“Es una carta al Gobierno, porque tendrá que poner el dinero no cuantificado, al Parlamento, porque las propuestas requieren ingentes reformas legislativas, y a la carrera judicial, porque es la que va a tener que arrimar el hombro para sacarlo adelante”, explican los mencionados juristas.
El documento, enviado por el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, para «complementar» el plan que éste está elaborando en la misma dirección con la colaboración de los consejeros de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, y otros agentes sociales, contiene 100 propuestas en 430 folios.
El CGPJ no ha querido formar parte del grupo y se ha adelantado con sus soluciones.
Titulado “Primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma”, ha sido elaborado por cuatro vocales de la Comisión Permanente y varios letrados del Consejo en un tiempo récord.
“El documento ha sido elaborado por varias manos y por gente que hace mucho tiempo que no pisan el barro de la trinchera, que no conocen, o han olvidado, como funciona un decanato, un registro, un reparto, una guardia, los problemas que plantean los juzgados de violencia sobre la mujer”, afirman.
De las 100 ideas expuestas, al menos 20 podrían ser válidas, especialmente las de penal. Pero no son originales porque, la mayor parte, han sido propuestas anteriormente; figuran en revistas jurídicas.
Lo que denota prisa.
Todas ellas adolecen de memoria económica, que el Ministerio, si las acepta, tendrá que cuantificar, porque implican medios materiales y humanos. Y, en el caso de que se quisieran hacer realidad, requerirían, al menos, de 240 parches legislativos, lo que requerirá el consenso de los grupos parlamentarios.
“Este Consejo comenzó su andadura en diciembre de 2013. Han pasado seis años y cinco meses, y en apenas en unos días han parido un ambicioso plan de choque que reúne reformas de calado. ¿En qué han empleado todo el tiempo que han estado gobernando hasta ahora?”, se preguntan.
«Lo que ‘ha presentado’ el CGPJ es un plan con muchas carencias Con eso no salimos del atasco».
De las 100 propuestas, estas mismas fuentes refieren algunos de los elementos que más han llamado la atención.
REFUERZOS
Se propone el mantenimiento de los refuerzos acordados hasta el momento.
Esto plantea una cuestión: si los refuerzos se concentran en desatascar lo que va a entrar de golpe cuando se restituya la normalidad, ¿quiere decir que van a abandonar las bolsas de asuntos antiguos que llevan tiempo esperando y que fue la causa que justificó esos refuerzos?
¿Quiere esto decir que el último que presente la demanda la va a ver resuelta en detrimento del que la tenga pendiente desde meses atrás o años? Hay que dilucidar qué criterio se va a aplicar porque el cronológico no es válido.
Y esto es aplicable a los refuerzos que tendrán que realizarse en el resto de los órdenes jurisdiccionales.
Sería preciso cambiar de forma radical este sistema, basado en refuerzos horarios de dedicación por un planteamiento de bonus por objetivos, en el que, por ejemplo, tendrían que tramitarse cien causas antiguas y 50 modernas.
REDUCCIÓN DE RECURSOS
De las medidas contempladas en el orden penal, se encuentra la reducción del “excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias, que pueden ser resueltos en un solo trámite”.
Esto, según estas fuentes, hace años que se viene proponiendo en los foros jurídicos. Porque ahora mismo, en esa jurisdicción, se puede recurrir cualquier providencia. Y contra el auto que la resuelve se puede interponer un recurso de reforma, lo que da vía abierta a la apelación.
La propuesta del CGPJ, que precisaría de una reforma legislativa, va en la dirección de que se acumulen todos esos recursos contra las resoluciones interlocutorias hasta el momento del juicio oral.
SENTENCIAS ORALES
El plan del Consejo también contempla que, “en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente, sin necesidad de su documentación posterior al quedar recogida la fundamentación en soporte audiovisual. Esta posibilidad sería opcional y circunscrita al enjuiciamiento de los delitos leves y a los casos en los que, por haber habido conformidad de las partes, ya no habrá un posterior recurso ante una instancia superior”.
Esto representa un problema, y es que el magistrado que tenga que resolver un recurso de apelación de una sentencia oral, o in voce, para responder al recurso del abogado, no tendrá más remedio que verse la grabación del juicio, aunque la sentencia solo dure dos minutos.
REDUCCIÓN DE VISTAS
También se plantea introducir en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) la contestación escrita en procesos de Seguridad Social. Hasta ahora todo eso se resuelve en juicio oral.
Esa vista pasaría a tramitación escrita, para acumular asuntos para pasárselos a jueces en comisión de servicio con el fin de sacar papel adelante.
Se sugiere introducir, al mismo tiempo, en la LRJS el carácter urgente de los procesos por despido. El tiempo que se ahorra en el caso anterior se invierte en esto. Porque si se evitan los pleitos con vista de Seguridad Social y se dan carácter urgente a los procesos por despido, estos van a juicio oral y es necesario disponer de más agenda.
Otra propuesta sugiere elevar hasta los 6.000 euros la cuantía litigiosa que permite el acceso a la apelación, con lo que todos los pleitos de la jurisdicción laboral por debajo de esa cantidad dejarían de tener recorrido. La sentencia de instancia sería final.
LOS JUZGADOS DE CLÁUSULAS SUELO, “REFERENTE” PARA EL CGPJ
El CGPJ se muestra orgulloso de la implementación de los conocidos como Juzgados de cláusulas suelo y propone su replicación en otras jurisdicciones.
Estos Juzgados son vistos por buena parte de la carrera judicial, de abogados y procuradores como uno de los grandes fiascos de este Consejo. Porque con ello no han conseguido solucionar el problema sino asilarlo, creando ingentes bolsas de casos cuyas resoluciones se están produciendo a años vista, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona.
20 PLAZAS DE JUECES DE LO MERCANTIL
El documento del CGPJ propone también la ampliación de 20 jueces de lo mercantil para toda España, en previsión de la “avalancha” que se avecine cuando la Administración de Justicia deje de estar al ralentí.
“20 plazas para toda España son insuficientes. Esas veinte plazas serían insuficientes para sacar lo que había que resolver solamente en Madrid a día de hoy, sin coronavirus. El desconocimiento del CGPJ es asombroso”, indican las mismas fuentes.
RETRIBUCIONES VARIABLES
Entre las personas consultadas existe unanimidad de que la actual situación no se saca con retribuciones variables, como plantea el CGPJ en su documento.
“El Consejo tiene un desconocimiento asombroso de lo que cuestan estas cosas. Lo económico es algo alienígena a los señores que gobiernan el poder judicial. Le dejan al Ministerio en suerte este asunto que, de ninguna de las maneras, se puede resolver con las retribuciones variables”, señalan.
EL MES DE AGOSTO, HÁBIL
Por último, en esta descripción rápida de los “peros” al documento del Consejo, se critica la habilitación del mes de agosto para tramitar y resolver los diferentes procesos judiciales pendientes.
Jueces, fiscales, funcionarios, procuradores, abogados y graduados sociales se quedan sin vacaciones. Tampoco lo ven bien porque un mes no va a mejorar la situación de retraso que la Administración de Justicia sufre desde hace décadas.
