La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside en funciones Carlos Lesmes, salió, ayer por la noche, al paso de diversas informaciones aclarando que de ningún modo sus competencias constitucionales y legales han sido disminuidas, recortadas o asumidas por el Ministerio de Justicia tras la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el de Sanidad.
«Dicha dicha encomienda no interfiere en modo alguno en las competencias que constitucional y legalmente tiene atribuidas el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de jueces y magistrados, competencias que, como es sabido, han venido siendo ejercidas por este órgano constitucional desde el inicio de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, como se puso de manifiesto en el comunicado emitido por esta Comisión Permanente en el día de ayer, al que nos remitimos», afirma la Permanente.
La orden de Sanidad confirió ayer toda la autoridad al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre los funcionarios transferidos a las 12 Comunidades Autónomas que tienen Consejería de Justicia, con el fin de hacer más eficaces las decisiones que se tomen.
Un poder que asumió en modo de coordinación con los 12 máximos responsables de ese sector en las respectivas Comunidades.
En ningún caso esa orden de Sanidad, Ministerio que ostenta la máxima autoridad en la gestión de la crisis contra el Coronavirus, decía nada ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni de la Fiscalía General del Estado.
Las competencias de ambas instituciones no han sido tocadas en absoluto. Se ha preservado así, el sistema de división de poderes de la democracia española al no haber intervenido el Ejecutivo el órgano de gobierno del poder judicial.
MÁXIMA COLABORACIÓN
El Consejo termina dejando clara su voluntad de máxima colaboración institucional.
«La Comisión Permanente del CGPJ quiere también poner de manifiesto que desde el inicio de la crisis viene manteniendo la máxima colaboración institucional con el conjunto de las Administraciones que tienen competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, muy particularmente con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, para dar respuesta rápida y eficaz a los problemas que la grave situación que padecemos demanda, cumpliendo nuestro deber de servidores públicos y garantes últimos de los derechos y libertades de los ciudadanos», concluye.
