Víctimas de accidentes de tráfico, aseguradoras, abogados y otros operadores siguen sin conocer qué propuestas de mejora plantea la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
El informe, con las propuestas de mejora, sobre la Ley 35/2015 tendría que haberse presentado en el primer trimestre de 2019.
Sin embargo, ante la complejidad del documento y la necesidad de un consenso entre los miembros de la comisión, no fue hasta julio del pasado año cuando se alcanzó un amplio acuerdo en el citado documento tras recoger opiniones de todos los operadores implicados en esta actividad.
En la propia norma viene reflejado que tres años después de su entrada en vigor, esta comisión haría un informe de propuestas de mejora que podrían configurar a medio plazo, con el visto bueno de la Dirección General de Seguros, una proposición de ley que se aprobase en el parlamento.
Desde la propia comisión rechazan hablar de parálisis y aducen factores externos, como la falta de un Gobierno estable hasta hace poco y ahora la influencia del coronavirus.
Por ello, barajan presentarlo durante el próximo mes de abril.
Además, destacan que, pese a que el «consenso ha sido mayoritario«, ha habido «varios temas de controversia«. El más complejo tiene que ver con la actualización del baremo, donde las voces se dividían entre hacerlo siguiendo el IPC o el nuevo SMI.
Tampoco ha habido acuerdo total en cuanto a si debería haber tope de gastos para resarcir a las víctimas de estos accidentes.
Mientras las aseguradoras hablaban de un tope, los representantes de las víctimas de tráfico creen que para la reparación integral no debería haber límites indemnizatorios.
Por otro lado, en relación al retraso recuerdan que ha sido la primera evaluación ‘ex post’ sobre cómo ha funcionado dicha norma en los primeros tres años de vida.
Al mismo tiempo apuntan que la edición, al ser realizada por el propio Ministerio de Justicia, es más lenta que si fuera por una editorial privada. Aun así, el informe está a punto de salir de imprenta.
Esta comisión cuenta con un grupo de trabajo actuarial que lo que ha hecho es diseñar unas bases técnicas actuariales que se podrían poner en marcha ahora.
Se trata de poner al día los parámetros donde se basó la ley para hacer los cálculos. Eso, explican desde la comisión, se podría hacer a través de una orden ministerial.
Los cambios en el Ministerio de Justicia, además, han provocado que la Comisión de Seguimiento no se haya reunido en los últimos tres meses.
En estos momentos se espera que la propia Dirección General de Seguros se ponga en contacto con el Ministerio de Justicia para convocar la citada Comisión de Seguimiento y vuelva a recoger su actividad tradicional de una reunión por mes.
Aseguran que el documento es relevante porque aglutina medio centenar de propuestas de calado para mejorar el funcionamiento de esta normativa y dar más seguridad jurídica.
Pendiente de la actualización del baremo
En relación a las propuestas de mejora que plantean los expertos del sector asegurador, tienen que ver con la actualización del baremo. En 2019 se hizo el 20 de marzo y esperan que en los próximos días se hagade nuevo.
La cuestión está en saber cómo se hará. En 2019 se hizo en relación al incremento que tuvieron los pensionistas españoles del 0,9%.
Una segunda cuestión es la existencia de tres tablas, una de ayuda de tercera persona y otra de menores de 30 años que no se han incorporado al mercado laboral y que, según las víctimas, deberían estar vinculadas al propio Salario Mínimo Interprofesional .
Para este colectivo, la contratación de una persona de ayuda para un gran lesionado es evidente que si la contrata este año debería pagarle con el SMI actual que acaba de reformarse. Por eso las tablas deberían actualizarse de esta manera. Supondrá un incremento aproximado del 5%.
La sensación que hay en esta Comisión de Seguimiento es que la Ley del Baremo ha funcionado de forma razonable. No se han producido desequilibrios grandes y los incrementos de costes se han producido de forma equilibrada.
De forma paralela a dicho informe, la comisión seguirá emitiendo de forma periódica recomendaciones que irán incrementando la Guía de Buenas Prácticas.
A este respecto creen que deberían mejorarse los convenios de asistencia sanitaria para las víctimas de accidentes de tráfico, que desde hace años solo lo firman el sector asegurador con el sanitario sin la presencia de las víctimas o sus asociaciones en la negociación.
Victimas critican la parálisis de la comisión
La Asociación Día de Víctimas de Tráfico denuncia la parálisis de la Comisión de Seguimiento del Baremo. «14 meses de retraso para publicar el informe para mejorar la Ley 35/2015, ya elaborada».
Su presidente Francisco Canes pide al Gobierno de Pedro Sánchez que agilice este asunto para mejorar la situación de las víctimas de accidentes de tráfico.
Según recoge la Ley 35/2015 en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera, la Comisión de Seguimiento “deberá emitir en el plazo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado en el apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema”.
Desde esta asociación explican que si la ley entró en vigor el 1 de enero de 2016, el plazo de tres años se cumplió ya el 1 de enero de 2019. «Hay por tanto 14 meses de retraso», por lo que es «muy importante que se dé a conocer dicho documento, tal y como indica la Disposición Adicional Primera de la norma en su apartado 3″.
En ese precepto se indica que “a la luz de dicho informe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones promoverá, en su caso, las modificaciones que considere convenientes así como la actualización de las bases técnicas actuariales que contienen las hipótesis económico-financieras y biométricas del cálculo de los coeficientes actuariales correspondientes.”.
Desde este colectivo piden al Gobierno que se salga de esta inercia que, desde su punto de vista, beneficia a la actividad de las aseguradoras e impulse este documento que ayudará a mejorar los derechos de las víctimas.
Además, reclaman que se apruebe una Proposición de Ley para la mejora del actual sistema de indemnizaciones.
