El sindicato mayoritario CSIF ha exigido al Ministerio de Justicia que se hagan test fiables de todo el personal que se vaya a incorporar a su puesto de trabajo en la Administración de Justicia.
«Ahora que el confinamiento ha dado resultado y que las cifras oficiales van a la baja, no podemos permitirnos un rebrote por una vuelta incontrolada a la actividad», le dice Javier Jordán de Urriés, presidente de CSIF Justicia a Borga Vargues, secretario general de Innovación y de la calidad del servicio público de la Justicia en una misiva.
Jordán de Urriés requiere a Vargues a que presente a los sindicatos un plan de reincorporación personal que incluya, además, el suministro estable y suficiente de medios de protección, en especial mascarillas, para todo el personal que se reincorpore, la restricción absoluta del acceso a los edificios judiciales y el control de permanencia en las sedes, una información actualizada puntual sobre la incidencia del virus en la Justicia y la activación de los comités de seguridad y salud, que han sido marginados en la toma de decisiones sobre la salud laboral en toda la crisis del COVID-19.
Estas últimas exigencias también las suscriben CCOO, UGT y STAJ.
Todas ellas se quejan de que el Ministerio no les haya trasladado el Real Decreto-ley antes de su aprobación.
