La Junta General de Jueces del partido judicial de Madrid ha pedido este viernes la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de la Comisión Permanente del CGPJ por su gestión de la crisis del coronavirus.
Así se manifiesta en el acuerdo por unanimidad alcanzado en la sesión de hoy de la Junta General de Jueces del partido judicial de Madrid.
El documento, firmado por la magistrada-juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, apunta que las medidas contenidas en la instrucción del pasado miércoles del CGPJ relativa a la prestación del servicio público judicial resultan «claramente insuficientes, son ambiguas, consideran urgentes actuaciones que no tienen ese carácter y, en definitiva, suponen un grave riesgo para la salud«.
En esta instrucción, continua, «se desconoce la situación real de los juzgados de este partido judicial, de sus infraestructuras, de la existencia de despachos y salas de vistas que por su reducido espacio impiden adoptar medida alguna de protección personal, etc. por lo que difícilmente podrá reducirse el riesgo de contagio y transmisión del virus».
Por tanto, acuerda reprobar la actuación de la Comisión Permanente del CGPJ y pide su dimisión, así como la de Lesmes.
«Suspender la actividad judicial en Madrid»
Además solicita al CGPJ que «suspenda toda la actividad judicial de Madrid y los plazos procesales, con la sola excepción de aquellas actuaciones de carácter materialmente urgente e inaplazable, lo que permitirá el cierre de las sedes judiciales».
Asimismo, reclama al Ministerio de Justicia que «con carácter inmediato dicte las instrucciones oportunas para que los Letrados de la Administración de Justicia suspendan los plazos procesales».
Esta decisión, señala el acuerdo, se toma ante la situación generada por el coronavirus y su especial incidencia en Madrid.
Contra este acuerdo cabe recurso de alzada ante el pleno del CGPJ y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
