Las tres asociaciones de fiscales –la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)– exigen que se dote a la mayor urgencia posible a los servicios de guardia de los «equipos sanitarios necesarios para ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y salubridad».
Una exigencia que han comunicado tanto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como a los máximos responsables de las Consejerías de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.
«Exigimos a la Fiscal General del Estado que asuma su responsabilidad y reclame de forma inmediata de aquellas autoridades los medios necesarios de protección para ejercer nuestras funciones con las debidas garantías», afirman en un comunicado la AF y la APIF.
Y lo mismo dicen en el suyo la UPF: «Exigimos que de manera inmediata por parte de las autoridades competentes, tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, doten de manera urgente a los servicios de guardia, de los equipos sanitarios necesarios para ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y salubridad».
La AF y a la APIF también se lo exigen a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La UPF, no.
Las tres han manifestado su «absoluta preocupación» por las condiciones sanitarias «en las que se están prestando los servicios de Guardia en las Fiscalías y los Juzgados de toda España».
