Lesmes condena el ataque al juez Llarena y pide respeto a la independencia judicial
Denuncian que se comporta «de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia».

CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA reprueban la actuación del CGPJ y de Lesmes en la crisis del coronavirus

Critican que "se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales" y que "ha intentado imponer su criterio de manera despótica"

3 / 04 / 2020 09:05

Actualizado el 03 / 04 / 2020 09:10

CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA –los seis sindicatos con representación en la mesa del Ministerio de Justicia- reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, Carlos Lesmes, en la crisis del coronavirus.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto publicado hoy, en el que critican que desde el principio de la crisis, el CGPJ «se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales».

Además, denuncian que «ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia».

Para CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA, los Comités de seguimiento del Covid-19 creados en el seno de los tribunales superiores de justicia por acuerdo de la Comisión permanente del CGPJ «carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno» en las materias citadas.

«En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia», afirman.

Los representantes sindicales de Justicia (a la derecha), en la reunión que mantuvieron con el ministro el pasado 4 de marzo, en la que Campos les presentó el Plan Justicia 2030. Foto: MJ

También denuncian que la Comisión Permanente ha empleado una «táctica de sabotaje» para «impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia», y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia.

Señalan que sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo, el Consejo «emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia». 

Denuncian que la «injerencia» del Consejo General del Poder Judicial «está poniendo en riesgo la salud» de los miles de funcionarios de Justicia y de la ciudadanía en general, «pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias», mientras «recomienda a los jueces y magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia». 

Por otra parte, critican que el CGPJ «aún no se ha disculpado» ante los 55.000 empleados públicos de Justicia «por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad».

Estas seis organizaciones sindicales lamentan que un órgano constitucional del Estado «no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad» de la emergencia que estamos viviendo y «no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, «en coordinación real y leal» con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

Alentan al Ministerio de Justicia y a las CC AA con competencias transferidas en materia de justicia para que continúen «poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ». 

«Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los jueces y magistrados», señalan, y hacen hincapié en que la Administración de Justicia son también los 55.000 empleados públicos que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales. 

Unos empleados públicos -prosiguen- que, «incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal». 

CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA concluyen su comunicado haciendo un «reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general» que durante estos días están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando.

También muestran su agradecimiento a los «miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus».

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