CCOO denuncia que el porcentaje de contagios en juzgados triplica el de la población
Pide la limpieza y desinfección de sedes judiciales.

CCOO denuncia que el porcentaje de contagios en juzgados triplica el de la población

Exige a Justicia, CGPJ y Fiscalía que rectifiquen e implanten otras medidas que garanticen la salud del personal de servicios esenciales
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19/3/2020 06:30
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Actualizado: 19/3/2020 01:37
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El sindicato CCOO ha denunciado que el porcentaje de contagios por coronavirus en los tribunales, fiscalías y servicios judiciales de toda España, que prestan servicios esenciales, triplica el porcentaje de los contagios de toda la población española.

Así lo ha manifestado en un comunicado en el que detalla que, atendiendo a los datos de última hora del martes, se han detectados 36 casos de contagios, lo que supone un 0,0661 de todo el personal de la Administración de Justicia en España y un 0,2341% en Madrid.

Ello contrasta con el porcentaje de contagio en la totalidad de la población española, que es del 0,0248% y con el 0,0731% en la Comunidad de Madrid.

Por ello, el sindicato pide a la comisión formada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas con competencias transferidas, que rectifiquen las medidas implantadas «sin consultar previamente a la representación de los trabajadores» para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Asistencia al centro de trabajo cuando sea necesario

Según señala el comunicado, CCOO ha insistido al Ministerio de Justicia que para la prestación efectiva de los servicios esenciales «no es necesario» fijar un número determinado de personal que permanecer físicamente en cada centro de trabajo.

Para el sindicato es «suficiente» que cada funcionario esté en una «situación de disponibilidad permanente en el domicilio» y que asistan al centro de trabajo solo cuando se precise la realización de este tipo de actuaciones judiciales.

Añade que las medidas preventivas «brillan por su ausencia en la inmensa mayoría de las instalaciones judiciales, donde la inexistencia de mascarillas, guantes, papel desechable, gel desinfectante, etc. son la tónica general y sigue sin acometerse una limpieza, desinfección e higienización en términos mínimamente exigibles».

En este sentido, CCOO apela a la «responsabilidad» de las autoridades competentes e insta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a adoptar una serie de medidas para atajar el problema.

Un llamamiento que hace extensivo a las consejerías autonómicas de Justicia con competencias transferidas, y en especial al consejero de Madrid, Enrique López.

Así, propone una serie de de medidas que, en su opinión, garantizan la atención a la ciudadanía en sus derechos fundamentales y en la tutela judicial efectiva, «sin poner en más riesgos de los estrictamente inevitables la salud del personal».

Entre las medidas, exige el «cierre inmediato del acceso al público para la ciudadanía y para los trabajadores y las trabajadoras de todos edificios judiciales», permitiendo únicamente el acceso a las personas «imprescindibles» para la atención de servicios esenciales.

Limpieza y desinfección de sedes judiciales

Insiste en que el personal de Justicia solo debe trasladarse al centro de trabajo cuando sea requerido por el responsable del servicio para las actuaciones que supongan servicios esenciales.

Reclama también la «limpieza, desinfección e higienización de las sedes judiciales, comenzando de forma inmediata por las de Madrid», con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. A ello añade que la «dotación inexcusable» de las medidas preventivas necesarias para evitar en lo máximo posible futuros contagios.

CCOO concluye el comunicado lamentando que no exista ningún protocolo de actuación en casos de contagio, mientras que en otras ocasiones, «por decisiones dispares, arbitrarias y, a veces, caprichosas de determinadas autoridades judiciales», se ha procedido al cierre de algunos centros de trabajo de la Administración de Justicia, «sin ningún criterio científico ni intervención de la autoridad sanitaria».

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