La Resolución del ministro de Justicia es de plena aplicación en la Comunidad de Madrid desde mañana, según la Consejería
Puerta de entrada al edificio de los Juzgados de Instrucción de Madrid, en Plaza de Castilla, donde tienen que regresar a trabajar un 10 por ciento de los funcionarios. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

La Resolución del ministro de Justicia es de plena aplicación en la Comunidad de Madrid desde mañana, según la Consejería

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14/4/2020 18:34
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Actualizado: 14/4/2020 18:35
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Contrariamente a lo que algunos sindicatos del sector Justicia en la Comunidad de Madrid han comunicado, la Resolución que ayer acordó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es de plena y total aplicación en la Comunidad de Madrid (CAM) a partir de mañana, 15 de abril, según han confirmado a Confilegal fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la CAM.

Es decir, alrededor de 700 funcionarios, de los 7.200 que conforman la plantilla de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid –una de las 12 con competencias transferidas– tienen que regresar a sus puestos de trabajo y cumplir sus siete horas de horario laboral.

La Resolución, de fecha 13 de abril, adapta dichos servicios mínimos al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que fijo la coordinación –y el mando supremo– de la actividad profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia de todas las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, al Ministerio de Justicia, como bien ha recordado el subdirector general de Recursos Humanos de Justicia de la CAM, Álvaro Pinuagua, en un correo electrónico enviado hoy a todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial: CSIF, CCOO, UGT, STAJ y Sindicato de Interinos. 

«Los Juzgados están desinfectados. El Ministerio de Justicia nos ha remitido una primera remesa de mascarillas, guantes y geles, y están en camino dos remesas más. Desde la Consejería se ha cumplido con la resolución del Ministerio sobre medidas preventivas, tanto individuales como colectivas; hemos instalado mamparas y señalizado la distancia de dos metros allí donde ha sido necesario. Las sedes judiciales se han desinfectado no una sino varias veces. Hemos cumplido con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales», explican las mismas fuentes.

«Además, buena parte de las tareas que deben realizar los funcionarios no requieren de ningún tipo de relación con el público. El servicio público justicia es esencial. No puede paralizarse de ninguna de las maneras. Y ahora hay una paralización ‘de facto’, que tiene que acabarse mañana. Los funcionarios tienen que volver de acuerdo con las modalidades establecidas por el Ministerio de Justicia: trabajo presencial por turnos, modalidad de plena disponibilidad y modalidad de teletrabajo«, añaden.

Los efectivos de la UME en pleno proceso de descontaminación de los Juzgados de lo Civil, en Madrid. Foto: CAM.

La Resolución del ministro de Justicia pretende sacar del «ralentí» en el que se encuentra la Administración de Justicia, una vez que se disponen de los medios de protección para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, desde algunos sindicatos de Justicia, la resistencia al regreso es patente.

MAÑANA, 15 DE ABRIL, HAY QUE VOLVER, NO HAY OTRA 

Un comunicado del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) informaba hoy a los funcionarios que el subdirector general citado, Álvaro Pinuagua, les había «ratificado» telefónicamente que la Resolución del ministro de Justicia que entra en vigor mañana «no se aplica» en Madrid. 

Además, añade el STAJ que, citando a Irigoyen, que «dicha resolución carece de ámbito de aplicación».

Las mismas fuentes de la Consejería han confirmado a Confilegal que dichas afirmaciones son falsas y que la Resolución del ministro de Justicia tiene pleno vigor en la Comunidad de Madrid y debe cumplirse. 

Por otra parte, el CSIF ha informado, por su parte, que ha presentado un recuso de reposición ante el ministro de Justicia, solicitando la anulación de la Resolución del pasado lunes y pidiendo que se mantengan las dotaciones de personal establecidas en la resolución del 30 de marzo, mientras no s pueda cumplir con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales.

CSIF reivindica que a los trabajadores que se incorporen a sus puestos de trabajo se les hagan los test para detectar si están contagiados por el COVID-19. Y que se asegure un suministro estable de los equipos de protección en cantidad suficiente.

Desde la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas se percibe con cierta perplejidad la resistencia de algunas organizaciones sindicales a que los funcionarios cumplan con sus funciones, teniendo en cuenta las medidas tomadas y viendo como otros colectivos, como los sanitarios, los conductores de autobuses, los bomberos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e, incluso, las cajeras y empleados de supermercados están dando un ejemplo que se echa de menos en los de Justicia.

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