Los representantes sindicales de Justicia (a la derecha), en la reunión que mantuvieron con el ministro el pasado 4 de marzo, en la que Campos les presentó el Plan Justicia 2030. Foto: MJ
CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA reclaman a Campo la participación de los sindicatos en la Comisión del coronavirus
También piden que se inicie la negociación colectiva de los planes de agilización que el Ministerio ha anunciado para hacer frente al escenario poscrisis
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06/4/2020 10:49
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Actualizado: 06/4/2020 10:54
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Los seis sindicatos con representación en la mesa del Ministerio de Justicia –CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA- reclaman al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la participación de los sindicatos en la Comisión de Coordinación de la situación de la crisis del coronavirus, en la que están integradas además del Ministerio, las Comunidades Autónomas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Estos sindicatos han enviado hoy un escrito al ministro con esta reivindicación, que vienen reclamando desde que se puso en marcha esta Comisión el pasado 19 de marzo. Ya se ha reunido cuatro veces, la última el pasado viernes.
Además, reclaman participar en el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de agilización que se vaya a poner en marcha en la Administración de Justicia.
Recuerda que en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento se ha abordado un pla para las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo mercantil, y que ya ha sido anunciado en el BOE.
Hacen hincapié en que el Ministerio tiene «obligación» de negociar con los sindicatos cualquier plan que afecte a las condiciones de trabajo del personal al que representan, que es el 80% del total de los empleados públicos de Justicia, a excepción de jueces y fiscales.
Asimismo, piden que se negocie la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Indican que estos sistemas de trabajo «no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados» por los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia ni otros organismos porque «no tienen competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario».
Apuntan que estos planes se están intentando implantar en la Audiencia Nacional por la Secretaría de Gobierno de este órgano, y por los tribunales superiores de Justicia de Murcia y Madrid.
Asimismo, reclaman al ministro que les traslade «de inmediato» cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en relación con las anteriores cuestiones, para estudiarlo.
Concluyen su escrito a Campo destacando que «el derecho de participación, información y consulta a los trabajadores, que es la base de la negociación colectiva, se fundamenta entre otras razones, en el conocimiento» que tienen los sindicatos de primera mano sobre la realidad de la Administración de Justicia.
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