Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF.
Javier Jordán de Urríes (CSIF Justicia): ‘La actuación del CGPJ en la crisis del coronavirus está siendo errática, sorda y autoritaria’
Reclama que para cubrir los servicios esenciales haya un mínimo de servicio de guardia y se implante un sistema de disponibilidad y localización en el domicilio para el resto
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20/3/2020 18:48
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Actualizado: 20/3/2020 19:03
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Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, señala a Confilegal que la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la crisis del coronavirus está siendo hasta el momento «errática, sorda y autoritaria».
«Con muy pocas ganas de coordinar, de dialogar y de conocer a fondo la situación, y sí muchas ganas de imponer y de demostrar que ellos tienen que ser los que lleven la voz cantante en todo momento», explica.
«Una cosa es que, como repite el Consejo, sea la máxima autoridad gubernativa en materia judicial, y otra muy distinta, que en un momento de crisis tiene que ser mucho más flexible y tiene que escuchar a quienes estamos sobre el terreno. Y sobre todo tiene que darse cuenta de que no estamos en una situación normal, que es una situación excepcional y que es una emergencia sanitaria», manifiesta Jordán de Urríes.
Señala que el CGPJ «por su cuenta y riesgo publicó el pasado 11 de marzo su propia instrucción» y que «luego estuvo titubeando el pasado sábado por la mañana sobre si declarar el escenario tres en un momento determinado».
«Dijo a las comunidades autónomas que iba a declarar el escenario 3 en toda España, el que el se estaba aplicando a Madrid, País Vasco y La Rioja, que eran los sitios con especial incidencia; luego rectificó, esperó a que el Gobierno declarara el estado de alarma para declarar el escenario tres, y entre el poco tiempo que quedó el sábado y el domingo hubo que organizar los turnos«, critica Jordán de Urríes.
Denuncia que esto provocó que hubiera «un gran desconcierto en el personal de Justicia, que no sabía si el lunes tenían que ir todos o solamente los servicios mínimos ni tampoco quién era servicios mínimos y quién no».
«Y eso ha sido todo gracias a la falta de capacidad del Consejo de sentarse a hablar con todas las partes, y sobre todo con la gente que estamos sobre el terreno y que conocemos perfectamente cuál es la realidad de la administración de Justicia», agrega Javier Jordán de Urríes.
Dice que «gran parte de los problemas que se están dando ahora vienen por ahí».
«Y luego hay otro gran bloque de problemas que viene de haber aplicado unos servicios mínimos como si esto fuera una huelga«, apostilla.
Al respecto, manifiesta que «la resolución del 14 de marzo del secretario de Estado de dónde se establecen los servicios esenciales y mínimos de Justicia es una copia de la última resolución que se hizo para la última huelga que hubo, el 8 de marzo de 2019″.
«Hemos repetido al Ministerio por activa y por pasiva que esto no es una huelga, que esto es otra cuestión distinta. Hoy se lo hemos vuelto a decir», expresa.
Javier Jordán considera que la actuación del CGPJ ha sido «sorda» porque «no ha entendido cuál es el fondo de las propuestas».
«El Consejo dice que se está intentando boicotear la prestación de los servicios esenciales y es mentira», señala Jordán de Urríes.
Destaca que «nadie está diciendo que no haya que cumplir ni garantizar los servicios esenciales», y apunta que fijar esos servicios esenciales es función del Consejo junto con la Fiscalía y el Ministerio.
«Otra cosa es que esos servicios esenciales se puedan prestar en régimen de disponibilidad y localización, sin perjuicio de un servicio de guardias mínimo, que es lo que estamos reclamando, en vez del régimen presencial que el Consejo impone», explica.
También señala que «la Ley de Prevención de Riesgos y el propio real decreto ley están diciendo que aquí hay dos cosas fundamentales, que son la salud personal y familiar, porque estamos todos confinados cuando no estamos trabajando presencialmente, y la salud pública» y que «el objetivo del Real Decreto-ley es frenar la propagación del Covid-19».
«Por lo tanto, si estamos dotando de personal a la administración de Justicia, de más personal del estrictamente necesario, no estamos cumpliendo con la finalidad del Real Decreto-ley, que es precisamente evitar que haya más gente de la necesaria en la calle y que pueda propagar el contagio», manifiesta.
El presidente de CSIF critica que el comunicado de ayer el CGPJ «se lo podría haber ahorrado y no hubiera pasado nada, pero quiso decir que está por encima de todo y que aquí nadie se le va a levantar».
Considera que «la realidad está superando al CGPJ ampliamente» y que está «demostrando su incapacidad para ejercer la función que tiene atribuida constitucionalmente en estos momentos, por lo menos de las personas que están ahí circunstancialmente ocupando el cargo».
