La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) critica que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «se está extralimitando en sus competencias».
Lidia Urrea, portavoz de esa asociación, manifiesta a Confilegal que el CGPJ «durante esta situación de emergencia está tomando decisiones que no respetan las competencias del Ministerio de Justicia, que es el único competente para marcar la forma en la que se cumplirán los servicios esenciales».
Añade que según se desprende de la resolución del pasado 30 de marzo del ministro Juan Carlos Campo, «éste entiende que estamos ante una situación de emergencia sanitaria mientras que el CGPJ se empecina en obviarla».
Afirma que «con estas actuaciones, el Consejo General del Poder Judicial presiona las decisiones que en última instancia toman los secretarios de gobierno y secretarios coordinadores, que intentan atender los servicios esenciales protegiendo la salud de todos los ciudadanos, así como de los funcionarios de Justicia».
Lidia Urrea se pronuncia así en relación a la última decisión de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, adoptada el pasado 31 de marzo, de encargar a las Comisiones de Seguimiento de los tribunales superiores de justicia que si constatan la dificultad de prestación de los servicios esenciales por falta de dotación de personal presencial, interesen de las Administraciones prestacionales «a la mayor urgencia la adopción de las decisiones oportunas para que la tutela judicial quede plenamente garantizada».
El CGPJ adoptó este acuerdo un día después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dictara una resolución -consensuada con las comunidades autónomas con competencias transferidas, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española- por la que se adaptaba la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia fijados con la aprobación del estado de alarma, al decreto aprobado el 29 de marzo, que suspende las actividades no esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población durante la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Campo, que durante la vigencia del estado de alarma tiene las competencias para gestionar el personal de la Administración de Justicia en todo el país, permite que los funcionarios que no tengan que acudir al juzgado estén disponibles en sus domicilios para incorporarse a su puesto de trabajo a la mayor brevedad posible para prestar cualquier actuación señalada como servicio esencial y que no pueda realizarse a distancia.
La UPSJ ha difundido un comunicado titulado ‘Resistiré frente a la obtusa terquedad del CGPJ ante la pandemia’ en el que manifiesta que el órgano de gobierno de los jueces ha actuado «en base a una especulación, una anticipación o una precipitación» porque aún «no ha dado tiempo a ver el recorrido práctico de la resolución» del ministro.
RESISTIRÉ FRENTE A LA OBTUSA TERQUEDAD DEL CGPJ ANTE LA PANDEMIA https://t.co/2eFKSuoJzK vía @@UPSJtwit
— UPSJ (@UPSJtwit) April 2, 2020
Afirma que el CGPJ «se pone la venda antes de la herida», pues «no ha sido posible constatar en práctica el mayor o el menor acierto o error de la adaptación de las dotaciones de personal y régimen de atención de los servicios esenciales, y si tal ajuste ha generado o no las temidas dificultades de los jueces para atender los servicios fijados como esenciales».
La UPSJ considera que esta «llamada de atención» o «advertencia» del CGPJ demuestra «disconformidad» con la resolución del ministro y «rezuma desconfianza» hacia la administración de Justicia.
Esta asociación «echa de menos entre tanto acuerdo del CGPJ» que uno de ellos «fije la presencia básica mínima del juez para la tan aludida garantía de los servicios fijados como esenciales», así como «alguna valoración en relación con la finalidad de reducir al mínimo la exposición de los equipos humanos que, aparte del juez, son necesarios e imprescindibles para la tutela judicial efectiva».
