El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha pedido hoy la dimisión de la delegada del Gobierno en la comunidad valenciana, Gloria Isabel Calero Albal.
La acusa de «estar poniendo en grave riesgo la salud de los abogados que asisten a los detenidos en los centros de detención».
Así lo ha manifestado a Confilegal Antonio Esteban Estevan, presidente del Consejo.
Según informa, desde que se declaró el estado de alarma, tanto el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, como individualmente los colegios que lo integran, «han estado solicitando por escrito y verbalmente» a la Delegación de Gobierno que «se dictaran las instrucciones necesarias para que la asistencia letrada a los detenidos se realice telemáticamente o en su defecto telefónicamente en los centros de detención de la Comunidad Valenciana», como se hace en otras Comunidades Autónomas, «garantizando siempre la confidencialidad de la comunicación».
Apunta que la Comisión autonómica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) recomendó que las actuaciones de asistencia letrada a detenidos puedan realizarse por videoconferencia.
Asimismo, indica que dicha opción está expresamente prevista en el artículo 520.2.c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y recuerda que algunos centros de detención tienen los medios, y que en muchos centros de la comunidad ya se estaba haciendo.
Según informa Antonio Esteban, la respuesta de Gloria Calero a su petición, ha sido que daba traslado de su escrito a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública por ser el «órgano competente para atender su petición”.
El Consejo Consejo Valenciano de Colegios de Abogados afirma que con esta respuesta que Calero les trasladó ayer, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana «acredita su falta de idoneidad para el cargo» y «elude la responsabilidad exigible pretendiendo ampararse» en la Consejería de Justicia e Interior.
Hace hincapié en que Calero debería conocer que la Consejería carece de competencias para atender esta petición, y que corresponde a la Delegación de Gobierno todo lo relativo a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Antonio Esteban «insiste en que la delegada del Gobierno está eludiendo las responsabilidades propias de su cargo trasladando la cuestión a un órgano que no es competente en la materia», y que en consecuencia no va a pronunciarse al respecto.
Por ello, le exige que «dé respuesta expresa y positiva a su petición».
Destaca que «los abogados se están viendo obligados a prestar la asistencia presencial en los centros de detención, con el consiguiente riesgo para salud».
