Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha detallado a los representantes de las cuatro asociaciones judiciales que sus planes, en la llamada Justicia COVID-19, contempla la desescalada secuencial de las medidas de contención a la actual situación en “tres paquetes”.
El primer paquete serían “los planes de actualización en las jurisdicciones social, mercantil y contencioso-administrativa”, las más afectadas por la crisis sanitaria.
El segundo paquete contiene “reformas procesales” que se llevarían a cabo a través de decretos-leyes, las cuales tienen que ser de extraordinaria y urgente necesidad, con las limitaciones impuestas por la Constitución.
El tercer paquete comprendería “reformas de más calado” a más lago plazo.
Campo explicó esta estrategia durante la reunión telemática que celebró esta mañana con los líderes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández, de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, y de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez.
A los cuatro el ministro les pidió que le hagan llegar sus propuestas para el plan de reactivación procesal que aprobará el Gobierno cuando las autoridades sanitarias así lo autoricen.
Y ha apelado al consenso y a la unidad de acción en justicia como única vía para garantizar la prestación de este servicio público así como a sumarse al “proyecto colectivo que supone #Justicia2030” para avanzar en medidas concretas que permitan la transformación del servicio público a corto, medio y largo plazo.
El ministro les ha explicado que, además, se está trabajando en el refuerzo del Registro Civil cuyos servicios están siendo ahora especialmente demandados.
SOLUCIONÓ EL PROBLEMA DE LAS RETRIBUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Campo les ha recordado su talante colaborador en la reciente solución del problema de las retribuciones y licencias por incapacidad temporal a los jueces, magistrados y funcionarios de Justicia durante el estado de alarma, que requirió la intervención del Consejo de Ministros.
Las asociaciones de jueces, por su parte, le han planteado la necesidad de que se realicen tests a todas las personas que están prestando sus servicios en juzgados y tribunales y se que faciliten medios de protección a todos; todavía hay jueces y magistrados que adolecen de ellos.
En el curso de la reunión virtual, las asociaciones también han aportado algunas soluciones para hacer frente al colapso de la justicia y han planteado la posibilidad de que los jueces de adscripción temporal puedan voluntariamente hacer refuerzos a una implantación progresiva de herramientas tecnológicas que faciliten el teletrabajo.
En relación al Plan de choque del CGPJ, el ministro lo ha considerado como un “documento útil de trabajo”.
