La Fiscalía ha ampliado la investigación penal en residencias de mayores y personas con discapacidad a 86 centros en todo el territorio nacional, casi la mitad, 40, en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), actualmente hay 86 diligencias de investigación penal incoadas en sede fiscal como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los centros, entre otros.
Hasta el pasado viernes, había abiertas 38 diligencias de investigación penal, sin perjuicio de las investigaciones previas ya abiertas en diferentes juzgados de la geografía española, así como 124 informes de seguimiento en el ámbito civil.
Según ha explicado este martes la FGE en un comunicado, los datos se actualizan semanalmente a partir de las diligencias abiertas en las Fiscalías Provinciales y las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
De modo que, hasta hoy en el ámbito penal se investigan 40 residencias en la Comunidad de Madrid, 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona), 1 en Aragón (Zaragoza), 1 en Canarias (Arrecife-Puerto del Rosario), 1 en Cantabria, 5 en Castilla La Mancha (1 en Albacete, 3 en Ciudad Real y 1 en Toledo), 7 en Castilla-León (1 por la Fiscalía Comunidad, 1 en Soria, 1 en Salamanca, 1 en León y 3 Valladolid), 5 en Extremadura (1 por la Fiscalía de la comunidad, 2 en Cáceres y 2 en Badajoz), 5 en Galicia (1 por la Fiscalía de la comunidad, 1 en Lugo, 2 en Ourense y 1 en Pontevedra) y 1 en La Rioja.
Igualmente, constan abiertas 126 diligencias civiles que se enmarcan en la labor de amparo de los derechos individuales y colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.
Así, 50 corresponden a Cataluña, 15 a Castilla-León, 11 a Galicia, 9 a la Comunidad Valenciana, 8 a Castilla La Mancha, 7 a Extremadura, 4 a Madrid, 3 a Aragón, 3 a Cantabria, 2 a Canarias y 1 a La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.
La Fiscalía explica en el comunicado que estas diligencias tienen como objetivo recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución, y resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito.
«Extraordinario esfuerzo»
Asimismo, en el marco de las diligencias civiles, el Ministerio Público asegura que los fiscales han dado respuesta a las solicitudes cursadas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han interesado el auxilio del Ministerio Fiscal.
En España hay unas 5.457 residencias, públicas y privadas, recoge la FGE. «En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos», afirma en la nota.
Además, reconoce el «extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros».
