La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado que el Ministerio Fiscal pueda intervenir en los procedimientos de desahucio que afecten a personas en situación de especial vulnerabilidad, tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que este miércoles tuvo que abandonar la vivienda en la que había vivido durante 70 años.
En un comunicado, la asociación considera que la ausencia del Ministerio Público en algunos procedimientos de desahucio constituye una “carencia” de carácter “legal e institucional” en el ordenamiento jurídico español.
La UPF destaca que en los últimos años se han aprobado “distintos mecanismos para evitar que la ejecución de un lanzamiento ignore situaciones de vulnerabilidad”, entre ellos la intervención de los servicios sociales o la elaboración de informes sobre las circunstancias de las personas afectadas, que el juez debe ponderar.
Sin embargo, considera que no existe una previsión general que permita al Ministerio Fiscal intervenir específicamente en estos incidentes para defender los derechos de la persona vulnerable.
La asociación recuerda que la Fiscalía puede participar “en otros ámbitos” cuando están implicadas personas especialmente vulnerables, pero señala que no ocurre lo mismo en los procedimientos de desahucio.
Por ello, reclama que la Ley de Enjuiciamiento Civil habilite expresamente la intervención del Ministerio Fiscal cuando un lanzamiento pueda afectar a menores, personas con discapacidad, personas dependientes, personas mayores o cualquier otra persona en situación de especial vulnerabilidad.
La propuesta, precisa la UPF, no pretende extender la intervención de la Fiscalía a “todos los procedimientos de desahucio”, sino establecer una intervención “puntual y especializada”, limitada a valorar la situación de vulnerabilidad, la suficiencia de las medidas de protección y, cuando sea necesario, la actuación de las administraciones competentes.
“Ahí tiene que estar el Ministerio Fiscal”, remarca la asociación.
La UPF considera que “un informe de los servicios sociales es imprescindible”, pero advierte de que informar sobre la vulnerabilidad “no es lo mismo que defender jurídicamente a la persona”.
“Una grave omisión” del sistema procesal
En relación con el caso de Maricarmen, la asociación de fiscales señala que no pretende “cuestionar la resolución judicial adoptada ni los legítimos derechos de los propietarios”.
“No se trata de impedir automáticamente un desahucio ni de desconocer los legítimos derechos de los propietarios. Se trata de garantizar que, cuando detrás de una puerta haya una persona especialmente vulnerable, sus derechos cuenten con una protección jurídica efectiva antes de que se ejecute el lanzamiento”, sostiene.
La UPF insiste en que la Fiscalía debe participar en estos procedimientos porque, a su juicio, la sociedad demanda que las instituciones sean capaces de ofrecer “una respuesta jurídica efectiva y humana” en los momentos de mayor vulnerabilidad.
La asociación considera que el caso de Maricarmen ha puesto de manifiesto “una grave omisión de nuestro sistema procesal” que, según señala, “corresponde al legislador corregir”.
Por ello, defiende la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir la intervención del Ministerio Fiscal en estos supuestos.
“Allí donde una persona especialmente vulnerable necesite la protección del Derecho, el Ministerio Fiscal debe poder estar”, concluye.
