El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) suspende de forma temporal las prácticas tuteladas de la 58ª promoción de la Carrera Fiscal mientras esté vigente el estado de alarma y las medidas adoptadas para frenar la pandemia de coronavirus, según ha informado hoy el Ministerio de Justicia.
Desde que el pasado 14 de marzo suspendió la actividad educativa presencial en todos los centros de enseñanza como consecuencia de la declaración del estado de alarma, y las prácticas del alumnado se estaban desarrollando exclusivamente a distancia.
Según ha explicado el Ministerio en un comunicado, «el diseño presencial del programa de prácticas tuteladas y el agotamiento de las posibilidades de su desarrollo a distancia, unido a la previsible prórroga del estado de alarma, hacen inviable la continuidad de las prácticas por medios telemáticos».
Informa que su reanudación se llevará a cabo «en cuanto sea posible» con el fin de evitar el menor perjuicio posible al conjunto de afectados y garantizar una formación de calidad a todos los aspirantes.
El CEJ es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Justicia, que tiene como principal función la organización de los cursos selectivos y la formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos generales de funcionarios de Justicia (gestores procesales, tramitadores y auxilio judicial), médicos forenses, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y abogados del Estado.
El centro está ubicado en la calle Juan del Rosal, número 2, de Madrid.
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➡️ El CEJ renueva sus recursos on line, y por esta razón próximamente cerrará su Comunidad Virtual. Si eres usuario/a,
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HISTORIA
Los orígenes de lo que hoy es el Centro de Estudios Jurídicos se remontan a 1939, cuando terminada la guerra civil se empieza a pensar en completar la cultura jurídica general adquirida con la oposición por los futuros jueces y fiscales, y para ello se redactó un Proyecto de Ley en el que se creaba la Escuela Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia.
El Gobierno lo retiró y presentó un segundo proyecto que contemplaba la posibilidad de integración de la Escuela Judicial en la Universidad.
De aquí surgirá la Ley de 26 de Mayo de 1944 (BOE de 27 de mayo), por la que se crea definitivamente la Escuela Judicial Española, dependiente del Ministerio de Justicia e incorporada a la Universidad española, cuyas funciones eran la selección y formación profesional de los Licenciados en Derecho que en lo sucesivo hayan de ejercer las funciones judiciales y fiscales.
Se establecía como único sistema de ingreso en la Escuela Judicial el de la oposición.
Al frente de la Escuela, y como encargado de trazar sus directrices fundamentales, existía un Patronato que, presidido por el Ministro de Justicia, estaba integrado por el Subsecretario del Departamento, el Director General de Justicia, el Presidente y el Fiscal del Tribunal Supremo, el Rector de la Universidad de Madrid, el Decano de la Facultad de Derecho y el Director y el Jefe de Estudios.
El Reglamento orgánico, aprobado por decreto de 2 de noviembre de 1945, vino a desarrollar las previsiones de la Ley y a regular el contenido y la forma de los ejercicios de que debía constar la oposición.
La Escuela Judicial abrió sus puertas el 6 de junio de 1950. No fue hasta 1959 cuando ésta ocupó el actual edificio de la Ciudad Universitaria.
El 18 febrero de 1997 ingresó en ella la primera promoción de jueces en prácticas.
En 2003 pasó a denominarse Centro de Estudios Jurídicos, con la estructura y competencias que establece su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, teniendo por objeto la colaboración con el Ministerio de Justicia, en la formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal y de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales, médicos forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; colaboración que se extiende también a la formación continuada de los Abogados del Estado y a la formación complementaria de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su especialización para la función de la policía judicial.