Señala que «al final en cada sitio, el personal de Justicia en muchas ocasiones están aplicando sentido común y se están organizando unos turnos y velando porque esos servicios esenciales se cumplan».
El presidente de CSIF Justicia añade que «en este momento el sindicato no personaliza ni pide la dimisión de nadie», pero que cuando pase todo esto ya dirá «quién es el responsable» y pedirá responsabilidades.
El presidente de CSIF Justicia recalca que los servicios esenciales se pueden prestar de dos maneras: la presencial e implantando un sistema de disponibilidad.
Señala que el de disponibilidad tiene varias ventajas.
«El propio Consejo y el Ministerio nos están diciendo que hay escasez de medios de protección y que hay una prioridad establecida por Sanidad de que esos medios de protección tienen que ir al personal sanitario, de acuerdo. Ahora bien, si hacemos un sistema de disponibilidad y reducimos la rotación de personal que ahora se está enviando a los juzgados, lo que hacemos es maximizar el poco material de protección que tenemos y reducir la necesidad de personal de limpieza porque no hay que desinfectar ya todo el edificio, sino que se pueden acotar las zonas de tránsito y de permanencia de funcionarios, y además se puede también reducir la presencia de personal de seguridad«, argumenta.
Asimismo destaca que «de esta manera se estaría reduciendo la cantidad de gente que va a esos juzgados, con lo que estaríamos reduciendo también las posibilidades de contagio».
Añade que si hiciera falta atender esos servicios esenciales con más personal, «para eso están disponibles, para que se les llame por teléfono y en media hora o tres cuartos se plantan en la sede judicial y se ponen a cumplir con su función».
«Y esto tiene otra ventaja también, porque si ahora estamos enviando casi 6.000 funcionarios a los juzgados, puede ocurrir que estemos incrementando la cantidad de casos positivos y que cuando necesitemos personal no es que no estén disponibles, sino que los tengamos a todos de baja, cosa que puede ocurrir orque desgraciadamente esto va a ser bastante largo», agrega.
CSIF Justicia no entiende «por qué el CGPJ no analiza estas cuestiones ni tampoco esa cerrazón de imponer, de exigir y decir que aquí es el que manda y que el resto no tiene ni idea».
«Ahí el Consejo se equivoca, y luego ya no te digo si lo que hace es poner en entredicho la profesionalidad no solamente de los funcionarios -los letrados, cuerpos generales y cuerpos especiales-, sino también de jueces y fiscales«, expresa en relación al punto 10 del comunicado de ayer del CGPJ.
«En ese punto está estableciendo una especie de jueces malos, los que se quejan, y de jueces buenos, que son los que se están desmarcando de los jueces malos«, indica Javier Jordán de Urríes, y critica que «es una irresponsabilidad».
«También lo ha hecho con los funcionarios en el primer punto cuando nos compara con el personal sanitario y los policías, cuando sabe perfectamente que el escenario es completamente distinto», manifiesta.
CSIF publicó ayer un comunicado reclamando a la Comisión permanente del CGPJ «que rectifique y se disculpe con los empleados públicos de la Justicia».
CSIF exige a la Comisión permanente del Consejo que rectifique y se disculpe con los empleados públicos de la Justicia.#CSIF #CSIFJUSTICIAhttps://t.co/NJGRRsHP45 pic.twitter.com/imf8YWfMHe
— CSIFJusticiaNacional (@CSIFJusticiaNac) March 19, 2020
El presidente de CSIF Justicia informa que el Ministerio de Justicia les ha trasladado hoy que se ha reducido la actividad de Minerva en un 82% en su ámbito Ministerio, que la presentación de escritos se ha reducido un 70% en el territorio Ministerio, que en el ámbito penal están trabajando al 50% y que a los juzgados de instrucción va la totalidad de la plantilla que tiene que hacer guardia.
«Hoy hemos pedido al Ministerio que profundice en el análisis de la posibilidad de implantar un sistema de disponibilidad, que exige una dotación mínima para servicios de guardia tanto en instrucción como civil como social como contencioso, que si entra poca cosa lo puede absorver el personal que hay y si hiciera falta más, se les llama», explica.
Por último, señala que la orden por la que se delega la coordinación de la crisis al Ministerio de Justicia abre un nuevo escenario y que en CSIF están a la expectativa de lo que pueda deparar ese escenario.
Jordán de Urríes aprovecha para reiterar «el reconocimiento y agradecimiento de CSIF a todo el personal que está haciendo frente a esta pandemia en primera línea, especialmente al personal sanitario, y también a todos aquellos empleados públicos y ciudadanos que están trabajando a diario, tanto en el sector público como en el privado, para conseguir que el país siga funcionando».
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