La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asignó ayer a las Comisiones de Seguimiento que están constituidas en todos y cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) la responsabilidad de definir qué personal tiene que estar atendiendo presencialmente los servicios esenciales derivados del Escenario 3.
Este Escenario 3 fue adoptado por el CGPJ como una consecuencia directa del estado de alarma decretado por el Gobierno en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La decisión fue tomada ayer por la Permanente en sesión extraordinaria.
Y se adopta, a petición de Carlos Lesmes, presidente en funciones del Tribunal Supremo, tras estudiar los informes remitidos por los presidentes de los TSJ sobre la carga de trabajo que soportan los juzgados y tribunales de cada uno de sus territorios.
«El ajuste que se realice será comunicado de forma inmediata al CGPJ y deberá garantizar la prestación de los servicios esenciales que tienen encomendados los/las jueces/zas y magistrados/as y tener en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Justicia en el ejercicio de sus competencias sobre reasignación de funcionarios y dotaciones mínimas», dice el comunicado distribuido bien entrada la noche de ayer por el CGPJ.
Las medidas que se tomen se harán de forma conjunta con las «Administraciones prestacionales» –el Ministerio de Justicia, que ostenta la coordinación en todo el territorio nacional y la Consejería del ramo pertinente, allá donde tengan transferidas las competencias de la Administración de la Administración de Justicia–.
El objetivo, según el Consejo, es reforzar la coordinación entre estas y los órganos de gobierno judicial, tal y como se viene realizando desde el inicio de la pandemia COVID-19, para evitar disfunciones en la prestación de los servicios esenciales por parte de los miembros de la Carrera Judicial.
Las Comisiones de Seguimiento fueron constituidas al amparo de las instrucciones del CGPJ de 11 de marzo de 2020, que establecen que tendrán la siguiente composición: el presidente de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, el presidente de la Audiencia Provincial, el Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador Provincial, los jueces decanos de los partidos judiciales afectados, el juez o jueces de guardia, el fiscal superior autonómico, el director del Instituto de Medicina Legal, el director del Gabinete de Comunicación y un representante de la Administración de Justicia y sanitaria competente.
