El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, se han reunido este viernes con los representantes a nivel nacional de abogados, procuradores y graduados sociales.
En la reunión, mantenida por videoconferencia, han participado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón.
El departamento de Juan Carlos Campo ha expuesto las líneas generales del Real Decreto-Ley que aprobará el Gobierno en los próximos días para responder de manera urgente, eficiente y ordenada a un escenario de reactivación judicial en el que esté garantizada la seguridad laboral de todos los profesionales.
Las medidas contenidas en la norma tienen un ámbito temporal limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses siguientes.
Su objetivo es sentar las bases normativas para la vuelta a la actividad judicial que se apoye en un protocolo de seguridad laboral consensuado que el ministro adelantó ayer a las centrales sindicales.
El planteamiento de partida es habilitar los juzgados como centros de trabajo limitados y restringidos al acceso exterior, y adoptar medidas extraordinarias de movilidad y jornada laboral que permitan asegurar la distancia de seguridad interpersonal.
La propuesta pasa porque los funcionarios puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana o tarde durante un tiempo determinado y, si fuera necesario, autorizar su movilidad entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y misma localidad.
Además, los servicios que prestan las sedes judiciales al público y profesionales se deberán adaptar a las restricciones que determinen las autoridades sanitarias, con el fin de garantizar un clima de trabajo que genere confianza en los trabajadores y asegure la prestación de la actividad de forma segura, progresiva y eficiente.
“Garantizar la seguridad laboral en la Administración de Justicia es un desafío importante”, ha subrayado el secretario de Estado.
Según ha explicado el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, en un sector con las competencias en salud laboral muy fragmentadas, el objetivo es poder disponer de un instrumento común o con contenidos alineados que ofrezca plenas garantías a todos los profesionales en un escenario de ampliación de la actividad.
Este protocolo deberá estar apoyado por suficientes recursos de protección personal.
Como ya hicieron la semana pasada, los altos cargos del ministerio han revisado con los representantes de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, la hoja de ruta consensuada que prepara Justicia tras el estado de alarma.
El plan contendrá las ideas aportadas por los operadores jurídicos y las administraciones competentes a quienes Justicia ha pedido colaboración en las últimas semanas para afrontar la reactivación judicial con criterios de seguridad y eficiencia.
Finalmente, durante el encuentro se ha valorado positivamente la reanudación la semana pasada de los servicios de LexNET que está permitiendo recuperar la normalidad en la presentación de escritos y notificaciones.
