando en definitiva su funcionamiento, a fin de que presten un adecuado servicio a toda la carrera.
Además, demandan que las propuestas de nombramiento y de los nombramientos a cargos discrecionales se realicen única y exclusivamente en atención a los principios de mérito y capacidad y de la existencia de garantía de igual acceso para la mujeres a tales cargos.
