Cerca de 500 abogados piden al ICAS la exención de las cuotas colegiales en vez de la suspensión acordada

En primer lugar, piden la exención de las cuotas colegiales desde que se acordó el estado de alarma y hasta su levantamiento.

También reclaman al Colegio de Abogados que pida a la mutualidad de la abogacía que suspenda la obligatoriedad de la cotización periódica mientras dure esta situación por el coronavirus, al igual que se ha acordado con los adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Además, solicita al ICAS que pida al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que a su vez lo reclame a la mutualidad de la abogacía.

Asimismo, le reclama que interceda ante la autoridad competente para que se dé al colectivo de abogados y procuradores ayudas al igual que a los autónomos, y se concedan préstamos especiales de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en las mismas condiciones que a los autónomos y PYMES.

El colectivo informa a Confilegal que ante esta última solicitud el ICAS ha respondido diciendo que «recuerda a los colegiados la posibilidad de solicitar ayudas económicas a la Comisión de Ayuda Colegial, a los efectos de su análisis individual, y conforme a las disponibilidades del Colegio para su concesión sujetándose a los criterios objetivos que están siendo elaborados por la Junta”.

Dice que el ICAS también les ha comunicado que “solicitará a las entidades financieras con las que este Colegio realiza habitualmente sus operaciones bancarias que ofrezcan a los colegiados créditos o préstamos en condiciones especialmente ventajosas frente a las habitualmente ofrecidas en el mercado”.

Por otra parte, el Colegio les ha transmitido que “los embargos judiciales y administrativos no podrán dejarse de ejecutar, pero transitoriamente no se retendrá por el Colegio cantidad alguna para la cancelación de cuotas atrasadas, quedando suspendidas dichas retenciones hasta el próximo pago, salvo que circunstancias especiales aconsejen el mantenimiento de la medida”.

Otra de las reivindicaciones de este casi medio millar de abogados es que durante el estado de alarma se permita la presentación de «todo tipo de escritos» a través de LexNET, «garantizando así el acceso del derecho que tienen los ciudadanos a la administración de Justicia sin que los intereses de éstos queden paralizados». Piden al ICAS que se dirija al Ministerio de Justicia y lo solicite.

Asimismo, solicitan al decano que pida a la autoridad competente que traslade a los juzgados y tribunales que acuerden la entrega de los mandamientos judiciales ya consignados a sus beneficiarios y se consideren como actuaciones de urgencia.

Por otra parte, dado que el servicio de guardias no se ha suspendido, reclaman al ICAS que mientras dure el estado de alarma las guardias y asistencias de los abogados que se realicen en sede judicial o policial, se lleven a cabo «exclusivamente por videoconferencia o cualquier otro medio telemático disponible», y en su defecto se proceda a la «suspensión del acto al no poder garantizarse las medidas mínimas de seguridad sanitaria».

De forma subsidiaria reclama el Colegio de Abogados que garantice que las medidas sanitarias frente al COVID-19 se estén llevando a cabo, como desinfección de las salas, guantes o mascarillas.

En caso de no poder garantizarse pide que el Colegio declare con carácter inmediato la suspensión de la guardia y/o asistencia.

Los abogados firmantes del comunicado señalan que a este respecto el Colegio se ha pronunciado en el sentido de “asumir el coste de la adquisición de los medios necesarios para garantizar en lo posible la seguridad física de los colegiados y evitar la propagación del virus, tales como guantes y gel desinfectante, de los que ya se dispone en cantidad suficiente, así como mascarillas, ilocalizables por el momento, advirtiendo no obstante que las autoridades sanitarias consideran que el mejor medio de protección consiste en mantener la distancia de seguridad y el lavado frecuente de las manos”.

También le requieren que exija a la Junta de Andalucía que «abone de inmediato» los atrasos de los emolumentos por los servicios prestados en el turno de oficio.

Informa que el ICAS ha manifestado al respecto que “a pesar de que se ha requerido a la Consejería de Justicia para el adelanto del pago de la totalidad de las prestaciones del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente al cuarto trimestre de 2019, el Colegio, con cargo a sus fondos propios, procederá al anticipo inmediato del 50% del total a las que el colegiado tenga derecho”.

José de la Cruz Calvo de Mora ha señalado a Confilegal que si bien una de las exigencias que han hecho a la Junta de Gobierno del ICAS ha sido atendida -la petición a la Junta del abono de las cantidades del cuarto trimestre del turno de oficio y guardias de 2019-, le remiten nuevamente el comunicado para que atienda el resto de reclamaciones.

Afirma que los firmantes se sienten «totalmente olvidados» por parte del Gobierno como colectivo respecto a las medidas económicas que ha aprobado frente a la crisis del coronavirus.

Y Rrcuerda que los letrados que están adscritos al turno de oficio y guardias continúan prestando su labor «en condiciones de alto riesgo».

Informa que él está en cuarentena tras una guardia que hizo pasado 21 de marzo en la Fiscalía de Menores de Sevilla «sin que tuviesen conocimiento de que el edificio se encontraba infectado, ya que tres fiscales y una psicóloga habían dado positivo».

El colectivo pide al Colegio de Abogados de Sevilla que «no deje a ningún compañero de lado en la recuperación de este drama», como ha trasladado a los suyos José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Asimismo, recuerda que Colegio de Málaga, del que es decano Francisco Javier Lara, ha aprobado, entre otras medidas, crear un fondo de 600.000 euros para salir al rescate de sus colegiados.